Domingo 19/11/2017. Actualizado 01:00h

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Dinero

El Gobierno atribuye a esta medida la calma en las consejerías

Hacienda prepara sanciones exprés para dejar sin empleo y sueldo a los funcionarios catalanes díscolos

Ha abierto una ficha a cada empleado público para incluir todos sus datos laborales. La aplicación del 155 permite agilizar la resolución de expedientes disciplinarios

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El Gobierno tiene en marcha un sistema para imponer sanciones express a los funcionarios catalanes que boicoteen el 155 en la administración. A los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica, no será necesario recurrir a informes previos sobre los expedientes disciplinarios.

La consejera de Asuntos Sociales Dolors Bassa, en una ofician de su departamento. La consejera de Asuntos Sociales Dolors Bassa, en una ofician de su departamento.

Hasta ahora, la Generalitat debía aportar además cada mes a Hacienda la información laboral de los funcionarios para lanzar las órdenes de pago con las que se autorizan las transferencias a los bancos y que permiten al Gobierno el abono de las nóminas tras la intervención de las cuentas de la Generalitat a partir del pasado mes de septiembre.

Por tanto, el problema era que el Ministerio no disponía del listado y venía dependiendo de la voluntad del Govern, que se había instalado en la desobediencia, de enviar la relación de empleados y su nómina correspondiente.

Hacienda podía ordenar a las entidades financieras que repitieran las transferencias del mes anterior. Pero hay que tener en cuenta que se registran cambios de un mes para otro. Las autonomías contratan a médicos, enfermeros, celadores y profesores por días o semanas. La sanidad y la educación son dos sectores con una alta temporalidad.

Acceso a los listados con datos laborales

De esta manera, el Gobierno estaba “atado de pies y manos” y necesitaba el reporte de la Generalitat para librar las transferencias. Desde esta semana, esa situación ha cambiado, una vez que el Ministerio de Hacienda ha asumido la gestión ordinaria de los servicios públicos esenciales y de los 170.000 funcionarios autonómicos.

Según ha podido confirmar El Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, esa información laboral de todos los empleados públicos catalanes ya se encuentra bajo control de los técnicos del departamento que dirige Cristóbal Montoro y pretende ser utilizada para tener fichados a los “funcionarios rebeldes”.

Potestad para imponer sanciones exprés

Por el momento, solo ha enviado a algunos miembros de la intervención para tareas de inspección de servicios, pero en casos excepcionales. Pero se reserva la capacidad de imponer sanciones express. Una amenaza que los empleados públicos conocen y, a juicio del Ejecutivo, explica la situación de calma en consejerías.

El desarrollo de la aplicación del 155, referido a “Potestad disciplinaria y traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal”, da argumentos a Hacienda para poner en marcha un sistema que agilice la resolución de expedientes sancionadores.

Establece que “el incumplimiento de las medidas en aplicación del 155 se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica, sin necesidad de recurrir a informes previos sobre los expedientes disciplinarios”.

Hay que tener en cuenta que los procesos disciplinarios en la Administración pueden durar meses y, si se judicializan, incluso años. La gradación de las sanciones va desde amonestaciones a despidos, pasando por suspensiones de empleo y sueldo.

Habitualmente, el proceso disciplinario comienza con un expediente informativo con el fin de recabar datos, testimonios y formalizar una acusación y alegaciones. Con las conclusiones, el instructor opta por archivar el caso o bien abrir un expediente sancionador.

En el Ejecutivo admiten que “puede haber algún funcionario rebelde que se escape” y consiga esquivar los controles. Pero advierten de que, en el caso de las cuentas públicas, el sistema permite seguir el rastro de todas y cada una de las facturas para exigir responsabilidades civiles y penales, en su caso. 

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