El Gobierno de España, contra los jueces
Caracas, agosto de 2002. El presidente de Venezuela Hugo Chávez arremete contra los jueces y la prensa en el aniversario de su Gobierno, y anuncia la creación de una comisión para investigar a los miembros del Supremo, dando el pistoletazo (nunca mejor dicho) de salida a su maniobra final de destrucción de la separación de poderes. Cómo sigue la historia ya lo sabemos, lamentablemente. Veintidós años después, Venezuela es una dictadura comunista y su población pasa hambre y necesidad mientras el presidente actual, Nicolás Maduro, sigue centrado en la eliminación de cualquier oposición como prioridad para mantenerse en el poder.
Madrid, enero de 2024. El Gobierno de un Pedro Sánchez mantenido en el poder con votos comprados a cambio de cesiones y amnistías a los enemigos de la nación ataca -por enésima vez- a los jueces a través de su vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. En este caso la ofensiva es contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, un ilustre juez de reconocido prestigio y trayectoria. Se trata de otro paso contra la independencia del Poder Judicial. Una nueva evidencia de que el PSOE de esta época comparte con sus socios de gobierno independentistas y filoetarras la fobia contra los jueces y fiscales que han actuado contra ellos. Y una muestra más del desprecio hacia la separación de poderes por parte de un partido que, hasta la llegada de Sánchez, era considerado “de Estado”. Cómo sigue la historia, aún no lo sabemos… pero no pinta bien la cosa, para qué nos vamos a engañar.
La gravedad de los hechos no debe ser pasada por alto. Estamos hablando de una vicepresidenta del Gobierno que, sin decirlo abiertamente, acusa desde la televisión pública (cómo no) al magistrado García-Castellón de un delito de prevaricación. Todo porque el juez instructor de la Audiencia Nacional está investigando si Tsunami Democratic cometió delitos de terrorismo, algo que, de ser confirmado, podría poner de nuevo contra las cuerdas a Puigdemont y resquebrajar el débil gobierno de Sánchez. Ver para creer. El Gobierno de nuestro país, abiertamente en contra de investigar presuntos actos terroristas. Personalmente no doy crédito a lo que estamos viviendo.
García-Castellón, que ya supera los 70 años, es un reputado juez que incluso trabajó a nivel internacional como enlace frente al terrorismo en Francia y contra el crimen organizado en Italia. En Francia, de hecho, se le distinguió con la Legión de Honor. Es más: para los que todavía puedan dudar de su honorabilidad, estamos hablando del mismo juez que sentó en el banquillo a parte del Gobierno de Mariano Rajoy por, supuestamente, haber espiado a su tesorero Luis Bárcenas. Evidentemente nadie en el PSOE dijo entonces que actuaba en “momentos políticos sensibles” o que lo hiciera “siempre en la misma dirección”. ¿Será que el pucelano ha cambiado en estos meses? ¿O quizás quien lo ha hecho es el PSOE? La respuesta es evidente.
España se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia moderna. Y solo la justicia puede protegernos. Sin un poder judicial independiente, habremos firmado la sentencia de muerte de nuestra democracia.
Miguel Ángel Rodríguez Caveda es periodista, ganador de tres premios Emmy y presidente de la consultora internacional de comunicación 3AW.
