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Dinero

Movimiento de resistencia frente a la aplicación del 155

“Que nadie que venga de Madrid os hable en castellano”

Consigna de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium a los funcionarios de la Generalitat. La comunicación ha llegado a todas las consejerías

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Un mes después de la aplicación del 155 en Cataluña, el Gobierno insiste en la vuelta a la “normalidad institucional” en la región y en la ausencia de conflictos con los técnicos del Estado enviados a Barcelona. No obstante, en algunas consejerías de la Generalitat empiezan a detectarse “movimientos de resistencia” por parte de los funcionarios.


Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.

En concreto, algunos trabajadores de departamentos como Cultura o Economía se están organizando en asambleas para decidir acciones de protesta en contra de la intervención estatal. Funcionarios de Sanidad se concentran dos días a la semana durante cinco minutos delante de sus sedes para rechazar el 155.

Y las movilizaciones van en aumento. Este martes se han reunido por primera vez de manera conjunta centenares de empleados públicos de, al menos, seis consejerías: Justicia, Territorio y Exteriores, se han sumado a los de Cultura, Economía y Salud.

Convocados por la intersindical CSC, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Docents per la República y ServidorsCat, la concentración tuvo lugar el pasado martes en la plaza Sant Jaume de Barcelona, justo frente al edificio del Palau de la Generalitat.

El periodista Antoni Basas fue el encargado de leer una carta de Carles Puigdemont a los funcionarios de la Administración catalana, fechada el 16 de noviembre. Les define como “defensores de las instituciones que están siendo atacados desde el Estado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución”.

“Que nadie de Madrid os hable en castellano”

El mensaje del expresident ha encendido la llama. Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes internas de la Generalitat, la Assemblea de Trabajadores para la defensa de las instituciones catalanas, en la que se integran también las asociaciones independentistas ANC y Òmnium, han hecho llegar un mensaje, en la mayoría de los casos por escrito, a todos los funcionarios de las consejerías.

Les alertan de la “grave irregularidad” que podría representar para los altos cargos y los trabajadores públicos de la Generalitat que los técnicos enviados por el Gobierno a Cataluña les obliguen a mantener conversaciones y redactar informes en castellano.

En opinión de las asociaciones soberanistas, esta actuación lesionaría de manera importante las competencias y el funcionamiento de la Generalitat. Consideran que intentaría,entre otras cosas, arrinconar el catalán dentro de la Administración autonómica, como denuncian que ya está ocurriendo en ámbitos como la Justicia.

Los técnicos enviados por el Gobierno de Rajoy podrían dirigirse a los trabajadores y exigirles que hablaran en castellano en las reuniones y que los informes se redactaran en esta lengua durante el periodo de aplicación del 155. Pero, llegado el caso, la consigna es clara: “Que nadie que venga de Madrid os hable en castellano”.

Otras asociaciones catalanistas, como la Plataforma per la Llengua, se han sumado a este llamamiento. Consideran también que “en caso contrario, la situación comportaría una negligencia y una vulneración clara de los derechos de los trabajadores públicos”.

Respeto a los derechos lingüísticos

En las comunicaciones enviadas a todas las consejerías, las plataformas independentistas advierten a los trabajadores públicos de que los técnicos del Estado estarían incumpliendo, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía.

Recoge que “el catalán es la lengua de uso normal de las administraciones públicas” (art.6). Implica que los trabajadores no sólo deben estar autorizados a poder preparar la documentación en catalán, sino que además está previsto que lo utilicen habitualmente con total normalidad.

Recuerdan que el Estatuto de Autonomía también especifica que “la Administración del Estado situada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lo hace apto para cumplir las funciones propias de su puesto de trabajo” (art.33).

Destacan que ese derecho viene recogido hasta en la legislación estatal: en el Decreto real legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ahí se especifica que “las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que tengan dos lenguas oficiales” (art 56.2).

Insisten en que la Ley de Política Lingüística ampara a los altos cargos y empleados públicos porque dicta que el catalán es “la lengua de todas las instituciones de Cataluña, y en especial de la Administración de la Generalitat” y se convierte en “la lengua preferentemente empleada por la Administración del Estado en Cataluña”.

Resaltan que el Decreto 107/1987, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales por parte de la administración de la Generalitat, es también inequívoco. El artículo 3.1 recoge que “las actuaciones internas de carácter administrativo se harán en catalán”.

En conclusión, incluso con las competencias que el Gobierno central ha asumido en virtud del 155, están recordando con insistencia a los funcionarios que el Estado debe prever que el personal asignado pueda trabajar también en catalán, sin alterar el funcionamiento lingüístico de las instituciones.

Abierto un canal anónimo para denuncias

Ante este escenario, según las fuentes consultadas por ECD, la Plataforma per la Llengua está animando a que los trabajadores públicos y altos cargos que sufran una “vulneración de los derechos lingüísticos” por parte de los representantes de los ministerios presenten una denuncia.

Les está ofreciendo la posibilidad de explicar sus casos y les garantiza que estos expedientes serán tratados de manera totalmente anónima.

Así las cosas, el Área de Derechos Lingüísticos de la entidad catalanista ha puesto a su disposición un formulario para recoger estas reclamaciones. La plataforma también ofrece un servicio de asesoramiento y atención a los afectados, para ayudarles a conocer y defender sus derechos lingüísticos frente al 155.

