La ley y la trampa

Hay en el Gobierno una fiebre preocupante por justificar lo in justificable y por buscar coartadas a una serie de actuaciones que no parecen excesivamente respetuosas con la legislación vigente. Se da un paso, más o menos dudoso, desde un punto de vista jurídico y enseguida comienzan los esfuerzos y los dibujos —siempre complicados- para encajar lo hecho y lo dicho en un marco jurídico adecuado. El Estatuto de Cataluña es un claro ejemplo. La palabra nación choca frontalmente con el articulado de la Constitución. Como el camino propuesto por Carod Rovira, cambiar la Constitución, no parece excesivamente razonable lo que se hace es comenzar a buscar recovecos y salidas (es de suponer que los despachos de los asesores jurídicos y constitucionales de La Moncloa echan humo) y entonces la Vicepresidenta del Gobierno se afana por vendernos la burra del “articulado”. La palabra nación, dice, no estará en el articulado; sí estará, todo el mundo lo sabe, en el preámbulo y asunto resuelto, ya se ha colado el término y además se ha cumplido la palabra de que no vaya en el articulado del texto. Es el mismo cuento y el mismo truco para no incordiar en el congreso —o lo que sea- de Batasuna. Como formación política no existe y por lo tanto no puede organizar nada, pero sus militantes mantienen intactos sus derechos individuales y por lo tanto pueden reunirse, opinar y organizar todo lo que les parezca oportuno. Asunto resuelto. Lo que pasa es que no es tan sencillo sobre todo cuando los mismos responsables Otegi y Permach han afirmado paladinamente que se trata de una asamblea orgánica, política y en la que se van a tomar decisiones tales como la renovación de la Mesa de Batasuna. Eso se llama dejar a los de los recovecos jurídicos con las vergüenzas al aire. Y también en cueros se ha quedado Balza, el Consejero de Interior del País Vasco que había encontrado otro atajo para colar el congreso de Batasuna. Dice Balza que Interior no tiene nada que decir puesto que el acto se va a celebrar en un local cerrado y no en la calle. Curioso razonamiento. En cualquier caso los tribunales, incluido el Constitucional, deberían puntualizar sobre estos subterfugios jurídicos que Rodríguez Zapatero y los suyos nos quieren colar de matute. Ya se sabe que el que hizo la Ley...