La cultura de la dimisión en los países del norte

En su denostación de la casta reflejan –se repite el clásico ejemplo del espejo  idéntica incapacidad de asumir la cultura de la dimisión: debe de parecerles un elemento más de ese puritanismo hipócrita que, sin embargo, tantos réditos sociales aporta en el norte de Europa y, en general, en el mundo anglosajón. Me recuerda a los políticos que protestan vivamente contra la judicialización del debate público, mientras en modo alguno asumen la responsabilidad política que, en aquellas tierras, se sustancia con la dimisión.

Por estos pagos, como escribió Santos Juliá en 2011, “la obstinación de aferrarse al poder, para que nadie entienda la dimisión como reconocimiento de un error o de una culpa, ensucia las relaciones entre políticos y ciudadanos, deteriora la democracia, e introduce un ruido en el debate público, que se vuelve ensordecedor cuando la exigencia de responsabilidad se desplaza de la política a la judicatura”.

Estos últimos años la prensa ha dado cuenta de muchas retiradas fulminantes de la vida pública, como consecuencia de la información aparecida en los medios. No han hecho falta decisiones de los partidos, ni mucho menos esperar a la instrucción penal. Porque, como la mujer del César, hay que parecerlo. Y la legítima presunción de inocencia que el político merece como ciudadano cede ante el deber de ejemplaridad. Me limitaré a recordar algunos casos, tirando de fichero.

En septiembre de 2014, dimitió la ministra británica de Cultura, Maria Miller, a raíz de un escándalo sobre su reclamación de gastos excesivos en concepto de vivienda. En una carta enviada al primer ministro británico, señaló que la polémica se había vuelto “una distracción para el trabajo vital que está haciendo el Gobierno”. Además, devolvió 5.800 libras (6.990 euros).

Jérôme Cahuzac fue ministro del presupuesto en el primer gobierno de François Hollande. Tenía como prioridad la lucha contra la evasión fiscal en Francia. Dimitió en marzo de 2013, al conocerse que la fiscalía había iniciado una investigación por su cuenta bancaria secreta en Suiza hasta comienzos de 2010. Otro caso más de alguacil alguacilado.

Quizá lo más llamativo fue la dimisión en febrero de 2012 del presidente de Alemania, Christian Wulff, cuando la Fiscalía de Hannover solicitó la suspensión de su inmunidad por hechos derivados del tiempo en que fue gobernador del Estado de Baja Sajonia: en concreto, haber concedido favores a un amigo, productor de cine, que le habría invitado a lujosas estancias en una isla alemana. Wulff afirmó con fuerza su inocencia en el momento de dimitir, y de hecho fue absuelto por los jueces dos años después. Pero pagó el precio de la púrpura.

Poco antes había dimitido Philip Hildebrand, presidente del Banco Nacional Suizo, acusado de enriquecerse especulando en el mercado de divisas con información privilegiada. El Consejo Federal había solicitado dos investigaciones (una pública y otra privada), que le exculparon, aunque señalaron como dudosa una transacción de su esposa. Pero la divulgación de la sospecha y de la realización de esas investigaciones, le llevó a presentar su dimisión.

Ciertamente, para luchar contra la corrupción, no hay que caer en el extremismo –con frecuencia manipulador  de países con poco sentido del Estado de derecho, como China o Irán. En la República Islámica cuatro acusados fueron condenados a muerte en 2012: por un desfalco de 2.600 millones de dólares en el que estaban implicados siete bancos públicos y privados, el mayor asunto de corrupción desvelado en la historia de Irán. Y de China basta mencionar las campañas periódicas, que permiten la detención extrajudicial de los afiliados al Partido acusados de corrupción. Así cayó en 2012 la estrella emergente Bo Xilai, y ahora le toca a su antiguo protector, Zhou Yongkang, que fue uno de los nueve dirigentes más poderosos de Pekín.

Pero no deja de ser un contraste que dimita un ministro alemán, ante las sospechas de haber plagiado algunos pasajes de su tesis doctoral, mientras aquí se acepta que sigan quienes han falseado notoriamente su currículo académico.

En la historia reciente de España, ha habido alguna excepción, pero, como señalaba hace un par de años Victoria Camps, “en los casos de corrupción política, nadie dimite, nadie se avergüenza de lo que ha hecho, nadie confiesa sus errores ni sus faltas, todo queda remitido a la dinámica procesal que será favorable o no al acusado”. Por desgracia, en esto no parecen distintos los nuevos partidos “anti-casta”.