En concreto, algunostrabajadores de departamentos como Cultura o Economía se están organizandoen asambleas para decidir acciones de protesta en contra de la intervenciónestatal. Funcionarios de Sanidad se concentran dos días a la semana durantecinco minutos delante de sus sedes para rechazar el 155.

Y las movilizaciones van en aumento. Este martes se han reunidopor primera vez de manera conjunta centenares de empleados públicos de, almenos, seis consejerías: Justicia, Territorio y Exteriores, se hansumado a los de Cultura, Economía y Salud.

Convocados por la intersindical CSC, la Asamblea Nacional Catalana(ANC), Òmnium Cultural, Docents per la República y ServidorsCat, laconcentración tuvo lugar el pasado martes en la plazaSant Jaume de Barcelona, justo frente al edificio del Palau de la Generalitat.

El periodista AntoniBasas fue el encargado deleer una carta de Carles Puigdemont alos funcionarios de la Administración catalana, fechada el 16 denoviembre. Les define como “defensoresde las instituciones que están siendo atacados desde el Estado con laaplicación del artículo 155 de la Constitución”.

“Que nadie que vengade Madrid os hable en castellano”

El mensaje del expresident ha encendido la llama. Según ha podido saber El ConfidencialDigital por fuentes internas de la Generalitat, la Assemblea deTrabajadores para la defensa de las instituciones catalanas, en la que seintegran también las asociaciones independentistas ANC y Òmnium, hanhecho llegar un mensaje, en la mayoría de los casos por escrito, a todos losfuncionarios de las consejerías.

Les alertan de la “graveirregularidad” que podría representar para los altos cargos y los trabajadorespúblicos de la Generalitat que los técnicos enviados por el Gobierno aCataluña les obliguen a mantener conversaciones y redactar informes encastellano.

En opinión de lasasociaciones soberanistas, esta actuación lesionaría de manera importante lascompetencias y el funcionamiento de la Generalitat. Consideran que intentaría,entre otras cosas, arrinconar el catalán dentro de la Administraciónautonómica, como denuncian que ya está ocurriendo en ámbitos como la Justicia.

Los técnicosenviados por el Gobierno de Rajoy podrían dirigirse a los trabajadores yexigirles que hablaran en castellano en las reuniones y que los informes se redactaranen esta lengua durante el periodo de aplicación del 155. Pero, llegado el caso,la consigna es clara: “Que nadie que venga de Madrid os hable en castellano”.

Otras asociacionescatalanistas, como la Plataforma per la Llengua, se han sumado a estellamamiento. Consideran también que “en caso contrario, la situacióncomportaría una negligencia y una vulneración clara de los derechos de lostrabajadores públicos”.

Respeto a los derechos lingüísticos de los funcionarios

En las comunicacionesenviadas a todas las consejerías, las plataformas independentistas advierten alos trabajadores públicos de que los técnicos del Estado estarían incumpliendo,por ejemplo, el Estatuto de Autonomía.

Recoge que “elcatalán es la lengua de uso normal de las administraciones públicas” (art.6). Implica que los trabajadores no sólo deben estar autorizados a poderpreparar la documentación en catalán, sino que además está previsto que loutilicen habitualmente con total normalidad.

Recuerdan que elEstatuto de Autonomía también especifica que “la Administración del Estadosituada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivelde conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lohace apto para cumplir las funciones propias de su puesto de trabajo” (art.33).

Destacan que esederecho viene recogido hasta en la legislación estatal: en el Decreto reallegislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundidode la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ahí se especifica que “lasadministraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán preverla selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir lospuestos de trabajo en las comunidades autónomas que tengan dos lenguasoficiales” (art 56.2).

Insisten en que laLey de Política Lingüística ampara a los altos cargos y empleados públicosporque dicta que el catalán es “la lengua de todas las instituciones deCataluña, y en especial de la Administración de la Generalitat” y seconvierte en “la lengua preferentemente empleada por la Administración delEstado en Cataluña”.

Resaltan que elDecreto 107/1987, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales porparte de la administración de la Generalitat, es también inequívoco. Elartículo 3.1 recoge que “las actuaciones internas de carácter administrativo seharán en catalán”.

En conclusión,incluso con las competencias que el Gobierno central ha asumido en virtud del155, están recordando con insistencia a los funcionarios que el Estado debeprever que el personal asignado pueda trabajar también en catalán, sinalterar el funcionamiento lingüístico de las instituciones.

Abierto un canal dedefensa anónimo para denuncias

Ante este escenario,según las fuentes consultadas por ECD, la Plataforma per laLlengua está animando a que los trabajadores públicos y altos cargos que sufranuna “vulneración de los derechos lingüísticos” por parte de losrepresentantes de los ministerios presenten una denuncia.

Les está ofreciendola posibilidad de explicar sus casos y les garantiza que estos expedientes serántratados de manera totalmente anónima.

Así las cosas, el Área de Derechos Lingüísticos de laentidad catalanista ha puesto a su disposición un formulario para recoger estasreclamaciones. La plataforma también ofrece un servicio de asesoramientoy atención a los afectados, para ayudarles a conocer y defender sus derechoslingüísticos frente al 155.
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