El Gobierno conspira para quedarse con las catedrales
El Gobierno y los obispos, o sea, la Conferencia Episcopal Española, mantienen unas reuniones periódicas, que apenas salen a la luz, en cumplimiento del acuerdo al que llegaron este verano el presidente de la CEE, cardenal Omella, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, competente en materias eclesiásticas.
Hace unos días se celebró un encuentro más, como siempre sin luz ni taquígrafos, y la delegación episcopal estuvo dirigida por el secretario general de la Conferencia, Luis Argüello, con el vicesecretario para Asuntos Generales, Carlos López, y el vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal. Según las fuentes bien informadas, hubo “un buen clima y un buen tono”. Lo cual no quita para que existan diferencias de fondo.
Al margen de los encuentros de segundo nivel en el tema educativo, que empiezan a crear desconcierto en ambientes eclesiales, y del asunto de las inmatriculaciones, en permanente estudio, en la reunión se abordó la insistencia del Gobierno por cobrar el IBI a la Iglesia pero sin hacer cambios legislativos.
El Ejecutivo pretende saltarse la Ley de Mecenazgo, que afecta también a la Iglesia y a las organizaciones eclesiales. Por lo visto, lo que le interesa es sacar dinero a la Iglesia, sin olvidar la batalla del relato: poder decir que ha “conseguido” que la Iglesia pague el IBI.
Otro punto delicado es la creación de una fundación para la gestión de las catedrales españolas, mediante la cual el Estado se haría con el control de los templos.
A pesar de haber perdido las batallas por apoderarse de la catedral de Córdoba, el Gobierno se ha propuesto un objetivo mucho más ambicioso. Se trata, dicen fuentes de la Conferencia Episcopal, de poner en marcha un proceso desamortizador para hacerse con las catedrales, según el modelo francés, a través de la creación de una fundación que gestione todos los templos.
El anteproyecto de la Ley del Patrimonio redactado por el Ministerio de Cultura, hoy encabezado por Miquel Iceta, abre la puerta al Gobierno para intervenir en los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial. Mediante real decreto, podrán ser declarados Bienes de Interés Mundial (BIM), lo que obligaría a sus propietarios a crear un patronato liderado por el Ejecutivo.
El Gobierno pretende quitar a las comunidades autónomas la competencia en la gestión de los bienes de Interés Cultural. En el caso de los monumentos en la Lista de Patrimonio Mundial, su protección pasaría a depender del Ministerio.
Afectaría a la gestión de las catedrales, las de Toledo, Sevilla, Córdoba, Burgos, León, Santiago de Compostela... que pasarían a depender del Gobierno, al que se verían obligadas a rendir cuentas.
El anteproyecto explica que la declaración como Bien de Interés Mundial se efectuará por real decreto, es decir, que será el Gobierno el que determine qué edificios, qué catedrales pasarán a estar bajo la tutela del Estado. La idea es que sean todas. Es decir, aplicar el modelo francés.
En Francia, el Estado es propietario de Notre Dame y de 87 catedrales y basílicas, como consecuencia de la incautación de bienes de la Iglesia aprobada en la Revolución Francesa. Y los municipios son propietarios de 40.307 iglesias y capillas.
El antecedente más inmediato es la ley de 1905 sobre la separación entre la Estado y las iglesias, dictada con el objetivo de atajar la influencia del catolicismo. Una legislación, por cierto, que hoy empieza a leerse también en relación con la influencia del islamismo en la Francia laica.
Los templos construidos después de 1905 son propiedad de las diócesis, lo que incluye 1.951 iglesias y capillas, y catedrales como la moderna de Évry, cerca de París.
La propiedad pública de los templos entraña la obligación de sufragar los costes de mantenimiento y de preservación de los monumentos, como ocurre ahora, en París, con la reconstrucción de la incendiada Notre Dame.
La ley de 1905 establece que el acceso debe ser “público, libre y gratuito”, lo que cierra la puerta a cobrar entrada. A falta de ingresos, los costes corren por cuenta del Estado. Según se ha denunciado, “lo que sucede es que el Estado no mantiene las catedrales. En Francia arde más o menos una cada diez años por falta de mantenimiento”.
El Estado francés gasta 40 millones de euros anuales para el mantenimiento y la restauración de sus 87 catedrales, según un informe de la Asamblea Nacional de 2019. “Los resultados -añadía el informe- no son satisfactorios respecto al estado de las catedrales: solo una cuarta parte puede considerarse que estén en buen estado, 15 están en mal estado y dos en estado de peligro parcial”.
En cuanto a los ayuntamientos, según el alcalde de Bois-Héroult, un pueblo de 191 habitantes en Normandía, cuando las iglesias están protegidas por ser patrimonio histórico, el Estado ayuda a los municipios en las obras. Pero si no están protegidas, “entonces el Estado no da dinero, los municipios no pueden mantener las iglesias y las destruyen”
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