Lunes 18/12/2017. Actualizado 11:26h

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Dinero

Las empresas del IBEX 35 deberán contratar a dos auditoras distintas para que certifiquen sus cuentas. El Gobierno redacta un decreto para evitar más ‘pufos’ como Bankia o Pescanova

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El Gobierno se moviliza para evitar nuevos escándalos empresariales contables, como los que han conducido a la nacionalización de Bankia o a la quiebra de Pescanova. Se quieren evitar más 'pufos' –es el término que utilizan- de las firmas de auditoría en la revisión de las cuentas de las grandes empresas del IBEX 35.

Según ha sabido El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los planes del Gobierno, el Ministerio de Economía obligará a las sociedades cotizadas, a través de la nueva Ley para la Mejora del Gobierno Corporativo, a que dos auditoras diferentes firmen la revisión de sus cuentas.

De esta manera, las dos compañías seleccionadas tendrán que abordar de forma conjunta temas como la opinión sobre los principios contables, la relación con el consejo de administración y la dirección de la compañía, los puntos de riesgo o los problemas de control interno.

Inspirado en el modelo de auditoría francés

Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo se está inspirando en el modelo de auditoría que impera en Francia. El país vecino obliga a esta co-auditoría a todas las compañías que cotizan en Bolsa.

La Comisión del Mercado de Valores francés (COB) creó en 1993 un grupo de expertos para reflexionar sobre la independencia del auditor y se identificó la co-auditoría como un factor determinante para garantizar la independencia del trabajo de las firmas auditoras.

Dar entrada a más competidores en el sector

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que otro de los objetivos que se persigue con la nueva normativa es abrir el mercado a nuevas auditoras, principalmente de tamaño mediano- y romper el monopolio que ejercen en España las cuatro grandes: Deloitte, KPMG, PriceWaterhouseCoopers y Ernst & Young.

La Comisión Europea está empeñada en transformar el sector de las auditoras en toda la Unión Europea. Se trata de recuperar la confianza en la información que aportan estas empresas y que se ha puesto en cuestión en los últimos años por graves errores contables, por ejemplo, en las cajas de ahorros españolas.

Graves errores en Pescanova

Uno de los últimos escándalos en el que se han visto implicadas las auditoras ha sido el que ha conducido a la quiebra de Pescanova. Un informe de la firma KPMG presentado en fecha reciente asegura textualmente: “existen indicios fundados de que personas de la cúpula directiva han instruido, ejecutado, llevado a cabo o conocido, en mayor o menor medida, irregularidades contables y financieras para ocultar la deuda real y lograr financiación”.

Pero lo más sorprendente del documento es la revelación de que el patrimonio neto del grupo al cierre del 2012 era negativo por un importe de 927 millones. Es decir, que en lugar de tener activos millonarios -la última cifra presentada por la pesquera era positiva, de 148 millones de euros- lo que había era un enorme agujero que, sumado a los más de 3.000 millones de deuda, se traduce en una situación de quiebra técnica de la compañía.

KPMG cuantifica que la deuda financiera neta del grupo a fecha 31 de diciembre del 2012 ascendía a 3.281 millones de euros, mientras que en las cuentas no auditadas que la empresa envió en abril a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el dato era menor: concretamente 3.056 millones.

Pues bien. La firma BDO llevaba diez años auditando los números de Pescanova. En todo este tiempo, nunca puso en duda las cuentas de la compañía pesquera. Sus informes jamás incluyeron salvedades.

Es más. En el informe anual de 2012, la auditora concretaba la deuda que la compañía había acumulado en unos 1.483 millones de euros, cuando la cuantía real alcanzaba los 2.700 millones. Se ocultaron, por tanto, unas pérdidas de casi 1.300 millones.

Deloitte podría perder su licencia por Bankia

También la nacionalización de Bankia supuso un duro golpe para la entidad y su auditora Deloitte, que mermó a su vez la credibilidad del conjunto del sistema financiero español. Deloitte está acusada de una posible falta de independencia en la supervisión de las cuentas de BFA-Bankia.

Tal como consta en un expediente de 58 páginas elaborado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, la auditora estadounidense se enfrenta a dos posibles sanciones muy graves por este caso, que podrían incluso acabar con la retirada de su licencia en España.

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