Propuesta: que los políticos paguen los errores de su bolsillo
La construcción del AVE Madrid-Barcelona tuvo un sobrecoste del 31%. Según acaba de desvelar el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización, las obras costaron 8.966,71 millones de euros: un 31,4% más del precio por el que se adjudicaron los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% por encima del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones de euros).
La construcción de la línea férrea comenzó el 1 de enero de 2002, con el Gobierno de José María Aznar. El servicio se inauguró en febrero de 2008, ya con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Yo me hago la siguiente reflexión. Estamos en tiempo de crisis, un momento que nos ha permitido poner en valor virtudes como la frugalidad, el ahorro, la austeridad o la moderación. También es hora de hacer balance y calibrar en qué se nos va el dinero. En cualquier empresa que se precie se realiza este ejercicio y, por cierto, se exigen responsabilidades.
La cosa pública se ha ganado una merecida fama de manirrota. Los municipios, los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos, las comunidades autónomas y el Estado en general no sabe gestionar. Salvo honrosas excepciones han vivido estos años por encima de sus posibilidades.
¿Ha sido porque manejaba dinero ajeno y le traía por una friolera el despilfarro? No lo sé. Lo que sí sabemos es que en la empresa privada el que la hace, la paga. Y nos parece lógico.
Llegados a este punto, yo me pregunto si no es hora ya de instaurar un mecanismo por el que pedir cuentas de cualquier derroche a los políticos responsables. También con el AVE Madrid-Barcelona.
Francisco Álvarez Cascos (2000-2004) inauguró el proyecto. Magdalena Álvarez (2004-2009) se encargó de concluirlo. Ambos deberían dar cuenta de su administración. Ellos debían haber velado para que esto no pasara. Por nada del mundo.
Es más: teníamos que haber ahorrado unos millones de euros, tras encontrar resquicios donde abaratar. Es lo suyo.
No fue así. La construcción de cada uno de los 621 kilómetros que unen la capital de España con la Ciudad Condal por alta velocidad costó de media 14,44 millones de euros: la desviación global respecto de los precios inicialmente previstos se elevó hasta el 31,4%.
Para el organismo fiscalizador, esta desviación es atribuible a las “modificaciones de los contratos, de las obras complementarias y de emergencia, a las revisiones de precios y a las liquidaciones adicionales”. A eso hay que sumarle las prórrogas y ampliaciones de plazo, que tuvieron un periodo medio de 4,5 meses por expediente.
Es un abuso por el que nadie va a pagar. No lo entiendo.
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