“Turquía se aleja de Europa a pasos agigantados”

Deploró la deriva autoritaria de Turquía, que suscita creciente inquietud en el viejo continente. Esa preocupación no impide tener al país como aliado en la OTAN o haber confiado en su capacidad de ordenar los flujos migratorios -con una magra compensación, cooperando así a su desarrollo económico. Como escribía el corresponsal en Estambul de La Vanguardia, “en la última década la economía turca se ha consolidado como un gigante exportador que aspira a repetir el milagro de Corea del Sur”.

A economía creciente, derechos humanos menguantes: a lo largo del último año, como reacción ante el débil golpe de Estado del 15 de julio de 2016, con referencias continuas al terrorismo, a la subversión o al independentismo kurdo, el presidente Recep Tayyip Erdogan va implantando un régimen autocrático, con muchas semejanzas a las repúblicas islámicas: la confesionalidad musulmana se impone a los principios de laicidad establecidos a comienzos del siglo XX por Kemal Atartürk.

Han sido masivas las purgas de funcionarios considerados no afectos al régimen. Las han sufrido de modo particular los educadores. A la vez, se han producido muchas detenciones y juicios a periodistas, junto con el cierre administrativo de medios de comunicación. Y se ha detenido cualquier evolución para mejorar la condición femenina.

En esas circunstancias, se comprenden las resoluciones del parlamento europeo a favor de los derechos humanos de la población turca, como requisito esencial para proseguir las negociaciones de adhesión a la UE, abiertas hace doce años. Las conversaciones siguen abiertas por parte de Bruselas, también –en expresión de Juncker- para evitar que Erdogan tenga nuevos motivos para culpabilizar a las potencias exteriores de interferir en su soberanía.

Entretanto el presidente turco intenta imponerse en países europeos. Angela Merkel mostró su fortaleza ante su injerencia en la actual campaña electoral, orientando contra la coalición de gobierno a los ciudadanos de origen turco con derecho a voto en Alemania. Además, denunció enérgicamente el 1 de septiembre la detención “por razones políticas” de otras dos personas, con lo que llega a doce el número de súbditos alemanes que Berlín considera detenidos políticos, entre ellos el corresponsal de Die Welt en Turquía. Finalmente, en el debate televisivo del domingo 3, dejó claro que “Turquía no puede convertirse en miembro de la Unión Europea”: promoverá un acuerdo en ese sentido entre los demás Estados de la UE.

Esa actitud contrasta con cierta lasitud mostrada en otros lugares, como España, que aceptan las órdenes internacionales ejecutadas por Interpol a instancias de Turquía. Resulta paradigmático el caso de Hamza Talçin, detenido en el aeropuerto del Prat, acusado de insultar a Erdogan y mantener vínculos con el terrorismo. Esas imputaciones se dirigen contra un escritor que reside desde hace años en Suecia, aunque es colaborador de una revista mensual editada en Estambul.

Esta vez la petición dirigida a Interpol es distinta de los cargos habituales utilizados por el ejecutivo turco: así, también a comienzos de agosto, se ponía en marcha una operación contra treinta y cinco periodistas, acusados por la fiscalía de tener vínculos con la hermandad fundada hace años por el predicador islamista Fethullah Gülen, cabeza de turco oficial del fallido golpe de Estado de 2016, que habría tramado desde su exilio en Estados Unidos.

Obviamente, Washington no ha atendido la petición de extradición contra Gülen. Penoso sería que el gobierno español aceptase en el caso del detenido en Barcelona una petición en nombre de criterios internacionales vulnerados en Turquía, dentro de su reciente y masiva deriva antidemocrática. Aunque parezca increíble, los jueces han actuado de acuerdo con el Convenio europeo de extradición: posibilidad de una detención preventiva mientras se tramita la entrega al país solicitante. Se trata probablemente de una interpretación incorrecta de la norma establecida para la persecución de los delincuentes comunes, no para reprimir delitos de opinión, desaparecidos progresivamente de los códigos penales.

Europa no puede evitar la represión en Turquía, que ha llevado al exilio a periodistas y escritores de cierto nivel. Pero debería ser más exigente, como el gobierno francés tras la detención de un corresponsal itinerante, Loup Bureau, acusado de “pertenecer a un grupo terrorista armado”. Triste sería que, en el supuesto improbable de que la Audiencia Nacional autorizase la extradición de un exiliado turco, con nacionalidad sueca, el Gobierno de España la concediese.

En todo caso, como señala Juncker, el Estado turco se aleja de Europa. Y no estaría de más que lo reconocieran las autoridades deportivas, apartando a sus equipos de las competiciones, como el actual Eurobasket, que terminará paradójicamente en Estambul.