Ministros, diputados y senadores... contra la Justicia
El funcionamiento regular de los poderes del Estado constituye requisito elemental, básico, en toda sociedad democrática. De modo que, cuando uno de esos poderes descarrila, por sí mismo o por la acción de otros, el daño resulta tan grave que hasta puede poner en riesgo la pervivencia del propio sistema. Así que no estamos ante un asunto menor.
Aquí, en España, uno de esos poderes, el Ejecutivo, el Gobierno, se ha enzarzado en una sorprendente tarea: deslegitimar, por diversas vías, al sistema judicial. La Justicia.
Como digo, de diversas maneras. Una es utilizar la Fiscalía en la defensa de asuntos comunes y particulares. Como ha ocurrido con la investigación judicial sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Por no hablar del recurso a la Abogacía del Estado a pesar de tratarse de cuestiones claramente privadas.
Y otra consiste en ataques directos a jueces y tribunales.
Detrás de esos comportamientos se esconde un oscuro objetivo: deslegitimar el sistema judicial.
Y ello, no por un deseo teórico de imponerse (que también podría constituir un proyecto político), cuanto porque temen que una Justicia independiente, con unos jueces no atados, ponga coto y castigue desmanes y fechorías cometidos por miembros del Gobierno, de este Gobierno, lo mismo que por familiares próximos a miembros del Gobierno.
La Fundación Civismo acaba de entregar el Premio Sociedad Civil 2024 a Manuel García-Castellón por su destacada carrera como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid y como miembro de la Audiencia Nacional.
El premio es un reconocimiento a una persona, empresa o institución, por su defensa de la libertad. Este año, la Fundación Civismo ha querido honrar a la Justicia como pilar fundamental de nuestra democracia, y en representación de ella al juez García-Castellón,
En su discurso, el magistrado reflexionó sobre el estado actual de la Judicatura y de la Fiscalía en España, y sobre lo que calificó de ataques a la independencia del Poder Judicial. Unos ataques -dijo- que “han pasado de ser externos a ser internos, a provenir del propio Estado”.
Esa es la gran novedad de estos tiempos: que desde el propio Estado se pretende demoler el Poder Judicial, uno de los tres que configuran nuestro sistema de libertades.
“Estos ataques -afirmó- son intentos claros de desprestigiar la labor de la Justicia cuando ésta ha pasado a suponer un obstáculo para determinados intereses políticos”.
García-Castellón, entre otros más, los ha sufrido en primera persona. El magistrado ha sido objeto de críticas por decisiones relacionadas con casos como el de Tsunami Democratic y algunas investigaciones que involucran a Podemos. Estos ataques, -aseguró- han sido vertidos “por ministros, diputados y senadores”.
Recordó un consejo que, en sus inicios, le dio el entonces presidente de la Sala de lo Penal, Siro García: le advirtió de que, si no cedía ante ciertas presiones, intentarían destruirlo personal y profesionalmente. “La realidad me ha demostrado que era más que eso”, agregó.
Explicó que la actitud de confrontación hacia los jueces, que ahora se encuentra en su punto más álgido, comenzó con la investigación de los GAL y se agravó con la eliminación del delito de desacato en el Código Penal.
Según García-Castellón, esta figura ofrecía a los jueces una protección frente a calumnias e injurias, porque permitía al Estado actuar en su nombre sin necesidad de que el magistrado se involucrara directamente. La eliminación de esa protección ha dejado a los jueces en una posición más vulnerable.
Criticó lo que considera falta de apoyo por parte de la Fiscalía General del Estado para proteger la independencia judicial, calificando la situación como “poco alentadora”.
Sobre los ataques a jueces y fiscales, recalcó: Lo novedoso e inquietante es que “han dejado de provenir de los propios delincuentes y han pasado a verterse desde otras instituciones del Estado. Y no como una crítica a las resoluciones judiciales, sino como intentos claros de desprestigiar la labor de la Justicia cuando esta ha pasado a suponer un obstáculo a determinados intereses políticos”.
No los citó García-Castellón, pero en ese mismo panorama hay que situar atropellos jurídicos como los indultos a los golpistas catalanes y la ley de amnistía, sin olvidar la actuación de un Tribunal Constitucional alineado y obediente políticamente, que dio vía libre a la exoneración de los principales protagonistas del escándalo de las EREs de Andalucía.
Unos personajes, por cierto, que fueron ensalzados y vitoreados en el congreso del PSOE. El partido que ostenta el Gobierno.
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