El Tribunal Supremo de Estados Unidos da aire a Barack Obama

Se ha producido un amplio consenso entre observadores y comentaristas tras la elaborada sentencia sobre el llamado “ObamaCare”: la ley que establece obligaciones inéditas en materia de salud, que rompen antiguas prácticas individualistas, y arrumban el “cada palo aguante su vela” con normas próximas a los criterios inspiradores del estado del bienestar a la europea.

Antes de nada, un inciso: da envidia el trabajo de ese tipo de instituciones jurídicas más allá de nuestras fronteras. No hay excusas para que el TC español siga sin resolver asuntos de gran trascendencia social, que carecen de la complejidad jurídica de la ley de Obama. Tampoco, que se invoque el respeto a la libertad de los ciudadanos en fechas próximas a consultas electorales, para dilatar decisiones obligadas. Tras la sentencia del TS americano, que beneficia al actual presidente, queda mucho tiempo para seguir dando las previsibles batallas antes del segundo martes después del primer lunes del próximo noviembre…

Una segunda consideración: en el ejercicio de la magistratura se acaban imponiendo la rectitud y la justicia, al margen del origen de los mandatos. No es casual que un juez, supuestamente ultraconservador, haya inclinado la balanza a favor de medidas liberales, en el sentido estadounidense del término.

Efectivamente, John Roberts –nombrado por George W. Bush en 2005, advirtió en el Senado: "no soy un ideólogo"; y se ganó el de los demócratas‑ ha sido decisivo en la aprobación de un texto que será estudiando con lupa en las próximas semanas. En buena medida, porque el argumento fundamental de la sentencia consiste en presentar la ley en términos quizá alejados de su ratio jurídica: una medida de política social se transforma de hecho en norma fiscal y, así, puede entrar en el ordenamiento de EEUU, porque el “gobierno” tiene poder legítimo para imponer impuestos.

Los jueces “conservadores” consideraban que la ley violaba un principio constitucional: la libertad del comercio. El presidente del tribunal estaba de acuerdo con ellos (por tanto, cinco votos de mayoría). Pero también con los “liberales”, que admitían la constitucionalidad de la norma en virtud de la competencia del Congreso para establecer impuestos: y ésta fue la diferencia que dio luz verde a la ley controvertida. En el fondo, como escribió The Wall Street Journal, el Tribunal Supremo “reescribió” la ley aprobada por el Congreso para poder salvarla.

En realidad, la ley obliga ‑por vez primera en la historia‑ a comprar un seguro sanitario, bajo sanción de multa en caso de no hacerlo. Según el presidente del tribunal, la pena no es más que un impuesto sobre los que no contraten ese seguro de salud. La decisión marca un hito en el creativo derecho constitucional estadounidense, pues viene a reconocer el poder del Congreso para intervenir en cuestiones sociales y económicas, aunque de hecho limiten la libertad de los ciudadanos.

La sentencia se produce en plena quincena por la libertad religiosa convocada por los obispos católicos, que no están dispuestos a que la ley se aplique a las instituciones religiosas. En diversas ocasiones han mostrado su acuerdo con el deseo del presidente de asegurar la atención sanitaria de todos los ciudadanos. Pero no han sido menos tajantes al manifestar su oposición al no reconocimiento de la libertad real de esas instituciones, a las que se obligaría –también por vez primera en la historia de la Unión‑ a actuar en contra de sus convicciones. De hecho, tras la decisión del Supremo “continuarán exhortando al Congreso para que aprueba una ley que resuelva los problemas”.

Aunque la sentencia del TS ha salido adelante por la mínima (cinco votos contra cuatro), puede pesar en los comicios del próximo 4 de noviembre.

Refuerza las posibilidades de reelección de Barack Obama frente a su adversario republicano, Mitt Romney, comprometido a revocar la ley si gana las elecciones, aunque, como gobernador de Massachussets, promovió una legislación local en la línea de fondo de la de Obama.

Más le beneficiaría la decisión del Supremo al actual presidente si tuviera magnanimidad con los creyentes, y revisara a fondo el reglamento del equivalente a nuestro Ministerio de Sanidad (Department for Health and Humans Services), para conceder expresamente el derecho a la objeción de conciencia de las instituciones confesionales. Pero no está claro que Obama tenga la capacidad de consenso y compromiso que ha mostrado con John Roberts.