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La “ley Fernández”

Si la ley orgánica 1/92 de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, vigente en la actualidad, fue conocida como "ley Corcuera", por el ministro que la promovió, la que prepara el actual titular de Interior quizá acabará llamándose "ley Fernández". Si sale adelante, claro.

El borrador que publicó ayer El País ha provocado una amplia ola de reacciones contrarias, sobre todo en los sectores de la oposición, donde la han calificado de "ley del miedo", "iniciativa de represión" y hasta de "vuelta al franquismo".

La norma pretende incorporar nuevas figuras delictivas, hasta ahora no contempladas expresamente, como son los escraches, las concentraciones ante el Congreso y el Senado, la quema de contenedores, la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes), y hasta los tratos con prostitutas en zonas próximas a colegios.

Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y castiga el botellón, dañar el mobiliario urbano, o deslumbrar con punteros láser a pilotos, maquinistas y conductores de autobús 

Podrán ser retirados de forma expeditiva los vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a tractoradas y marchas de taxistas y de camioneros

Una 'explicación' sobre el motivo de poner en marcha esa iniciativa es acabar con la impunidad de algunas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no están mereciendo ningún reproche penal por parte de los jueces.

Aparte de la discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de adoptar sanciones, uno de los puntos que más escándalo ha provocado es la cuantía de las sanciones, que pueden llegar hasta los 600.000 en caso de infracción muy grave.

Aseguran los críticos que no hace falta ninguna nueva ley, porque todos los supuestos citados ya figuran en el Código Penal, o pueden ser castigados con arreglo a él. A ello contradice el argumento desde el Gobierno de que se trata de conductas que quedan impunes porque en la práctica los jueces no las castigan. El presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, declaró que "no es posible decir a priori si un escrache es o no legal", por poner un ejemplo.

Hay quien afirma que esta ley de seguridad ciudadana es la demostración de que el Gobierno tiene miedo a las movilizaciones en la calle, y pretende impedirlas por ese procedimiento.

No hay duda de que, si Jorge Fernández persiste en su voluntad de sacarla adelante, y recibe el respaldo del resto del Gobierno, el debate, tanto parlamentario como en los medios, va a ser muy duro.

La anterior, la "ley Corcuera", también conocida como la "ley de la patada en la puerta", le costó el cargo al entonces ministro del Interior. Veremos qué pasa con la "ley Fernández".

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José Apezarena

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