El Gobierno oculta la empresa que sirve la comida a los presos del procés en el Supremo
La vista oral que se sigue en el Tribunal Supremo contra los responsables de la intentona secesionista en Cataluña del otoño de 2017 ha cumplido ya tres meses de duración. Durante tres o cuatro días a la semana, los acusados que se encuentran en prisión provisional tienen que comer en la sede del Tribunal Supremo y no en los centros penitenciarios en los que están internados, ya que las sesiones judiciales se celebran en horario de mañana y tarde.
Eso llevó a Instituciones Penitenciarias a abrir un concurso para que una empresa privada le suministrara menús preparados para los reos que tuvieran que acudir a juicios de mañana y tarde tanto en el Supremo como en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde al mismo tiempo se está desarrollando el juicio por el ‘caso Bankia’.
El secretario general de Instituciones Penitencias, Ángel Luis Ortiz, dio detalle de estos contratos en una resolución tramitada a través del Portal de Transparencia del Gobierno de España.
Sin embargo, en esa resolución consultada por El Chivato el Ejecutivo oculta expresamente el nombre de la empresa (de las seis que se presentaron al concurso) que desde febrero se encarga de elaborar y llevar al Supremo la comida que toman a mediodía Oriol Junqueras, otros ex consejeros del Govern de Puigdemont, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez
“No debemos informar de la empresa que resultó adjudicatario [sic]”, indica el responsable de Instituciones Penitenciarias, en esta solicitud que responde a una petición de información al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
¿Qué motivos justifican ocultar el nombre de la empresa adjudicataria de un contrato de la administración pública? Instituciones Penitenciarias alega dos en este caso, acogiéndose a los límites en el derecho de acceso a la información que marca la propia Ley de Transparencia en su artículo 14.
-- En primer lugar, no identifica a la empresa de los menús del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo “por razones de seguridad”, un motivo contemplado en el punto d) (“La seguridad pública”) de esa lista de excepciones a la transparencia.
“Este conocimiento”, el del nombre de la empresa privada que elabora y envía la comida al Supremo, “podría utilizarse malintencionadamente para interferir en el servicio, poniéndose en riesgo la seguridad personal de los internos afectados”. No lo dice expresamente, pero da a entender que alguien podría intervenir en los menús para perjudicar a los acusados.
-- Y en segundo lugar, Instituciones Penitenciarias cita el apartado h) del artículo citado, que contempla evitar, con la difusión de información pública, que se produzca un perjuicio en “los intereses económicos y comerciales”.
Entiende que debe impedir que se conozca el nombre de la adjudicataria del servicio de menús a acusados que declarar en el TS “en evitación de posibles boicots o compañas de acoso a la empresa que presta el servicio”.
