Ha muerto el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional se ha convertido en noticia estos días, por la sentencia sobre el recurso de Oriol Junqueras contra la prisión preventiva que ordenó el juez Marchena. El tribunal ha ratificado la decisión, pero con un voto discrepante firmado por tres magistrados.

Con ello, se ha roto una práctica constante de estos últimos tiempos: que las decisiones que se referían al conflicto de Cataluña se adoptaban por unanimidad. Ahora no ha ocurrido.

Sucede que los tres magistrados discrepantes reúnen una condición en común: que los tres son “progresistas”. O sea, responden a ese calificativo que lo que suele esconder es que se trata de personas vinculadas al PSOE, o incluso algo más a la izquierda.

La ruptura de la unanimidad en el TC es, en principio, una mala noticia, porque se agrieta lo que hasta hoy era un sólido dique de contención frente al independentismo.

Además, el voto discrepante será utilizado en las instancias europeas para poner en solfa a la justicia española, que no está pasando precisamente por un buen momento fuera de nuestras fronteras.

La posición de esos tres magistrados “progresistas” se ha producido precisamente cuando el líder del PSOE, y presidente del Gobierno en funciones, se encuentra negociando con Esquerra una abstención que le permita alcanzar la investidura.

A estas alturas, y en esos niveles, las casualidades no existen.

Y, una vez más, se evidencia que el Tribunal Constitucional es un órgano politizado. Lamentablemente. Muy lamentablemente.

Es la consecuencia inevitable de la invasión de la política, de que los partidos decidan quiénes forman parte de él. Algo que contamina sus decisiones y provoca que, en tantos asuntos, se vote por bloques ideológicos y no en función de razonamientos jurídicos y de legalidad.

Alfonso Guerra acaba de afirmar que la Ley de Violencia de Género, que, ante el mismo hecho, castiga de distinta manera si lo comete un hombre a una mujer, es inconstitucional. Y que así se lo reconoció el presidente de TC cuando se presentó recurso contra esa norma.

Sin embargo, la decisión del tribunal fue declararla constitucional. Según Guerra, cuando preguntó al presidente qué había ocurrido, este respondió: “¡No sabes las presiones que hemos tenido!”.

¿Ese es el criterio que utiliza el tribunal? ¿Si hay presiones, una decisión, si no las hay, otra?

Y, por cierto, presiones ¿de quién? La respuesta parece elemental: de quienes pueden ejercerlas. O sea, de los políticos.

Así que el TC dicta sentencias, no en derecho, sino por motivos de oportunidad. Y, dada la adscripción de sus diputados a una y otra ideología, a la que sirven, sería más preciso afirmar que toma decisiones políticas. Politizadas.

Lo cual se podría traducir como que el Tribunal Constitucional ha muerto.

Al cabo de los años, Alfonso Guerra ha centrado en gran medida sus posiciones y sus razonamientos, por la vía de acogerse al sentido común y a la racionalidad, y también a la independencia, alejándose de seguidismos de partido. Hasta el punto de haberse convertido casi en una especie de augur político. Por eso hoy se le escucha con atención.

Pero, a propósito del TC, no hay que olvidar que él fue protagonista directo del primer episodio de corrupción del alto tribunal.

La historia es conocida. La expropiación de Rumasa por el Gobierno socialista había sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, y la mayoría de sus integrantes se inclinaban por la inconstitucionalidad, lo que llevaría a anular el decomiso del grupo empresarial.

El Gobierno de Felipe González no podía “permitirse” una derrota así, en una de las primeras decisiones que tomó tras llegar al poder. Sería una humillación insoportable.

De los doce magistrados, seis estaban a favor de la inconstitucionalidad y cinco en contra. Faltaba la posición del presidente, Manuel García Pelayo, aunque lo habitual era que se pronunciara con la mayoría, que de esa forma ganaría por siete a cinco.

Entonces, el presidente González y el vicepresidente Alfonso Guerra se reunieron con García Pelayo, al que presionaron de manera brutal, hasta conseguir que sumara su voto a los cinco favorables a la constitucionalidad. Se produjo empate a seis, y decidió el voto de calidad del presidente. La expropiación fue validada, y el Gobierno se ahorró un gran fracaso.

Ese día, al Tribunal Constitucional resultó herido de muerte. Nunca se ha recuperado del todo, y ahora se ha vuelto a comprobar.

García Pelayo, que se marchó de España y murió fuera de su país, nunca superó aquella actuación.

Ya entonces, algunos dijeron: “El Tribunal Constitucional ha muerto”.

Quizá algún día los partidos renuncien a controlarlo. Quizá. Si ocurre, entonces, ante esa resurrección, se podrá clamar, como con los reyes: “El TC ha muerto. Viva el TC”. El 'nuevo' TC.

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