El milagro de los panes y de los pisos
Tras cinco años en La Moncloa, el presidente del Gobierno acaba de descubrir que el problema más importante de España es la vivienda. Más en concreto, la falta de vivienda pública.
Y, así, nos encontramos ante una auténtica caída del caballo, porque, en el tiempo que ha permanecido al frente del Ejecutivo, las viviendas creadas han sido... cero, mientras que ahora promete que va a promover, nada menos, 180.000.
Tras varios anuncios sucesivos, en los que iba incrementando la cifra de nuevas construcciones, finalmente el martes, en el pleno del Senado, anunció 20.000 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible, en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa. En total -dijo- “vamos a construir 180.000 viviendas”.
Sumando los inmuebles movilizados de la Sareb, los que se financiarán con créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y los proyectados anteriormente por el Ministerio de Transportes, más los últimos 20.000, se llegaría a esa cifra. Es cuando Feijóo ironizó, diciendo que aquello parecía “el milagro de los panes y de los pisos”.
Durante estos cinco años, el socio de Gobierno, Podemos, había insistido en reclamar una nueva Ley de Vivienda, y Pedro Sánchez resistía la presión del socio diciendo que, en ese mercado, cualquier intervención provoca resultados imprevisibles. Ahora se ha olvidado de esos temores.
Pero, cuando se mete la mano desde fuera, problemas, haberlos, haylos. Acaba de ocurrir con los topes al alquiler recientemente implantados. La cosa ha acabado en drama. Al menos en Barcelona. Según cifras oficiales, se ha producido una caída del 51% en la oferta de viviendas, y la capital catalana registra el precio más alto de España, con un incremento del 16% respecto a 2019.
Sánchez ha experimentado también un descubrimiento: la vivienda social. Se ha propuesto colocar el país a niveles ‘europeos’, es decir, que un 20% del mercado sea vivienda social. Aunque ha reconocido que se trata de un objetivo para décadas.
Respecto a esos niveles, dentro de Europa, España se sitúa en la posición 18, con un 2,5% de vivienda social. La nación con mayor tasa es Países Bajos, con un 30%, seguido de Austria con un 24% y Dinamarca con un 20,9%. Por detrás de España aparecen Rumania, con un 1,5%, Estonia con un 1,7%, Croacia con un 1,8%, y Portugal con un 2%.
Al mismo tiempo, en nuestro país el 75,8 de la población tiene vivienda en propiedad. Por delante se encuentran Rumanía (95%), Hungría, Croacia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Letonia, Malta, Estonia, Chequia, Portugal y Eslovenia. Y por detrás, con menos vivienda en propiedad, aparecen Italia, Grecia, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Chipre, Suecia, Francia (64,7%), Dinamarca, Austria y Alemania (49,5%).
A la vista de esos datos, ¿de verdad el modelo tiene que ser Alemania, donde menos de la mitad de la población es propietaria de su casa, frente al 75,8% de España? ¿Están mejor que nosotros?
Siguiendo con el asunto vivienda, y con los riesgos de meter mano en ese mercado, resulta que la nueva ley dificulta el procedimiento de expulsión de okupas y de inquilinos que dejan de pagar, y, por tanto, la devolución de las viviendas a sus propietarios.
El demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá «certificar» si es o no un gran tenedor, y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual, si son vulnerables o no. Me parece que los okupas están encantados.
Atención, que este asunto de los okupas puede convertirse en una bomba atómica electoral.
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