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Dinero

El caso acabará en la Audiencia Nacional

Una Borbón, un Domecq y Paloma Segrelles, en la lista madrileña de afectados por el ‘Madoff catalán’

Cuarenta empresas y trescientos particulares han sido víctimas de la estafa piramidal, que asciende a 200 millones de euros

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La estafa piramidal ideada por el catalán Antonio Mas Samora, conocida como el “Madoff catalán”, va camino de la Audiencia Nacional, dado que el fraude está extendido por varias comunidades autónomas y que las cantidades de dinero evadido suman varios millones de euros. Además, entre los afectados figuran buen número de ‘Vips’.

El presunto estafador Antonio Mas Samora. El presunto estafador Antonio Mas Samora.

Según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes cercanas al caso, la familia San Martín, también afectada y contra quienes se han querellado varios clientes por introducirles en la pirámide, han entregado al juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, que a día de hoy dirige la investigación, una lista de personas que metieron dinero en el negocio.

Se trata de más de trescientos particulares y de casi cuarenta empresas, que aportaron a los dueños de la constructora desde 20.000 euros hasta varios millones, para invertirlos en espacios publicitarios. El número de afectados en toda España asciende a 1.120 y el dinero defraudado asciende a los 246 millones de euros.

Entre los afectados abundan apellidos muy conocidos, bien por pertenecer a grandes familias, bien por dirigir empresas importantes, o simplemente por ser famosos en el panorama mediático español. Puede consultar la lista de afectados, a la que ha tenido acceso ECD, aquí. Quedan en blanco los nombres de aquéllos que no han dado autorización a los San Martín para reclamar el dinero perdido, sino que han acudido por su cuenta a los tribunales.

Apellidos ilustres

Destacan, por ejemplo, Anna Alessandra Marone Cinzano de Borbón, pariente de la Familia Real (invirtió 40.000 euros), un miembro de la familia Domecq, Michael Domecq Cook (aportó 350.000 euros), y la directora del conocido Club Siglo XXI, Paloma Segrelles, que se dejó 945.000 en la estafa.

Ésta última invirtió en el negocio tanto a título personal como a través de dos empresas que figuran a su nombre y el de su madre, Paloma de Arenaza: se trata de Hidirelma Consulting, consultora empresarial; y de Hilerdiril, dedicada a la compraventa de productos de belleza.

Otros ilustres que figuran en la lista son Melchor Álvarez de Mon, que invirtió 25.000 euros en la pirámide; Enrique Sendagorta Carsi (50.000 euros), Mercedes Royo-Villanova (100.000 euros), la catalana Janine Pericot (100.000 euros), Jaime Mesía (1.460.000 euros), Luis Masaveu (50.000 euros), Santiago Escrivá de Romaní (200.000 euros), y varios Morenés.

Además, se encuentran varios miembros de la familia San Martín, tanto hijos del constructor como sus maridos o mujeres.

Empresas

Entre las empresas afectadas, se encuentran Carbónica Navarra, de la que es consejera Pilar San Martín y que invirtió 200.000 euros, y varias agencias de publicidad y relaciones públicas, como Followup, dirigida por Carlos Lachiondo, que aportó 100.000 euros, o Alarcón y Harris, que se dejó 170.000 euros en el negocio.

También destaca la asesoría financiera Alamir, propiedad de las ex directoras generales de Nomura y Credit Suisse en España, Miriam González-Amezqueta y Almudena Sainz de la Cuesta, respectivamente.

Asimismo, se encuentra la fundación Paulino Porras y Doménech, de cuyo patronato es miembro Javier Almajano y que invirtió 300.000 euros, y una clínica de pediatría situada en La Moraleja, que aportó 200.000 euros.

La rama madrileña de la estafa

Se trata de la rama madrileña de la estafa piramidal de Mas Samora, a quien los Mossos denominan el ‘Madoff catalán’.

Éste contactó con los San Martín, quienes a su vez dieron a conocer el negocio entre sus conocidos en la capital y les convencieron para que invirtieran..

Consistía, según la trama urdida desde Barcelona por Mas Samora, en la compra de espacios publicitarios para revenderlos pasado un tiempo, cuando su precio se hubiera revalorizado. Prometía altas rentabilidades cuatrimestrales, superiores incluso al 10% de la cantidad invertida.

Sin embargo, las compras de espacios publicitarios eran ficticias. El entramado de Mas Samora consistía en pagar al cliente más antiguo con el dinero que aportaban los inversores recién llegados al negocio. Hasta que en mayo dejaron de entrar aportaciones.

Ante el hundimiento de la pirámide, Mas, aconsejado por su abogado, Manuel González Peeters, se entregó a los Mossos, auto inculpándose de la estafa.

Los San Martín

Un mes después, los San Martín, que habían constituido la empresa Caná Cuatro para entrar en el negocio, convocaron a sus clientes en un hotel de la cadena Meliá en Madrid, el 28 de junio.

Allí, explicaron que habían sido víctimas de Mas Samora y que habían entrado en la pirámide engañados. Según ha sabido ECD de testigos presenciales, no dijeron cuánto dinero habían ganado con el negocio pero pusieron sus bienes a disposición de los afectados.

Además, el cabeza de familia, Julio San Martín, anunció la creación de una comisión de notables, formada por abogados y asesores, para llevar a cabo esta iniciativa, es decir, ejecutar su patrimonio y repartirlo entre las víctimas de la estafa.

Tras esta reunión, algunos de los afectados se querellaron contra Caná Cuatro, aunque la mayoría no han iniciado acciones legales contra los San Martín.

Camino de la Audiencia Nacional

Por el momento, la investigación la dirige el juzgado de Barcelona, pero la titular, junto con la Fiscalía, ha dictado un auto de inhibición a favor de la Audiencia Nacional, dado el alcance geográfico de la estafa y la cantidad de dinero defraudado.

Contra dicho auto se interpusieron varios recursos, que ahora mismo se encuentran pendientes de resolución en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso aseguran a este confidencial que el caso terminará en la Audiencia Nacional porque hay afectados que ya han acudido a la misma por su cuenta, y de hecho el juez que ha asumido la investigación es Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6.

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