Alternativas para enfrentar la crisis cubana

La falta de preparación y el persistente inmovilismo gubernamental para enfrentar los efectos de la crisis económica internacional representan los peores aspectos de la situación que atraviesa la sociedad cubana. Un fenómeno global de tal magnitud siempre hubiera causado daños como sucede en distintos países.   Sin embargo, pudieron haberse atenuado, si la sociedad cubana estuviera mejor preparada para arrostrar esta peligrosa coyuntura. Objetivo posible, en alguna medida, si las promesas     de cambios estructurales y de conceptos formuladas por el Presidente Raúl Castro en julio de 2007, se hubieran materializado. 

Se ha perdido un tiempo precioso y, como consecuencia, ya hasta el gobierno reconoce los impactos de la crisis mundial sobre una sociedad que no ha superado los estragos ocasionados por la pérdida de las subvenciones del bloque soviético. Incluso puede afirmarse que se encuentra menos preparada para afrontar esta situación que a principios de los años 1990. Su infraestructura productiva está muy dañada por 20 años de Período Especial, y las condiciones políticas y sociales   son más adversas.

En estos momentos, lo peor que podría suceder sería que las autoridades mantuvieran su actitud inmovilista y la suicida obstinación a negarse a emprender la liberalización de las fuerzas productivas, que permita poner en tensión las reservas humanas y materiales bloqueadas durante tantos años. Hay que dejar atrás conceptos fracasados y prejuicios absurdos para empezar a conjugar sin ambages el interés personal de los cubanos con los requerimientos de la sociedad. Esto no está en contradicción con la existencia de propiedad social, administrada por el Estado, como sucede en diversos países. Las distintas formas de propiedad en modo alguno se contraponen, al contrario pueden complementarse en un marco de libertades democráticas y justicia social; en un estado de derecho, donde los intereses de todos los ciudadanos sean considerados y respetados.

El gobierno ha reconocido la iniciativa privada, pero contradictoriamente sólo referida a los intereses foráneos, dando prerrogativas en algunos aspectos hasta censurables, como las existentes en el campo laboral, perjudiciales a los derechos de los trabajadores cubanos. En los momentos actuales, cuando se habla hasta de “ahorro o muerte”, por qué no se permite a los cubanos explotar masivamente y en propiedad los millones de hectáreas de tierra cultivable ociosa, y se les apoya en un contexto de gestión flexible, para motivar el incremento de la producción agropecuaria y terminar la vergonzosa importación de más del 80,0% de los alimentos. Esa medida estaría en línea con los objetivos   originales de la revolución, presentes en la Constitución de 1940; así como con las ideas   martianas a favor de la “creación de muchos pequeños propietarios”.   

Al mismo tiempo, por qué no se deja de perseguir y obstaculizar el trabajo por cuenta propia, cuando lo que se necesita es ampliar su marco legal y promoverlo, creándose un mercado mayorista para que las personas dedicadas a esta actividad puedan obtener insumos y no estén obligados a recurrir al mercado negro. Se impone también la necesidad de que el Estado deje de administrar miles de tiendas, restaurantes y chichales (micro fábricas) absolutamente incontrolables centralmente, a través de un proceso masivo de privatización o cooperativización basada en la voluntariedad; en combinación con la posibilidad de que los ciudadanos emprendedores puedan crear pequeñas y medianas empresas (PYMES), como hicieron exitosamente China y Viet Nam en una primera etapa.

Esas medidas traerían extraordinarios beneficios sociales; serían fuentes de riquezas, empleo, flexibilidad para la económica en su conjunto, a diferencia de las empresas estatales que en un porcentaje muy elevado son rémoras improductivas e ineficientes, receptoras de subvenciones,   dilapidadoras de recursos materiales, humanos y financieros, que de esa forma se malgastan con un alto perjuicio social. Ejemplo de ello es el pequeño sector privado de la agricultura que con algo más del 20,0% de la tierra cultivable, sin recursos y múltiples prohibiciones, hoy entrega más del 60,0% del total de la producción agropecuaria nacional, además paga impuestos.

Cuando la Administración Obama ha abierto la posibilidad de mayor envío de remesas, el gobierno cubano podría alentar, con medidas económicas, que quien lo desee las utilice en la creación y promoción de empresas en el campo y la ciudad, a través de adecuadas formulas fiscales, monetarias y crediticias, al igual que en otros países, con el objetivo de estimular el desarrollo nacional.

Los cubanos residentes en el exterior pueden ser un decisivo factor de desarrollo, por lo que deben recibir garantías para traer sus conocimientos y recursos, y así coadyuvar con los factores internos en el desarrollo de Cuba. Resulta absurdo continuar con la práctica de conseguir la solución a nuestros problemas en otras naciones, cuando con más seguridad podemos encontrarla entre compatriotas. Por supuesto, habría que crear un ambiente propicio para que esa política pueda funcionar. Un marco jurídico adecuado es indispensable, así como la determinación de abandonar esquemas políticos obsoletos que tienen entrampado el futuro de la nación. 

Al estudiar los éxitos económicos de China, se aprecia el indudable valor laboral de ese pueblo, pero también está la cooperación de la comunidad china en ultramar que, con sus conocimientos y capitales, han realizado enormes inversiones en territorio continental. Cierto, nos encontramos en un momento de crisis poco propicio, pero terminará, y desde ahora deben tomarse medidas para favorecer ese rumbo. También existe el enorme obstáculo de la situación anormal de las relaciones con Estados Unidos, pero con la diferencia de que ahora en esa nación, donde está asentada abrumadoramente nuestra comunidad en el exterior, gobierna una Administración dispuesta a mejorar los vínculos con la Isla. Las demandas de gestos positivos hechas a las autoridades cubanas, como es la liberación de los presos de conciencia y políticos pacíficos cubanos, o la toma de graduales medidas democratizadoras, resulta erróneo verlas como interferencias extranjeras, cuando son urgentes requerimientos provenientes   del más alto interés nacional.      

 

Si la sociedad cubana empezara a cambiar positivamente, la repercusión internacional sería notable.   La tendencia a la desconfianza sobre las perspectivas nacionales podría detenerse. Jamás podrá pensarse en inversiones extranjeras serias, sin la normalización de la situación interna y el abandono de un sistema político y económico totalmente desacreditado.

La peligrosa coyuntura que enfrenta Cuba refuerza la necesidad de hacer cambios y transformaciones radicales. El inmovilismo de mantenerse, podría conducir   al caos.

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