Interés por comprobar si el juez del “caso Tabacalera” se marchará de nuevo de vacaciones dejándole un “recado” a César Alierta

Todo hace pensar que no, que el juez del llamado “caso Tabacalera” abandonará este viernes el juzgado de Instrucción número 32 de Madrid posponiendo a septiembre la apertura de juicio oral a César Alierta. No hay que olvidar, sin embargo, que ya el pasado año, Santiago Torres firmó, el día antes de abandonar Madrid, una sorprendente resolución de urgencia que fijaba una fianza de 4,95 millones de euros a Alierta y su familia.

Todo hace pensar que no, que el juez del llamado “caso Tabacalera” abandonará este viernes el juzgado de Instrucción número 32 de Madrid posponiendo a septiembre la apertura de juicio oral a César Alierta. No hay que olvidar, sin embargo, que ya el pasado año, Santiago Torres firmó, el día antes de abandonar Madrid, una sorprendente resolución de urgencia que fijaba una fianza de 4,95 millones de euros a Alierta y su familia.

El argumento que se dio sobre aquella maniobra, que causó enorme sorpresa también en ámbitos jurídicos, fue que se pudiera hacer frente a las hipotéticas multas que pudieran imponerle a César Alierta en el supuesto caso de que fuese condenado por el llamado “caso Tabacalera” en un futuro.

Alierta y su sobrino, Luis Javier Placer, han sido acusados efectivamente de un presunto delito de uso de información privilegiada en relación con una operación de compra-venta de acciones de Tabacalera en 1997, cuando el primero estaba al frente de la compañía de tabacos.

Aquella maniobra, desproporcionada según los analistas, podría repetirse ahora, considerando el gusto que el juez Torres parece haber cultivado por estos golpes de efecto.

Hay que recordar que el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón le ha brindado la ocasión al magistrado del juzgado número 32, al solicitar el pasado lunes 4 años y 6 meses de prisión y multa de 216.364,357 euros para Alierta; y 4 años de cárcel y la misma multa, para su sobrino.

La Fiscalía entregó al instructor Santiago Torres su escrito de conclusiones provisionales, de 19 páginas, y la acusación particular, ejercida en representación de la asociación de inversores AUGE, hizo lo propio. Ahora, las defensas deberán incorporar sus respectivos informes y, como decimos, el juez Torres podrá dictar auto de apertura de juicio oral.

Este viernes se comprobará si opta por esto último o pospone al mes de septiembre su dictamen, algo que, por otra parte, sería muy bien visto por aquellos sectores empeñados en una singular campaña de desgaste social y mediático al directivo. Según explican fuentes del ámbito judicial, este grupo preferiría retomar el tema en septiembre, guardando para el otoño esa “munición” tan preciada.

 

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