La gran chapuza

La primera reflexión es bastante elemental: de un conflicto laboral, largo y complicado, eso sí, hemos acabado en una situación de ‘estado de alarma’ en el país, dictado por vez primera en la historia de nuestra democracia.

Pero la propia declaración de ‘estado de alarma’ es ya una chapuza técnica de campeonato. Incluyendo fundadas sospechas de ilegalidad, por cuanto el artículo 116.2 de la Constitución establece que el acuerdo del Gobierno debe ser comunicado al Congreso “reunido inmediatamente”. Y tal reunión no se convocó. El Gobierno incumplió la Constitución.

Por cierto que, declaración tan insólita y excepcional habría merecido que el presidente del Gobierno compareciera ante la nación para dar cuenta a los españoles de los motivos de esa medida. Aunque sólo fuera por consideración y respeto a sus conciudadanos. Pero no lo hizo.

Igualmente, la militarización de los controladores aéreos resulta altamente discutible puesto que, según los expertos jurídicos, cabe militarizar empresas pero no personas. ¿Los controladores son ahora militares?

Así que tan discutida articulación de medidas legales (“institutos”, como dijo Zapatero en su comparecencia ante el Congreso) tendría que sacar los colores a los principales consejeros del presidente.

Me refiero a los ‘cerebros’ de La Moncloa, José Enrique Serrano (director del gabinete) y Bernardino León (secretario general de la Presidencia del Gobierno). Por no traer a colación los más de seiscientos ¿asesores? que trabajan en el complejo presidencial.

AENA y José Blanco

En el elenco de despropósitos merecen lugar de honor AENA y, por supuesto, su principal jefe, o sea, el ministro de Fomento.

José Blanco engañó, o cuando menos se equivocó notoriamente, cuando, hace meses, ofreció garantías de que el ‘problema’ de los controladores quedaba resuelto. No estaba arreglado, como se ha visto.

Resulta que, ambos a dos, diseñaron un decreto regulando cómo contabilizar las 1.600 horas anuales que deben los controladores permanecer en el puesto de trabajo. Lo han hecho con tal arte que se encontraron que a finales de noviembre ya había buen número de profesionales que esgrimían que habían cubierto el cupo.

Se avecinaba un problema de cara a la Navidad. Y, para intentar taparlo, aprobaron otro decreto sobre qué horas son ‘aeronáuticas’, o sea computables a efectos de las 1.600. Sabían que activaban una auténtica ‘bomba’ para los controladores, y van y lo aprueban precisamente el viernes en que comenzaba el puente más largo del año. Una genialidad.

Cerrar el espacio aéreo

Por sus pistolas, los controladores empezaron a abandonar los puestos de trabajo. Pero hay que recordar que fue AENA quien decidió cerrar el espacio aéreo, en lugar de intentar otras soluciones. Porque sí quedaban controladores trabajando.

Es más, fuentes profesionales sostienen que había suficientes efectivos para continuar el servicio. Con dificultades, con retrasos, pero mantenido.

Y el Gobierno, quizá para evitarse los sofocos de un goteo de problemas en los aeropuertos, con las protestas de los usuarios y el correspondiente desgaste político y de imagen, lo arreglo por la tremenda: declarando el ‘estado de alarma’.

¿De verdad no encontraron otras herramientas, legales y políticas, para obligar a los controladores a volver al trabajo?

Sin controladores militares

De aurora boreal es que, conociendo que la cuestión del control aéreo podía estallar en cualquier momento, el Gobierno no hubiera tomado previsiones para contar con el concurso de operadores militares.

No solamente no los entrenaron previamente, en previsión de una emergencia, sino que se le ‘olvidó’ homologar sus titulaciones a nivel europeo, de forma que, todavía hoy, no tienen atribuciones para ese trabajo.

A todo esto, el Fiscal General del Estado irrumpe y se erige en acusador, apuntando incluso la pena que pueden sufrir los rebeldes controladores: ¡ocho años de prisión!

Y se ha empeñado en tomarles declaración, cuando es un cometido que corresponde al juez instructor. Claro, que se ha encontrado con una respuesta sorprendente: no declaramos, porque, si estamos militarizados, nos encontramos bajo la jurisdicción militar. ¡Toma enredo jurídico!

Por otro lado, sancionar a los 440 expedientados dejará al colectivo sin efectivos suficientes para garantizar el servicio. Otro lío.

Acusan los controladores a Aena de haber mantenido el sistema de las horas extra (causa principal de sus astronómicos sueldos) porque le sale más barato que aumentar plantilla. Y porque así la empresa resulta mucho más apetitosa de cara a la anunciada privatización.

Un precedente

La actuación del Gobierno no deja de producir alguna inquietud mirando al futuro. El procedimiento ahora inaugurado ¿se va limitar a los controladores, o también se extenderá a situaciones paralelas?

¿Qué ocurre si, pasado mañana, los transportistas repiten una huelga que ya promovieron no hace mucho, y como consecuencia se producen desabastecimientos, por ejemplo de combustibles? Y, si hay una huelga de basuras, ¿van a militarizar a los empleados con el argumento de que peligra la salud de los ciudadanos?

Por concluir. Lo que se pide a un Gobierno es que tenga la capacidad de prever los conflictos con tiempo y de solucionarlos. Se le exige que arregle los problemas. No que, al intentarlo, cree otros mayores.