La negación de la democracia en Venezuela
Como se sabe, puso en marcha inmediatamente mecanismos para perpetuar su poder, con la colaboración de un Tribunal Supremo partidista y tan poderoso como para garantizar la supremacía del Jefe del Estado sobre cualquier mayoría en la asamblea legislativa.
Acaba de comprobarse con la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía aprobada a finales de marzo por los diputados, que habría devuelto la libertad a presos políticos, más importantes quizá por su calidad que por su número. Basta pensar en los dos años de cárcel de Leopoldo López, “el preso político más conocido de Latinoamérica”, como expresaba un editorial de El País hace poco más de un mes, con mención expresa de ese “pseudoproceso judicial que no resiste el más mínimo análisis de garantías legales”.
Se trata de un intento grave de frenar una tendencia, presente en otros países de América del Sur, que camina hacia la normalización política y la estabilidad de una convivencia demasiado asediada en el siglo XX por la violencia. Es una cuestión seria para el futuro de la región; indirectamente, también para países europeos en que rebrota cierto populismo, aunque no llegue al extremo de los españoles que aplauden descaradamente el chavismo. No sé por qué me recuerdan los viejos tiempos, antes de que Santiago Carrillo lanzara aquel eurocomunismo, que –a pesar de apariencias- no procedía de praxis ni doctrinas italianas (Palmiro Togliatti, Antonio Gramsci), sino de la astucia de Stalin que tanto influyó en Largo Caballero.
Los seguidores de Hugo Chávez preguntaban que cuántas elecciones tenía que ganar para reconocer el fundamento democrático de su poder. Ciertamente, mucha limpieza necesitaba quien había sido líder de un golpe de Estado. Ahora, ese argumento se vuelve contra Nicolás Maduro, que no parece capaz de rectificar ante el veredicto de las urnas, ni ante libertades y derechos previos.
Todo indica –salvo quizá para el actual presidente y una fracción del ejército, incierta en su poder real que la sociedad de Venezuela no está por dictaduras personalistas, ni por la dirección autocrática de la vida administrativa y económica. La escasez de bienes de consumo normal no hace sino acentuar la angustia ante el futuro, más aún tras la fallida reunión en Doha de las naciones productoras de petróleo. No hay de momento alivio tampoco para Venezuela.
La Mesa de Unidad Nacional (MUD) va adelante en su hoja de ruta para forzar a Nicolás Maduro a dejar la presidencia, utilizando los recursos jurídicos establecidos en la Constitución. Trata de fortalecer el movimiento popular pacífico, plantear una enmienda para tener elecciones presidenciales en 2016, sin perjuicio de una nueva “ley de referendos”, que permita convocar y realizar con eficacia el “revocatorio” del jefe del Estado.
En los regímenes presidencialistas -Francia, Estados Unidos- se produce de vez en cuando la “cohabitación”, que da lugar a tensiones ante medidas concretas. Pero se resuelven de ordinario a base de diálogo y cesiones mutuas, sin llegar a los extremos de la radical confrontación producida en Venezuela. La decisión del Tribunal Supremo ahonda en el conflicto, porque no es verdad que se conceda la amnistía a personas condenadas por delitos comunes o violaciones de los derechos humanas, en contra de lo previsto en la Constitución del país bolivariano. Ha recibido críticas internacionales abundantes, desde organismos de la ONU hasta la Internacional Socialista.
Por eso, causa estupor que José Luis Rodríguez Zapatero vaya a participar en la “Comisión de la Verdad, por la paz y la justicia” -a la que dio luz verde Nicolás Maduro al día siguiente de la decisión del Supremo-, para evaluar los hechos de violencia ocurridos en Venezuela durante los últimos quince años. La impulsa oficialmente la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organización muy vinculada al propio régimen chavista. No cuenta lógicamente con el apoyo de la MUD. Probablemente tampoco de Felipe González, crítico activo del régimen chavista, a pesar del silencio oficial del PSOE.
De momento, las arbitrariedades parecen fortalecer la unidad de la oposición, compuesta por representantes de partidos diversos, con el único deseo común de intentar construir un régimen democrático en su país, después de tantos años de incertidumbres y golpes de Estado, de continuas limitaciones a derechos básicos en materia de comunicación y participación ciudadana.
