Una nueva ley del aborto (y III)

A partir de aquí, se asumirá que el ser humano en estado embrionario y el ser humano en estado fetal son seres humanos, lo que, como se dijo al principio, era algo fundamental para atribuir al Estado la obligación de protegerle. También se dijo que había distintas circunstancias por las que dicha protección podía ser distinta, o incluso menor, respecto a unos seres humanos o respecto a otros, por motivos circunstanciales. Ahora bien: en el momento presente, ¿se podría o se debería llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias lo deducible del hecho de que tanto un feto como un adulto son seres humanos? Si fuera así, se debería defender a un feto con el mismo nivel de "violencia estatal" con que se defiende a un adulto y eso implicaría, por ejemplo, meter en la cárcel, por el mismo número de años, a alguien que mate a un feto que a alguien que mate a un adulto. Dejando de lado que esto no era así, ni siquiera cuando el aborto estaba prohibido –antes de la reforma de 1983 se penaba menos la muerte del feto y del recién nacido que la muerte del niño o del adulto-, podemos fijarnos en el momento presente y preguntarnos si realmente es factible que se proteja al feto de la misma manera que se protege al adulto. La respuesta es no. No porque no fuera justo hacerlo así, sino porque hoy es imposible. En España se cometen entre ochenta mil y cien mil abortos cada año y el aparato represor del Estado no está capacitado para detener esa sangría mediante la actuación –solamente- de la ley penal y de la policía. Sin embargo, como se vio anteriormente, el debate del aborto como un debate situado en términos de cárcel sí o cárcel no, es un debate falso, que sólo beneficia a los partidarios del aborto, al poner el acento en el sentimiento de piedad que se siente hacia un agresor –la madre- que aparentemente no tiene otra salida. El Estado posee infinidad de otros medios –normas y actuaciones- para detener esta sangría. De la misma manera que el Estado no lucha contra la droga únicamente intentando meter en la cárcel a los traficantes, sino empleando sus recursos económicos en campañas publicitarias y de incentivación de una cultura sin drogas, también podría tratar de crear una cultura de la vida, tratar de difundir el mensaje de que el feto es un ser humano y de que, sencillamente, es malo matarle.

Como se ha dicho, la cuestión no puede estar únicamente, ni sobre todo, en los términos de una nueva ley del aborto, sino en la voluntad real y las posibilidades reales de hacer cumplir esa ley. Es una completa hipocresía que la Seguridad Social cubra y haya cubierto durante décadas los costes de abortos –legales e ilegales-, si se considera que el aborto es algo, de suyo, malo, algo que sería mejor que no sucediera. No es válido el argumento de que el aborto "oficial" es un mal menor, puesto que las madres que quisieran abortar seguirían acudiendo de todos modos a métodos abortivos inseguros, poniendo en peligro sus vidas. Afirmar esto sería como decir que robar es malo pero que, puestos a robar, el Estado debería proteger la vida de los ladrones en el acto de llevar a cabo el delito. Tampoco es válido el argumento de que si el Estado no financiara el aborto se produciría una desigualdad, ya que sólo podrían abortar los ricos. La desigualdad es negativa cuando el termino que se compara es algo bueno, pero la desigualdad nunca puede algo malo cuando aquello en lo que se es desigual es éticamente reprobable: quien tiene más dinero tiene más posibilidades de cometer un crimen, pero esa no es razón para que se trate de nivelar esa desigualdad.

Los debates parlamentarios que se avecinan, discutiendo los supuestos o indicaciones de la nueva ley del aborto, serán, pues, estériles, en su inmensa mayoría, pues con la ley de 1983 y los famosos tres supuestos, habrían muertos pocos, poquísimos fetos en España, si dicha ley se hubiera aplicado como es debido y si el Estado hubiera cumplido con su deber de tratar de protegerles con otros medios, completamente a su alcance. El aborto, hoy en día, no es más que un método anticonceptivo más, el mecanismo definitivo de defensa de la libertad sexual y de liberación de la mujer, necesaria, en gran medida, pero no a este precio.