China: contaminación social, política y ecológica
La omnipresencia china en el mundo occidental tiene muchas facetas positivas. Aporta una cultura milenaria de esfuerzo, trabajo y solidaridad, que podría revitalizar una civilización con demasiados signos seniles (lo digo con la boca pequeña, porque acabo de cumplir no pocos años). Pero pienso a veces que el gran enemigo de China es la amoralidad de sus actuales dirigentes, con la evidente complicidad del gran capitalismo occidental, que busca el beneficio económico por encima de cualquier otro criterio práctico.
Escribo estas líneas después de leer un reportaje sobre los lugares de fabricación de tantos productos que consumimos por estos pagos, fiados del renombre de etiquetas relevantes. En realidad, según parece, Europa sigue importando manufacturas elaboradas con el trabajo forzado de los uigures, mayoritariamente musulmanes. Un estudio reciente de la universidad británica de Sheffield Hallam, del que se hace eco el diario Le Monde, concluye que es alta la probabilidad de que unas cuarenta marcas occidentales vendan confecciones fabricadas contra la voluntad de esa minoría china, perseguida en su conjunto, como es sabido.
No citaré nombres, porque todos son muy conocidos, y sería preciso dedicarse a buscar la alternativa de los que no están ahí. Diríamos que la presunción de inocencia desaparece, en parte, respecto de productos que las grandes marcas importan de esa zona geográfica directa o indirectamente, porque las cadenas de aprovisionamiento son cada vez más complejas y la habitual opacidad de las autoridades de China no facilita la investigación. Tal vez por eso, algunas multinacionales se han apresurado a comunicar que no trabajan -o van a dejar de trabajar- con intermediarios sospechosos.
El problema se complica con los traslados, también forzosos, de uigures. Antes, el punto de mira estaba en los talleres de Xinjiang. Ahora la transferencia de uigures a fábricas repartidas por todo el continente amarillo, dificulta el control de las condiciones reales de trabajo. También porque quienes indagan información –con independencia de su nacionalidad- pueden ser imputados jurídicamente por delitos de espionaje.
Como cualquier ciudadano de Hong Kong, amante de las libertades civiles, puede verse abocado a la cárcel o al exilio. Ha quedado visto para sentencia el que, a mi juicio, es un simulacro de juicio contra la disidencia democrática. Se conoce como el proceso de los 47, el número de los que participaron en las primarias de la oposición en julio de 2020. La mayor parte sigue en prisión preventiva desde su detención en febrero de 2021. Con la reforma de la ley electoral, todos los escaños del parlamento son ocupados hoy por diputados “patriotas”, es decir, leales a Pekín. Por si acaso, se ha disuelto la mayoría de partidos de oposición.
Se acusa a los imputados de complot para la subversión, delito tipificado con penas que pueden llegar a cadena perpetua, de acuerdo con la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín un mes antes, a pesar de las grandes manifestaciones populares en contra. El partido comunista chino no permite la menor muestra de oposición o crítica, en evidente violación del espíritu de los tratados de retrocesión firmados en su día con Londres: no debía cambiar nada en los cincuenta años siguientes a la firma de los acuerdos en 1997. El rechazo ciudadano es ostensible, pero sólo puede manifestarse con la abstención: en las elecciones locales ha alcanzado un 27,54%; al resto no le compensa elegir entre candidatos “patriotas”.
Los líderes de China contaminan los derechos laborales y los derechos políticos. También, en sentido estricto, el medio ambiente, que sólo cuidó antes de la celebración de los juegos olímpicos de Pekín. Ciertamente, las emisiones de CO₂ siguen creciendo en un mundo aún dependiente de las energías fósiles. No es necesario insistir en la paradoja de que la COP28 se haya celebrado en Dubái. Sí, en cambio, parece oportuno recordar que China se lleva la palma, con el 31% de las emisiones mundiales, mientras se reduce en Estados Unidos y, sobre todo, en Europa. Según datos recientes, aumentará un 4% en 2023, sobre todo, por la utilización de carbón, un combustible que asegura aún un tercio de la electricidad mundial.
Como en otros aspectos, son maestros del doble juego: Pekín permite que la iniciativa privada inviertadecididamente en energías renovables dentro de su territorio, mientras que los grandes bancos, gobernados por la mayoría accionarial del Estado, lo hacen en energías fósiles fuera de sus fronteras, especialmente a lo largo de la nueva “ruta de la seda”.
Se comprende –competencia obliga- la tendencia europea a frenar los avances estampados en el “pacto verde”.
