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Dinero

De la Vega se impone a un desaparecido Sebastián y promueve el nuevo chantaje a las telefónicas: quien no pague el canon a RTVE se quedará sin licencia

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La vicepresidenta primera del Gobierno se ha convertido en el azote de las telefónicas. Desde su gabinete se filtró, este fin de semana, a una agencia de noticias, que las operadoras que se nieguen a pagar el canon por la financiación de RTVE pueden ser suspendidas y quedarse sin licencia.

Es, de acuerdo con esa información, una de las partes más mollares del anteproyecto de ley que ultima el Gobierno para financiar una televisión pública sin publicidad, y que obliga a las operadores a destinar a ese fin una parte de sus ingresos.

Fuentes del sector, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, hablan incluso de ‘impuesto revolucionario’, y se preguntan cómo un Gobierno democrático se atreve a imponer a empresas privadas obligaciones contrarias a sus intereses, y sin posibilidad de resistir porque la amenaza es la suspensión.

En ámbitos económicos hay perplejidad por la actitud de María Teresa Fernández de la Vega. Se desconoce si ha sido ella misma la que ha decidido pilotar personalmente el asunto, o se trata de un encargo envenenado que alguien le ha hecho, pero lo cierto es que la vicepresidenta se ha convertido en la enemiga de la operadoras de telecomunicaciones.

Hasta ahora, no se le conocía especial interés en el sector, ni que tuviera ojeriza a las telecos, pero no se sabe influida por quién –aunque se sospecha- últimamente está azotando a los operadores con cada una de sus decisiones, y, quizá más aún, con la forma en que las está tomando.

Por ejemplo, De la Vega llevó el nuevo modelo de financiación al Consejo de Ministros a espaldas de tres de los cuatro protagonistas y afectados: RTVE, los operadores de telecomunicaciones y el ministro de Industria.

En ese sentido, desde ámbitos económicos se plantea dónde está el ministro, Miguel Sebastián, desaparecido completamente, en un asunto crítico y con perfiles muy serios si se mira a la historia empresarial reciente en España, mucho más tratándose de un sector estratégico que él debería defender.

Por si fuera poco, la iniciativa del Gobierno contra las operadores de telecomunicaciones no está mereciendo la menor atención de los principales periódicos y medios de comunicación españoles, circunstancia que, según las fuentes consultadas por ECD, tiene que ver con que muchos de ellos son les beneficiarios últimos de la nueva política del Gobierno sobre RTVE.

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