Defender la seguridad ciudadana sin abusos policiales
Gracias a Hollywood conocemos cómo se las gasta la policía de Estados Unidos. Se entienden las noticias periódicas de sospechosos fallecidos en el contexto de la detención por su oposición o desacato. Pero, hasta la muerte de un afroamericano de 46 años, George Floyd en Minneapolis, hace ahora un año, no se había podido contar con un vídeo de la escena: murió asfixiado, de rodillas, ante un policía blanco. De ahí la enorme repercusión que ha tenido este caso. Y la urgencia de reformas, encalladas actualmente en el Senado, por la gran complejidad de la estructura social americana, acentuada en estos momentos por el movimiento del Black Lives Matter.
La Cámara de Representantes –mayoría demócrata- aprobó semanas después del luctuoso suceso un proyecto de ley, que recibió el nombre del propio George Floyd. La norma se propone, entre otros objetivos, limitar la "inmunidad cualificada" de que gozan los agentes policiales, para prácticamente eliminar su responsabilidad ante determinados "errores"; además, prohibiría las técnicas de estrangulamiento para realizar una detención. Pero la reforma sigue bloqueada por senadores republicanos que no desean reducir esas prerrogativas, a su juicio necesarias para el mantenimiento del orden público, en un clima general de incremento de la violencia.
Lo difícil es abordar las razones de fondo que provocan el aumento de la conflictividad social: aparte de consecuencias derivadas de la anomia típica del cambio de modelo cultural, influye demasiado el excesivo consumo de estupefacientes –se habla de una epidemia de opiáceos, más letal que el coronavirus-, así como el acto porcentaje de dolencias psíquicas insuficientemente tratadas a pesar del abundante número de psicoterapeutas. Además, está el hecho –no necesariamente fruto de comportamientos racistas- de la desproporción negativa de afroamericanos en la población carcelaria de Estados Unidos.
El problema se plantea también en estos momentos en Francia, como un punto central del debate político, en el horizonte de las elecciones presidenciales de 2022. Me he referido en alguna ocasión al miedo provocado por la inseguridad, especialmente tras los atentados provocados por el terrorismo islamista, hasta el punto de que los líderes políticos compiten en ser los primeros en defender el orden público. No obstante, es lógico que en el país de los derechos humanos, no se acepten medidas que limitan, por ejemplo, el derecho de reunión o manifestación, o se critiquen severamente los aislados abusos policiales. A pesar de la presión de las propias fuerzas de seguridad, que han protagonizado manifestaciones. Tras el asesinato de Aviñón, fue multitudinaria la del pasado 19 de mayo, ante la Asamblea Nacional, para reclamar más medios y más severidad de los jueces. Apoyaron con su presencia el propio ministro de Interior y cargos electos de izquierda y derecha.
En su deseo de ponerse al frente de la lucha por la convivencia pacífica, el presidente Macron, con la mayoría parlamentaria de su partido en la Asamblea, y la conservadora del Senado, sacó adelante una ley de seguridad global, calificada por la oposición socialista como liberticida. El Consejo Constitucional les ha dado la razón en parte, al censurar varios artículos de la ley –siete de veintidós-, de modo particular uno emblemático, que trataba de proteger a los agentes del orden, con la tipificación de un nuevo delito de provocación a la identificación de los policías para dañar su integridad física o psíquica. Para el Constitucional, el legislador no ha definido suficientemente los elementos constitutivos del delito. Una razón semejante, unida a la falta de garantías para salvaguardar el respeto de la vida privada, lleva a la censura de la vigilancia policial con drones.
Nada tiene que ver con este tipo de problemas la inseguridad que sufren en China los católicos y, en general, los creyentes. Allí la policía no defiende el orden público cuando viola directamente derechos humanos fundamentales como el de la libertad religiosa. En sólo dos días, según AsiaNews, "casi todo el personal eclesiástico de la Prefectura Apostólica de Xinxiang –con unos 100.000 fieles- ha sido eliminado en una operación llevada a cabo por las fuerzas policiales de la provincia de Hebei". El 20 de mayo, siete sacerdotes y diez seminaristas fueron detenidos en el edificio utilizado como seminario diocesano. Al día siguiente lo fue también –una vez más- el propio obispo, Joseph Zhang Weizhu, de 63 años. Pero no podía dejar de mencionar esta notoria injusticia, típica de la actual opresión china, al reflexionar sobre abusos policiales.
