Bruselas no debería limitarse a Polonia en la defensa del estado de derecho

Jesucristo reprende a la vez el pecado y la hipocresía de los acusadores. Sin mezclar planos, algunos defensores hoy de la división de poderes son herederos de la conocida boutade de Alfonso Guerra sobre la muerte de Montesquieu. No era broma, como se vio pronto en la reforma del Consejo general del poder judicial hacia 1984, que, por cierto, no ha cesado de empeorar desde entonces a pesar de la alternancia de gobiernos.

La situación española no legitima criticar a Varsovia. Tiene bemoles que el ministro de justicia abogue por mejorar el marco normativo para conciliar el derecho a la información y el honor de los investigados, cuando resulta clamorosa la inaplicación del derecho vigente. Bastaría cumplirlo por quienes trabajan en las oficinas judiciales, en las fiscalías especiales y en las fuerzas policiales, demasiado pendientes de televisiones y diarios. No recuerdo –y me encantaría tener que rectificar- ninguna detención ni sanción penal contra los especialistas en filtraciones, salvo la condena de Baltasar Garzón por algo que rebasaba todo límite: grabar las conversaciones de los abogados defensores con sus clientes.

Al menos, España no ha sido reprobada por el Tribunal Europeo de derechos humanos, como lo fue Francia a propósito del régimen jurídico del ministerio fiscal en el país vecino. No es muy distinto del sistema español, pero con la pretensión de considerar magistrados a los fiscales, como si gozasen de la independencia propia de los jueces, algo de todo punto imposible, por la dependencia jurídica del ministerio de justicia. Diversas reformas legales, aprobadas o en trámite, no resuelven el problema. Por si fuera poco, París presiona a favor de una fiscalía europea –dentro del espacio judicial comunitario- para la instrucción causas penales que afecten a varios Estados miembros.

Italia ha ido por delante en la evolución de su Consejo de la Magistratura: refleja una ostensible politización, aunque carezca de las dependencias partidistas que sufrimos en España por el sistema de nombramiento de sus miembros. Exigió en su momento alguna insólita toma de postura por parte del presidente de la República, que ha aminorado las consecuencias, aunque el núcleo de la cuestión permanece, como se comprobó en las causas contra Silvio Berlusconi.

No es necesario mencionar al Reino Unido, ante todo, porque su sistema se basa en principios jurídicos muy diversos de los continentales; además, el Brexit implicará relaciones de cooperación judicial no distintas a las que existen con cualquier otro Estado, en virtud de los correspondientes tratados, con frecuencia bilaterales.

Rara es la semana en que el parlamento europeo no critica –en comisión o en pleno- las violaciones de derechos humanos en tantos países del mundo, aunque sea sólo en términos de rechazo más bien moral, no jurídico. Así, este mes de julio, sobre la deriva totalitaria de Filipinas, la situación de conocidos presos políticos en China (como Liu Xiaobo, antes de su fallecimiento), o Eritrea, o Burundi, o Turquía, o Arabia Saudita. Pero no se atreverá a abordar la deriva de las leyes antiterroristas en Alemania o en Francia, que priman la seguridad sobre las libertades. En esta última, por ejemplo, el estado de emergencia establecido excepcionalmente por François Hollande tras el atentado de Niza, va camino de incorporarse al régimen jurisdiccional ordinario, con la concesión de excesivas facultades a la autoridad administrativa.

Se especulaba con la posibilidad de que el presidente polaco, Andrzej Duda, no sancionase las leyes aprobadas por el parlamento, a pesar de ser del mismo partido del gobierno dirigido por Beata Szydlo. Sería influencia de la agitación en la calle y, sobre todo, de la amenaza de la Comisión Europea de anular el derecho al voto de Polonia en el Consejo comunitario. Al fin, ha anunciado el lunes que vetará dos de las tres leyes de la reforma.

La intervención de la UE exigía unanimidad, y Viktor Orban había anunciado ya el voto en contra de Hungría. Triste sería no encontrar una solución, antes de consolidar un nuevo frente de ruptura de la Unión Europea.

En cualquier caso, la presión sobre Varsovia tendría más fuerza si se planteara una mayor finura en el estado de derecho y la administración de justicia de los demás países comunitarios. Buena cuenta traería a España.