Los traidores volverán a intentar romper España
A Pedro Sánchez se le están complicando mucho las cosas con lo del indulto a los condenados del procés.
La tormenta se ha convertido en fuerte marejada, a la vista de las sonoras críticas formuladas por personajes tan destacados como el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, y el extremeño Guillermo Fernández Vara, que ponen voz al sentimiento generalizado del socialismo en contra de indultar a quienes trataron de romper la unidad de España por la fuerza.
En esa línea de descalificaciones de fondo, no me resisto a resumir un análisis de Eligio Hernández, abogado y ex magistrado, ex fiscal general del Estado con un Gobierno socialista, publicado en Canarias en Positivo, un medio digital de información nacido como plataforma de pensamiento, análisis y debate en torno a la realidad de las islas.
Se titula “Indulto execrable”, fue publicado hace ocho meses, el 29 septiembre de 2020, y mantiene toda su intensa actualidad.
Relata que los dos indultos que concedió el gobierno de la República a los golpistas, fortalecieron a éstos, y volvieron a alzarse contra ella. El primero se concedió al general Sanjurjo, promotor del golpe de Estado de 10 de agosto de 1932, conocido como la “Sanjurjada", que fracasó prácticamente desde su inicio.
Sanjurjo condenado a muerte por un delito consumado de rebelión militar, que el Gobierno la conmutó por otra de cadena perpetua, fue trasladado a la prisión de El Dueso, en Santoña. Apenas cumplió 23 meses. Quedó en libertad el 25 de abril de 1934, en aplicación de la Ley de Amnistía implementada por el Gobierno prácticamente solo para él.
Se exilió a Estoril, Portugal, desde donde siguió conspirando para hacer realidad el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.
El 6 de octubre de 1934, se produjo la rebelión militar de la Generalitat catalana contra la República. El presidente, Lluís Companys (ERC) volvió a proclamar unilateralmente el Estado Catalán. Se reclutó 8.000 voluntarios, una mitad para la raya fronteriza y otra para la capital, y se envió a Bélgica un diputado a comprar armas, cañones, ametralladoras y fusiles. El domingo 17 de octubre, el Consejo de Ministros, mediante decreto firmado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y por el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional.
Batet, capitan general de Cataluña (catalán, católico, fusilado al terminar la guerra civil por negarse a sublevarse contra la República), dejó prudentemente pasar el tiempo, y a las seis de la mañana, Companys comunicó su rendición. En la rebelión fracasada murieron cuarenta y seis personas, treinta y ocho civiles y ocho militares.
El presidente y el gobierno de la Generalitat fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, que les condenó por “rebelión militar” a treinta años de prisión. La autonomía catalana fue suspendida indefinidamente, pero tras las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular, “formado por las mismas fuerzas políticas que actualmente apoyan al Gobierno”, indultó a la Generalitat por la rebelión y restauró la vigencia del Estatuto.
A pesar de que fueron amnistiados por el Frente Popular, liderado por el PSOE de Largo Caballero, los independentistas catalanes traicionaron a la República durante la guerra civil, como denunciaron Negrín, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes; y Azaña, en los artículos escritos en Collonges-sous-Saléve (Francia) en 1939.
En esos artículos, que quizá fueran los más amargos y acaso también los más lúcidos, Azaña acusa expresamente de traición a la Generalitat, y revela, entre muchos actos de deslealtad a la República, que “la Generalitat ha vivido en franca rebelión e insubordinación y si no ha tomado las armas para hacer la guerra al Estado será o por qué no las tiene o por falta de decisión o por ambas cosas, pero no por falta de ganas”.
En su artículo “La Insurrección libertaria y el Eje Barcelona-Bilbao”, Azaña, que había sido el autor y principal defensor del Estatut en 1932, escribió: “Los hechos parecen demostrar que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdura como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias. Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español”.
El presidente Negrín, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes, afirmó: “Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los desafueros de los de adentro”.
La amnistía a los secesionistas catalanes ocasionó que éstos redoblaran sus esfuerzos para lograr la independencia, enfrentándose directamente al Estado en la guerra civil, en la que fueron los co-causantes, y precipitaron la derrota de la II República, al frustrar la política de resistencia de Negrín que la hubiera salvado.
