Opinión

Podemos, al asalto de la publicidad institucional

La batalla por el jugoso botín de la publicidad institucional vuelve a la primera línea de la actualidad. Y lo hace de la mano del partido que gobierna España en coalición con el PSOE. Podemos ha presentado una proposición de ley para reformar la actual norma de Publicidad y Comunicación Institucional, con el objetivo de que el reparto de la publicidad de la Administración entre los medios no dependa de su audiencia, sino de “otros criterios más eficaces”. Criterios que, por supuesto, definirían los propios partidos políticos. Un nuevo intento de asalto a la imparcialidad de la información y a la independencia de los medios de comunicación perpetrado por los socios de Moncloa.

La publicidad institucional es una de las formas que tiene el Gobierno para trasladar mensajes a los ciudadanos. El objetivo es llegar al mayor número de personas posible, motivo por el cual la normativa actual favorece que los medios con mayor audiencia sean los que reciben más fondos para estos mensajes de propaganda política. La propuesta de Podemos, sin embargo, permitiría dejar fuera de las campañas públicas a los medios de comunicación no afines al Gobierno alegando criterios subjetivos de igualdad, protección de colectivos vulnerables o nivel de transparencia, teniendo el partido en el poder carta blanca para “regalar” dinero público a medios afines o a otros cuyas audiencias no implicarían un impacto en la opinión pública. 

El reparto desigual de los fondos destinados a publicidad gubernamental no es un tema nuevo. Multitud de gobiernos, sobre todo autonómicos y locales, han sido acusados en algún momento de aplicar prácticas que favorecían a sus medios afines. Se dijo de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, se dice -y sabe- de la Generalitat desde hace años, y como ejemplo en Pamplona hace tres años la justicia llegó a intervenir para anular el reparto de publicidad de Bildu, que había dejado fuera a medios críticos con su gestión. 

El afán por favorecer a los medios que “tratan mejor” al gobierno de turno no es, por tanto, algo nuevo. Pero tratar de legislar para poder llevar a cabo estas prácticas con absoluta impunidad supera cualquier límite aceptable. Es un ataque en toda regla a la libertad de información, pues unos medios serían premiados y otros castigados. Y, al final, saldríamos perdiendo los de siempre: los ciudadanos.

Miguel Ángel Rodríguez Caveda es periodista y presidente de la agencia internacional de comunicación 3AW.

 
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