Propuestas para fortalecer la democracia en occidente
Hace unos días leí la tribuna de Martin Hirsch, un alto funcionario público francés que ha ocupado también cargos políticos de entidad en gobiernos de signo diverso, con siete propuestas para una democracia más diferenciada, más personalizada y más participativa. Su enfoque principal es dar cauce positivo a la evidente tendencia al individualismo –inseparable del crecimiento de la desconfianza hacia la autoridad-, en una sociedad que requiere la solución de problemas de interés general cada vez más acuciantes.
El diagnóstico y el tratamiento parecen adecuados. Pero, en algunos países –especialmente España-, sería preciso consolidar antes las exigencias del estado de derecho, de la división de poderes, de la jerarquía de las normas. No se puede combatir una pandemia, o ganar la lucha contra el terrorismo, al precio de limitar libertades y derechos civiles. La experiencia muestra que los estados de urgencia tienden a concatenarse y perpetuarse; no es fácil dar marcha atrás, si los gobernantes prefieren una supuesta eficacia a la cultura democrática.
Aun sin llegar a situaciones excepcionales, en buena parte de Europa crece el poder ejecutivo a costa del de representantes y jueces. En algunos países no se valora suficientemente la ética de los procedimientos, con el consiguiente exceso de figuras como el decreto-ley, o de procedimientos anómalos que sortean la intervención preceptiva de los organismos consultivos propios de la soberanía compartida.
En parte, se explica por la demanda de eficiencia y rapidez en un mundo caracterizado por la comunicación casi instantánea. Pero la convivencia en libertad –a pesar de los buenos deseos de todos- tiende a aumentar la conflictividad y, por tanto, la litigiosidad jurídica. De ahí la necesidad prioritaria de afinar los procedimientos y, sobre todo, de asegurar la independencia de los jueces y dotar de medios a la administración de justicia, tanto en la esfera civil como en la penal.
La dilación en los enjuiciamientos es causa de notorias injusticias: baste como ejemplo el fenómeno de la superpoblación carcelaria que da origen a condiciones indignas, condenadas por el Tribunal europeo de derechos humanos en causas contra la mismísima Francia. Como escribió Alain Touraine, deberíamos considerar la sociedad democrática “como un lugar de encuentro de conflictos y de combinaciones entre acción estratégica e identidad; y, en consecuencia, como un espacio de formación de proyectos y de experiencias de vida fuerte o débilmente integrada”.
Otra gran cuestión es articular adecuadamente la protección de las minorías –de muy diferentes tipos-, sin llegar a excesos que provocan auténticos bloqueos contra las expresiones sociales mayoritarias. En Suiza se ha encauzado el problema acudiendo con mucha frecuencia al referéndum popular. Esa posibilidad existe también jurídicamente en otros lugares, como se comprueba en Estados Unidos cada dos años. Pero en nuestro entorno los políticos tienen más bien miedo a ese tipo de consulta, en gran medida, por el riesgo de transformarlo en plebiscito, en moción de censura.
De otra parte, como señala Martin Hirsch, “la descentralización no es sólo una cuestión institucional, es también una cuestión de vida cotidiana y de igualdad real”. Permite tomar decisiones ajustadas a las necesidades de cada territorio, también, por ejemplo, respecto de rentas básicas o salarios, para superar los efectos de una regulación uniforme dentro de un Estado, cuando las condiciones sociales pueden ser muy diferentes en las diversas regiones.
Para el progreso de la democracia, en fin, resulta esencial la igualdad de oportunidades educativas. Por eso, importa mucho evitar los efectos negativos de leyes igualitarias que rebajan la exigencia intelectual de los alumnos y, en la práctica, incapacitan a los menos dotados para aspirar a buenas opciones de futuro. A la vez, hay que avanzar en oportunidades, porque, de hecho, en América como en Europa, persisten demasiadas brechas en los sistemas educativos, que no coinciden necesariamente con las proclamaciones demagógicas o populistas, a las que, con carácter general, suelen abonarse los enemigos de la democracia. Sin duda, son un serio límite a la participación democrática.
