Montoro ha afirmado que no ha habido dinero público para el 1-O

Hacienda toleró pagos pro-independentistas en Cataluña entre 2015 y 2017

Funcionarios del Ministerio confirman que se identificaron cuantiosas partidas destinadas a entidades catalanistas y se les dio vía libre a pesar de las sospechas

Cristóbal Montoro.
Cristóbal Montoro.

El Gobierno se aferra a que no se ha desviado dinero público procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de las entregas a cuenta del Estado para el referéndum del 1-O. Pero en Hacienda comienza a inquietar otro hecho: durante los años anteriores se produjeron extraños pagos destinados a financiar el proceso independentista en Cataluña.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes internas del Ministerio, en el entorno de Cristóbal Montoro reconocen que la investigación del 1-O puede demostrar que se ha desviado algún dinero que no se correspondía con los objetivos del FLA, a través del pago de facturas certificadas por interventores para otros fines.

El Gobierno tiene incluso preparada ya la defensa. Alegará que se trató de “engaños de la Generalitat con la complicidad de algunos de sus funcionarios”. No obstante, Montoro sabe que se enfrenta a un “problema grave” si se demuestra y trasciende que la rebelión soberanista se financió con recursos públicos por falta de vigilancia.

Se han ‘colado’ pagos anteriores a julio de 2017

Montoro ha sido tajante. Ha dejado claro que, desde septiembre del año pasado tiene el control sobre los 35.000 millones que maneja la Generalitat intervenida con la aplicación del 155. El sistema finalista de fiscalización de pagos certificados está funcionando.

Pero altos cargos de Hacienda, a los que ha tenido acceso ECD, revelan que en el Ministerio hay “verdadero pánico” a que puedan salir a la luz “algunos pagos pro independentistas ‘colados’ por la Generalitat al Gobierno central entre los ejercicios 2015 y 2017”.

Esos pagos, algunos de ellos calificados por quienes los conocen como “escandalosos y cuantiosos”, son los que el Ejecutivo cree que van a ver la luz en las próximas semanas conforme avance la investigación del juez Llarena. “Nos van a sacar los colores, pero bien”, anticipa un alto cargo del equipo económico del Gobierno.

Dos años mirando para otro lado en Cataluña

Recuerdan que, desde hace más de dos años (noviembre de 2015), la Intervención General de Cataluña está obligada a informar a Hacienda de todo el dinero que gasta la comunidad y cualquiera de sus entes.

Se le exige remitir una actualización mensual de toda la ejecución del Presupuesto. El interventor debe hacer constar también, de forma expresa, que la relación de actos sobre los que tiene conocimiento no contravienen la Constitución o las leyes.

Por si esto era poco, en julio del año pasado se reforzó esa fiscalización de las cuentas y el control pasó a ser semanal.

La Generalitat debía comenzar a identificar también, con nombres y apellidos, a los responsables de estos informes que se deben presentar ante Hacienda. Se enfrentan, según recoge la normativa que regula estos controles, a “responsabilidades penales o contables” si mienten, se retrasan o se equivocan.

 

Finalmente, en septiembre de 2017, se dio un paso más y se aprobó la intervención del propio presupuesto de la Generalitat, que se mantiene en la actualidad.

Facturas sin firmar para proveedores esenciales

El Gobierno justificó en 2015 esta intervención económica sobre el Govern en la necesidad de “garantizar que no se destinara el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a fines que no fueran, exclusivamente, servicios públicos esenciales”.

Sin embargo, altos funcionarios de la Intervención General de Cataluña denuncian ahora que “Hacienda ha estado mirando a otro lado hasta el verano pasado”, es decir, durante casi dos años.

Según ha sabido ECD por algunos de estos responsables económicos, el cerco sobre los funcionarios de este organismo, dependiente de la Consejería de Economía, no ha impedido que se hayan dejado sin firmar facturas que se debían abonar a proveedores esenciales.

En la administración citan a hospitales, farmacias y centros socio sanitarios que tienen actividad concertada con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), como los servicios que se han visto más perjudicados por el retraso en los pagos.

Se priorizan los gastos de entidades independentistas

Hasta entonces, la Generalitat enviaba a Hacienda las facturas pendientes de pago que ella seleccionaba previamente; el Ministerio las examinaba y establecía una prioridad de pagos. Tras aprobarlos, ingresaba los fondos directamente en la cuenta de los proveedores.

Altos funcionarios que desempeñan su trabajo en la Intervención de Cataluña, confirman a ECD, que el Govern estuvo priorizando los pagos a fundaciones, rehabilitaciones de edificios, bibliotecas... relacionadas con actividades independentistas.

Sólo desde julio del año pasado, explican varios técnicos, las declaraciones de miembros de la Generalitat insistiendo en su voluntad de continuar con el referéndum, y la identificación de algún gasto no justificado (como una partida de 6.150 euros destinada a procesos electorales), “obligaron a Montoro a tomarse todo esto más en serio”.

Con anterioridad, revelan, “Hacienda venía haciendo la vista gorda, para no tocar demasiado las narices a la Generalitat con los pagos del FLA. En julio pasado en el ministerio constataron que los independentistas no estaban de broma. Y se pusieron las pilas”, afirma un alto cargo de la Intervención de Cataluña.


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