Después del GAL, el Faisán
En manos de Zapatero está que su partido no vuelva a protagonizar una de las páginas más negras de la lucha antiterrorista. Si el Presidente del Gobierno no impulsa una clarificación total sobre quienes fueron los responsables políticos y policiales que dieron luz verde en el 2006 para que se avisara a uno de los responsables de la red de extorsión de ETA, el dueño del bar Faisán, pasará a la historia como un responsable público indigno que bajo su mandato se cometió esa tropelía: que los policías avisaran a los terroristas para que estos pusieran pies en polvorosa.
Zapatero era un diputado de a pié por León cuando el Gobierno de Felipe González amparó y consintió la denominada “guerra sucia” contra ETA a través de los GAL, por la que acabaron en la cárcel un ministro del Interior, José Barrionuevo y un Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. Sin ninguna duda, después de los GAL, el chivatazo a ETA del Bar Faisán es el mayor escándalo en la lucha antiterrorista y, ¡oh casualidad!, está protagonizado de nuevo por un gobierno socialista.
El agravante de este caso es que ese aviso a ETA se produjo para no entorpecer el mal llamado “proceso de paz” que por entonces llevaba adelante Zapatero y que como ha quedado claramente demostrado a medida que se fueron conociendo el contenido de las conversaciones y reuniones que mantuvieron en Loyola el PSE con el PNV y Batasuna, no fue otra cosa que un proceso de negociación política con la banda terrorista y con su brazo político que para mas inri, estaba ya ilegalizado.
Es decir, que lo que tendría que ser un normal funcionamiento del Estado de Derecho – que la policía persiga y detenga a los terroristas que quieren extorsionar a los ciudadanos pidiéndoles dinero para financiar su actividad delictiva- se supedita a lo que el poder político, por conveniencia, determine desde otras instancias. Es decir, el fin justifica los medios: si no conviene detener a los terroristas, se les avisa para que escapen y asunto arreglado.
Lo tremendo de este asunto es que, seguramente, el dinero recaudado por esa trama que tenía como uno de sus cabecillas al dueño del Bar Faisán, se pudo emplear para mantener a los terroristas que posteriormente cometieron atentados como el del inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Eduardo Puelles o el de los dos guardias civiles asesinados a finales del pasado mes de julio en Palma de Mallorca. Eso es lo terrible de toda esta infame historia.
Por eso ha hecho muy bien el PP en anunciar que esta semana se personará en la causa abierta ante los tribunales por este gravísimo asunto con el fin de que no sea archivado. Es muy necesario que tanto el principal partido de la oposición, las asociaciones de víctimas, los medios de comunicación que no están a lo que se les diga desde los aledaños del poder y la sociedad en general sean muy exigentes a la hora de pedir responsabilidades. Esto no puede acabar en un archivo y en pasar página. Aquí tiene quien saberse quien dio materialmente el chivatazo y quien desde las instancias políticas lo alentó o al menos lo permitió.