El historiador Antonio Ramos Oliveira, muerto en el exilio mejicano, considerado el mejor pensador que ha tenido el socialismo español, ignorado por sus correligionarios actuales, en su Historia de España, con el título “Un drama histórico incomparable. España 1808-1936”, sostiene que “el hundimiento de la Segunda República se produjo porque pesaron más los intereses políticos y económicos que tendían a desintegrar España, que las iniciativas culturales que intentaban unirla. La falta de apoyo de la burguesía catalana a la II República fue lo que motivó el proceso de desintegración nacional y su fracaso. La experiencia demuestra que, cuando se inicia una revolución concediendo autonomías, fracasa la revolución y las autonomías. La guerra civil no fue de España contra Cataluña, sino de Cataluña contra España”.
Francisco Tomás y Valiente, una de las mentes jurídicas más privilegiadas que ha tenido España, en su artículo “La gracia y la Justicia”, a propósito del indulto denegado a un condenado por rebelión militar, publicado en el País el 22 de septiembre de 1993, escribió: Según el artículo 62.i de la Constitución, una de las potestades que corresponden al Rey es la de “ejercer el derecho de gracia”, que por exigencias constitucionales habrá de hacerlo “con arreglo a la ley” (artículo 62.i). La decisión de conceder o denegar un indulto corresponde al Gobierno por disposiciones legales que arrancan de la vieja ley de 1870, si se cumplen todos los requisitos, especialmente las pruebas o indicios de arrepentimiento del delincuente-recluso que lo solicita. Si el arrepentimiento consta, puede concederse el indulto. Si no, no”.
“Que nadie invoque el ejercicio de virtudes como la clemencia o la generosidad, porque aquí ya no se trata de eso. El artículo 25 de la Constitución dispone que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reinserción social. El Tribunal Constitucional ha puntualizado que ésta no constituye el único fin de la pena, pero es claro que las garantías exigibles en cada caso para eximir a un recluso por vía de indulto del cumplimiento total de la pena que se le impuso en su día por sentencia condenatoria firme deben guardar estrecha relación con la reinserción social. Si en el caso que nos ocupa el reo condenado no ha solicitado por sí el indulto, no ha mostrado arrepentimiento y no ha hecho manifestaciones de acatamiento a la Constitución, sino más bien todo lo contrario, la denegación de indulto está plenamente justificada”.
El gobierno Sánchez-Iglesias -prosigue Eligio Hernández- ha acordado iniciar el trámite para conceder el indulto a los independentistas catalanes condenados por sedición, sin que lo hayan solicitado, y sin que ninguno haya expresado su arrepentimiento y el acatamiento a la Constitución. Antes, al contrario, no cesan de proclamar “Ho tornarem a fer” (lo volveremos a hacer). Ya dijo Junqueras, en una carta a la militancia, tras la sentencia: “Volveremos y volveremos más fuertes”.
Me permito la libertad -sigue Eligio Hernández- de plantear dos preguntas, políticamente incorrectas y posiblemente inéditas desde a vigencia de la Constitución de 1978, en base a las tesis de Tomás y Valiente:
1ª.- Corresponde al Rey la potestad de “ejercer el derecho de gracia”, que habrá de hacerlo “con arreglo a la ley” (artículo 62.i de la Constitución Española), y al gobierno la decisión de conceder o denegar un indulto ¿Se puede obligar al Rey a refrendar el indulto concedido a los independentistas catalanes, sin haberse arrepentido, para atacar la Monarquía que él encarna, y volver a alzarse contra la Constitución y las leyes?
2ª.- La Sala II del Tribunal Supremo es la competente para emitir informe sobre la concesión del indulto, que creo será negativo. La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo es competente, si se interpone recurso, como es previsible, para confirmar o revocar el indulto. ¿Puede dicha Sala revocar el indulto que se conceda a los independentistas catalanes, sin haberse arrepentido, sin acatar la Constitución, y sin cumplirse el fin constitucional de reinserción social de la pena, para vulnerar las Constitución y las leyes, si estima que la concesión del indulto no se ajusta a la Constitución y a la legalidad?
Si estas dos Instituciones -concluye- no logran evitar la ignominiosa concesión del indulto a los independentistas, me temo que se produzca, como es previsible, otra declaración unilateral de independencia seguida de un alzamiento armado de los Comités de Defensa de la República, por lo que, como ya he vaticinado en algún artículo, no cabe descartar el retorno a un escenario parecido al del 6 de octubre de 1934, en el que, si dicho alzamiento no puede resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el 116.4 de la Constitución, podría proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio.
En esa línea, leía yo ayer, en otro análisis: “Si alguien cree de verdad que los indultos resolverán algo, se equivoca o, en el peor de los casos, se engaña y engaña a la sociedad española”.
Porque los traidores, los del indulto, volverán a intentar romper España por la fuerza.
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