Justicia internacional para África y Bosnia
Me parece ocasión para recordar la importancia de esas instituciones jurisdiccionales mundiales, que peligran en estos momentos por un cierto renacer de los populismos nacionalistas, con su hipertrofia de la soberanía del Estado.
Barack Obama viaja por América dando lecciones democráticas, recibidas de modo muy distinto en Cuba que en Argentina, pero sigue sin cumplir su promesa preelectoral del cierre de Guantánamo. Su predecesor, Bill Clinton, firmó in extremis, cuando estaba a punto de abandonar la Casa Blanca, el tratado internacional constituyente del Tribunal Penal Internacional. Pero sigue sin ser ratificado por las cámaras legislativas de EEUU. La Haya no podrá juzgar posibles desmanes americanos...
Se comprende la reticencia de líderes africanos ante el trabajo del TPI, que ha condenado ya a varios imputados del continente negro. Recuerdo que en una cumbre extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrada en octubre de 2013 en Addis Abeba, se llegó a plantear la retirada colectiva de 34 países africanos firmantes del Estatuto de Roma. Se reprochaba al TPI que apuntase excesivamente hacia África. No faltaban tampoco voces, como la del ghanés Kofi Annan, que prevenían de los riesgos que una decisión de ese estilo supondría para las poblaciones civiles. Ciertamente son muchos los africanos con cuentas pendientes en La Haya, antiguas como las de Sudán, o más recientes como las de Libia, Chad, Somalia, Mali, Kenia o Costa de Marfil.
Pero, como señalaba una politóloga keniana, directora de la Kenia Human Rights Commission, Lynne Muthoni Wanyeki, ningún Estado africano había ratificado el tratado de Roma por presiones externas; en el propio Tribunal de La Haya hay jueces africanos; además, la mayoría de los asuntos fueron presentados al TPI por los propios Estados y, en fin, cualquiera que dude de su imparcialidad puede denunciar la convención y no aceptar la competencia de la justicia internacional.
Parece evidente que el TPI no es una “institución occidental racista e imperialista”. Menos aún cuando su fiscal general es desde 2012 una mujer de Gambia, Fatu Bensuda, antigua ministra de Justicia de su país y luego adjunta de Luis Moreno Ocampo. Conoce los problemas de un continente con demasiados conflictos, y está contribuyendo a resolverlos.
En esa línea se inscribe la condena de Jean-Pierre Bemba, reconocido culpable el 21 de marzo de dos delitos contra la humanidad y tres crímenes de guerra en la República Centroafricana en 2002 y 2003. Su milicia, el Movimiento para la Liberación del Congo, cometió violaciones, asesinatos y pillajes cuando apoyaba al presidente Ange-Félix Patassé contra los rebeldes del general François Bozizé, que llegó al poder mediante un golpe de estado en marzo de 2003. Es la primera sentencia contra la violación como crimen de guerra, y puede tener efectos ejemplarizantes en los actuales conflictos de la región.
El caso de Radovan Karadzic ha sido fallado el 24 de marzo, no por el TPI, sino por el Tribunal especial para la antigua Yugoslavia establecido por la ONU a finales de 1992. Algunos criticarán que la sentencia corresponde a hechos muy antiguos, pero debe tenerse en cuenta que el imputado vivió muchos años escondido, y sólo pudo ser detenido y puesto a disposición del TPIY en 2008; y los procedimientos jurídicos, especialmente en el campo penal, tienen sus tiempos. Desde entonces, han sido interrogados más de seiscientos testigos, y se han cumplido las exigentes formalidades que garantizan la justicia del proceso contra uno de los responsables de los peores crímenes cometidos en Europa desde el final de la Segunda Guerra: la brutal depuración étnica en una Bosnia plural para conseguir la Gran Serbia impulsada desde Belgrado por Slobodan Milosevic (muerto en 2006 durante su proceso ante el TPIY). Srebrenica y Sarajevo son lugares emblemáticos de la barbarie nacionalista tras la desaparición de la Yugoslavia de Tito.
Por encima de sentimientos encontrados, se impone aplaudir el trabajo realizado por el TPI y el TPIY, que tanto contribuyen a difundir la confianza de que, si no se pueden evitar las contiendas, al menos no habrá impunidad para los delitos que se cometan durante los conflictos. En un mundo interrelacionado, preciso es globalizar también la gran causa de la dignidad humana. Las grandes potencias, comenzando por EEUU, deberían ir por delante.
