El Rey, Rajoy y sus ministros, Toxo, Méndez, jueces… y sus familias van a ser fiscalizados al milímetro. Los bancos deberán notificar cualquier “movimiento complejo” en sus cuentas, sociedades y patrimonio
El Gobierno va a obligar a los bancos a tener estrechamente vigilados a los altos cargos del Estado: tendrán que notificar cualquier operación bancaria de gran envergadura que les involucre a ellos y a sus familias.
Tal y cómo adelantó El Confidencial Digital, el Ministerio de Economía trabaja desde hace meses en una profunda reforma de la Ley para la prevención del blanqueo de capitales.
La nueva normativa persigue fiscalizar los “movimientos financieros complejos” de los cargos públicos más relevantes de España, pero también de sus familiares más directos.
Según fuentes del Gobierno conocedoras del borrador que está ultimando el departamento que dirige Luis de Guindos, la reforma afectará directamente al Jefe del Estado (Rey), el presidente del Gobierno, los ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, presidentes autonómicos, alcaldes, dirigentes empresariales, líderes sindicales, etc.
Alertar de los “movimientos complejos”
Las fuentes con acceso al proyecto consultadas por ECD explican que el Gobierno pretende obligar a los bancos a informar al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre operaciones de gran envergadura en las que participen estos altos cargos y sus familias.
El Sepblac es un departamento del Tesoro español, que se conoce también como Unidad de Inteligencia Financiera. Suele recibir información de las entidades de crédito sobre operaciones y cuentas sospechosas.
No se pretende, en cualquier caso, vigilar al cargo público como medida preventiva. Pero sí poner en alerta a los servicios de información ante cualquier movimiento llamativo en sus cuentas.
Se vigilarán las compraventas y las sociedades
Según las fuentes consultadas, las dos operaciones consideradas de mayor riesgo que serán revisadas al milímetro por los bancos serán las compraventas de bienes inmuebles y la creación de sociedades por parte de los altos cargos.
En el caso de las sociedades deberán llevar un registro en el que consignen la identidad de las personas que están realmente detrás de cada sociedad.
Inspección de los ficheros hasta dos años después
Otro de los aspectos que se prevé incluir en el futuro proyecto de ley es la potestad de la Policía Nacional para inspeccionar ficheros bancarios vinculados a cargos públicos y sus familias hasta dos años después de abandonar su puesto.
La investigación del historial bancario se iniciará después de que la entidad financiera haya detectado irregularidades en las operaciones del alto cargo o su entorno familiar y lo haya puesto en conocimiento de las autoridades económicas.
