La ética de los procedimientos al servicio del Estado de derecho
Me confirmo en cuanto escribí hace un par de meses sobre el bien común, con la esperanza de que cambien muchas cosas cuando el mundo salga de la emergencia sanitaria. La pandemia está sacando al exterior lo mejor y lo peor de cada casa. Lo mejor va en línea de gratuidad y voluntariado, de solidaridad y altruismo, confirmación de que el bien común va mucho más allá del mero interés colectivo: no es cuestión de eficacia, sino de aceptar que el corazón de ese bien radica en la dignidad de la persona, y en su cortejo de los derechos básicos.
También los líderes políticos van comprendiendo –algunos, a duras penas- que no es lícito acostumbrarse a prácticas excepcionales de prevención y vigilancia sólo justificables –y no siempre- en momentos críticos. Lo ha entendido hasta el denostado Viktor Orban, que ha puesto fin al poder excepcional, concedido por el parlamento sine die, para legislar por decreto en la lucha contra el coronavirus en Hungría. Volverán a la normalidad antes que España, que va quedando rezagada. En Francia, el Consejo de Estado –máxima autoridad jurisdiccional en lo administrativo- y el Constitucional han evitado algunas decisiones peligrosas para las libertades.
En muchos países siguen planteándose problemas de entidad, que exigen respuestas auténticamente democráticas, también por estos lares. Me permito referirme a algunas, en el centro de la ética pública, que ilumina principios fundamentales de una convivencia concorde con la dignidad humana.
Las normas constitucionales sobre las diversas situaciones de excepción suelen establecer formalmente –hasta en Venezuela y probablemente en la ley de seguridad de Hong Kong aprobada en Pekín- unos procedimientos claros para la toma de decisiones y para su control. Además, la cultura democrática no escrita jurídicamente y la experiencia de la comunicación en tiempos de crisis impulsan a prácticas de rigurosa veracidad, de publicación de datos y de puesta en marcha de medidas para la participación de todos los interesados. Porque lo estrictamente legal no siempre es ético. Y, aun sin querer, el exceso de regulaciones dictadas ante la emergencia suele provocar una injusta inseguridad jurídica, que sufren los ciudadanos.
El pasado 25 de mayo publicó Le Monde una tribuna, promovida por la Fundación Kofi-Annan, con la firma de 27 personalidades –desde Madeleine Albright a Ernesto Zedillo-: advierten de las consecuencias de la pandemia y proponen un memento para proteger las elecciones y el debate público. El punto de partida es que, mientras los gobiernos hacen todo lo posible para proteger la salud pública, la democracia está en peligro en muchos países: derechos duramente conquistados están siendo dejados de lado ante la urgencia, y las libertades fundamentales se debilitan.
En más de cincuenta lugares se han aplazado indefinidamente elecciones. La decisión se adoptó en aplicación de normas sanitarias de emergencia y no según los cauces constitucionales, y sin establecer siempre el proceso para fijar una nueva fecha. En casi veinte, se celebran o convocan en condiciones inciertas, que podrían favorecer la abstención y llegar a la ilegalidad.
Los firmantes no ignoran las dificultades. Por eso, proponen algunas medidas para garantizar elecciones libres, justas, que aseguren la legitimidad de los sistemas democráticos; de algún modo, pueden inspirar el conjunto de la acción de gobierno en estos momentos: un anclaje jurídico sólido y, en caso de vacíos legales, aplicar subsidiariamente normas internacionales; un amplio consenso político a través de consultas, también para no socavar la confianza pública, esencial en la crisis sanitaria; una comunicación clara y transparente, que facilite el debate, sin hurtar las cuestiones críticas; la proporcionalidad razonable entre los ajustes y los riesgos sanitarios, apoyada técnicamente con la previa consulta a expertos en cuestiones electorales; el establecimiento de plazos, con tiempos bien definidos, y una especial consideración hacia los grupos más afectados –contagiados y confinados, personal sanitario o de seguridad- o tradicionalmente marginados.
La aplicación de este tipo de criterios mostrará la cultura democrática, también en países pioneros, como los Estados Unidos: las elecciones de noviembre están más cerca de lo que parece… Y, como se ve –aparte de la reacción popular contra los abusos policiales y la desigualdad-, no faltan problemas a propósito del voto por correo, de los controles informáticos o de la participación a través de las redes sociales. El cisco entre Twitter y Trump no tiene nada de anecdótico.
