Un Gobierno a favor de la okupación

Una persona sostiene un cartel donde se puede leer "Fuera okupas" ante la Casa Cornide. Foto: M. Dylan / Europa Press.
Una persona sostiene un cartel donde se puede leer "Fuera okupas" ante la Casa Cornide. Foto: M. Dylan / Europa Press.

El pleno del Congreso aprobó el jueves la Ley de Vivienda después de un nuevo acuerdo Frankenstein secundado por los de siempre: PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. 

Después de haber ayudado a cientos de violadores a reducir sus condenas o incluso a salir en libertad; de haber acercado a los asesinos etarras al País Vasco; de haber cambiado el delito de sedición para despenalizar a sus socios independentistas; de permitir el ataque sistemático a los niños y familias castellanohablantes en Cataluña; de haber mirado hacia otro lado cuando nuestros cuerpos de seguridad eran atacados con armas y ácido por asaltantes marroquís en la valla de Melilla; y de haber favorecido que los niños puedan cambiar de sexo sin preguntar a sus padres, entre otros grandes logros, a Sánchez y sus secuaces todavía les quedaba un colectivo “de los suyos” por apoyar: el de los okupas.

Tema resuelto: de ese apoyo se encargará desde ahora la nueva ley de Vivienda. A partir de su aprobación, para iniciar un desahucio se preguntará el número de inmuebles de uso residencial que tiene el propietario y si la vivienda es el domicilio habitual del ocupante o no (como si eso justificase asaltar una propiedad privada). También habrá cambios para proceder al desalojo. Por ejemplo, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tendrán que comunicar ¡el día y la hora a la que van a intervenir! No es una broma, aunque lo parezca. Además se desestimarán demandas por tecnicismos ridículos y, si el propietario resulta ser un “gran tenedor” se le cancelarán todos los procesos si no certifica que han intentado “conciliar con los infractores” antes. El mundo al revés.

Si a pesar de todas estas trabas se logra tramitar el desahucio, los juzgados deberán solicitar a los servicios sociales un informe para acreditar si el okupa es una persona “vulnerable” antes de ejecutarlo. Y en caso afirmativo, se suspenderá el desahucio hasta que la Administración encuentre una alternativa habitacional en forma de vivienda. De locos.

Esta nueva “genialidad” del Gobierno vuelve a reflejar una vez más su desconexión con la realidad: el populismo por encima de las necesidades reales del país; el fanatismo radical por encima de la lógica racional; y, por supuesto, el pago de cada uno de los votos que le ha mantenido en el poder durante estos largos casi cuatro años, por encima de cualquier cosa. 

Lo peor de todo esto es que aún nos queda medio año por delante. Se nos va a hacer largo.

Miguel Ángel Rodríguez Caveda es periodista, ganador de tres premios Emmy y presidente de la consultora internacional de comunicación 3AW.

 
Comentarios
Envíanos tus noticias
Si conoces o tienes alguna pista en relación con una noticia, no dudes en hacérnosla llegar a través de cualquiera de las siguientes vías. Si así lo desea, tu identidad permanecerá en el anonimato