Políticas de educación en un mundo complejo

         El viernes leí dos titulares con pocos minutos de diferencia: uno se refería al debate sobre la puesta en marcha de un experimento educativo oficial sobre las ventajas o inconvenientes de los uniformes escolares en Francia; el segundo, a un acuerdo del Gobierno español con las comunidades autónomas para aplazar la aplicación de la ley de Universidades aprobada a propuesta de un equipo anterior al actual.

         A mi entender, son dos ejemplos claros del déficit de autonomía real que tienen los educadores en muchos países para adaptar los ritmos y exigencias de la enseñanza a las realidades sociales y docentes. La vida real suele distar bastante de modas, generalidades y apriorismos impuestos a golpe de leyes y normas administrativas.

         La importancia y desarrollo de los sistemas educativos puede rastrearse en una evolución de siglos, con hitos significativos en la Grecia clásica, en las grandes universidades de la Europa medieval, que España llevaría pronto a las Américas y en el enorme desarrollo científico impulsado por la Ilustración, con su no pequeño punto de reacción contra el predominio de la Iglesia y de las diversas confesiones cristianas en la enseñanza. Con frecuencia se olvida quién fundó aquellas universidades (Harvard incluida), así como los promotores de tantas instituciones creadas para llevar la alfabetización y la cultura a los más desfavorecidos socialmente.

         En cierto modo, el hito más reciente de esa evolución es la asunción por el poder civil de la enseñanza en sus diversos niveles. En mis años de facultad, nos quejábamos de las esclerosis de la universidad napoleónica. En cambio, alabábamos la expansión total de la educación primaria, que llegaba al último rincón de los países desarrollados y aseguraba un mínimo de cultura para todos. En ambos casos, las responsabilidades recaían sobre la autoridad civil, de acuerdo con las leyes que iban regulando con detalle el sistema docente, hasta llegar ahora a la educación preescolar o la formación profesional continua...

         El establecimiento de una enseñanza obligatoria, y el moderno intervencionismo administrativo se justifican en occidente por el objetivo social de atender al derecho a la educación de los ciudadanos. Pero tienen un riesgo añadido –confirmado por la experiencia-: imponer a todos también los criterios intelectuales o ideológicos de quien ocupa el poder, sea en términos laicistas tipo Jules Ferry, sea en el radical autoritarismo de los sistemas comunistas o islamistas.

         A esas tendencias, incompatibles con la democracia, se une ahora la tremenda presión en los medios informativos y en las redes sociales de lo políticamente correcto, tendencialmente impuesto. Me he referido en otras ocasiones a la guerra cultural que, desde arriba, se libra actualmente en las universidades de Estados Unidos. Pero, a raíz de la pandemia del covid, ha aflorado también la gran desconfianza de los padres de familia ante las respuestas nada altruistas que recibieron de las juntas escolares y de los poderosos sindicatos de profesores. Cada vez entienden menos, por ejemplo, que se opongan a la iniciativa de las charter scholls, que han mostrado su eficiencia, también para elevar el nivel académico de centros situados en zonas de hecho menos favorecidas. Y crece así el movimiento pro choice –en este caso, de escuela- entre las familias con hijos.

         Aunque no sea muy coherente, en España respetamos con normalidad que figuras destacadas por su defensa a ultranza de la escuela pública procedan o lleven a sus hijos a centros privados de prestigio. No es el caso de Francia, donde –aunque no sea la razón única- la ministra de educación designada por Macron en la última crisis, acabó dimitiendo en semanas por haber llevado a sus hijos al conocido colegio Stanilas de París.

         La rigidez burocrática y la imposición ideológica están en el origen de muchos males de los sistemas educativos occidentales. Pase que se establezcan horas mínimas de enseñanza para las diversas materias y sea obligatorio un “examen de Estado” al final de los años de escuela obligatorios. Pero -puedo estar equivocado- no entiendo que desde el poder se programe casi todo e, incluso, se defina el contenido de las matemáticas o de la historia... Está en juego el aprendizaje de las nuevas generaciones y el futuro de la democracia.

 
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