Hacia una convención internacional sobre maternidad subrogada
Los padres jurídicos se negaron a aceptarlo, con gran escándalo de la comunidad internacional. Algo semejante sucedió en su día ante la noticia de un japonés que había tenido dieciséis hijos de diversas madres subrogadas, y se proponía el objetivo de llegar a cien.
Ahora, en España, se silencia la ley promovida por el gobierno de Bangkok, que viene prácticamente a suprimir esa práctica tan degradante para la mujer. Se habla más de la situación de dos homosexuales valencianos, que intentan que la madre biológica de una niña nacida por subrogación se la entregue: se negó, según parece, al conocer su condición sexual de los padres jurídicos, que realizaron el contrato a través de una agencia especializada. Como profesionales del marketing y la publicidad, están consiguiendo una notoriedad digna de mejor causa.
El problema se complica jurídicamente para la pareja valenciana, porque acaba de entrar en vigor una ley de protección de los recién nacidos. Prohíbe la maternidad subrogada con fin de lucro, especialmente, en favor de extranjeros. Las clínicas no podrán prestar legalmente servicios de alquiler de vientres, incluida la adquisición y venta de esperma y ovocitos. Estas prácticas se habían generalizado en el país, y acudían a Tailandia parejas de todo el mundo, también homosexuales.
A partir de ahora, sólo tendrán acceso a la reproducción asistida parejas tailandesas sin hijos, casadas y heterosexuales. Para matrimonios entre una tailandesa y un extranjero (o viceversa), deberán haber pasado tres años desde de la boda para poder solicitar una subrogación. La nueva ley limita la posibilidad de poner el útero a disposición de otros a hermanas biológicas. Sólo si los solicitantes son ambos hijos únicos o no tienen hermanas, se admitirá el recurso a una mujer que no forme parte de la familia. En todo caso, funcionarios públicos examinarán cada caso, antes de conceder ese permiso a las parejas.
Además, la ley establece graves penas para el incumplimiento: hasta un año de prisión y una fuerte multa a los médicos que intervengan en los procesos; las mujeres que alquilen su útero por dinero pueden ser condenadas hasta diez años; cinco, para las parejas que demanden la subrogación ilegal.
En Francia se planteó el problema de la inscripción en el Registro civil de hijos concebidos con este procedimiento en el extranjero, pues la ley bioética vigente, de 1994, prohíbe toda comercialización del cuerpo humano. A comienzos del pasado julio, el equivalente a nuestro Tribunal Supremo autorizó una inscripción registral, “casando” las decisiones jurídicas negativas anteriores. Hasta ahora se había considerada que aceptar los hechos consumados era un fraude de ley.
Lo peculiar del país vecino es que la oposición a la maternidad subrogada ha crecido tras esa sentencia, y está protagonizada tanto por quienes se opusieron en su día al reconocimiento de las uniones homosexuales –reunidos en torno a la llamada Manif pour tous , como por buena parte de la izquierda. Así, la diputada socialista Anne-Yvonne Le Dain, jefe de filas de unos cuarenta parlamentarios del PS opuestos a la subrogación. El propio primer ministro, Manuel Valls, afirmó expresamente la vigencia de la ley, a pesar de la sentencia del Tribunal de Casación, y de una decisión precedente contra Francia del Tribunal de Estrasburgo.
Con todas estas informaciones, ha ido creciendo la convicción de la necesidad de una convención internacional contra la maternidad subrogada. Al movimiento francés, en que están primeras figuras, como escribí en estas páginas, se han unido otros en Italia, Reino Unido y Estados Unidos. El terremoto en Nepal –con el avión fletado por Tel Aviv desveló ya la magnitud del turismo reproductivo, que oculta una evidente explotación de mujeres pobres. Todo un reto para las correspondientes comisiones de la ONU, tan celosas de todo lo femenino.
