Hipótesis de un secuestro
El juicio contra los etarras «Txapote» y «Amaia» por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el secuestro en Gaza por parte de milicias palestinas del soldado israelí Gilad Shalit —cuyo paradero se desconoce a la hora de redactar estas líneas—, son dos hechos en principio inconexos que se producen en latitudes y situaciones muy diferentes, aunque tienen en común la entraña terrorista y una práctica y casual inmediatez en el tiempo. Ambas coincidencias nos llevan a plantear una cuestión de interés, ahora que Zapatero ha decidido meternos velis nolis en un irrefrenable «proceso de paz». Cuando las dos alimañas que ahora se enfrentan a la acción de la justicia raptaron primero y ejecutaron poco después al concejal de Ermua en julio de 1997, la reacción fue inequívoca por parte de la sociedad y del Gobierno: en ningún caso debía cederse al chantaje. La esencia perversa del terrorismo consiste precisamente en el designio de forzar la voluntad mediante la coacción hasta el límite de lo soportable y, si hace falta, un paso más allá. En esa dolorosísima encrucijada a la que conduce el empleo del terror, nunca han faltado los partidarios de preservar la vida humana individual en detrimento de una, según su parecer, abstracta razón de Estado. Lo mantenía hace casi treinta años Leonardo Sciascia respecto a Aldo Moro y otro tanto hacía, algunos meses atrás, Sánchez Ferlosio tras un secuestro de cooperantes en Iraq. No es esa decisión, más que discutible en términos estratégicos, la que adoptó Aznar en su momento ni ha sido la de Ehud Olmert, quien, en los antípodas de la cesión, ha puesto en práctica lo que él mismo ha denominado «medidas extremas» para intentar liberar a Shalit. Son muy diversas las circunstancias en un caso y en otro; poco tienen que ver los conflictos inducidos por el terrorismo nacionalista vasco y por el palestino. Ahora bien, la actitud del Gobierno ha sido en último término la misma: descartar de inmediato y por principio cualquier veleidad de diálogo con los asesinos. Ahora bien, supongamos —y ojalá nunca ocurra— que en la España presente, tan distinta a la de hace unos años por muchos conceptos, una ETA en compás de espera, que no obstante sigue induciendo al terrorismo callejero y continúa cobrando la extorsión a los empresarios, se siente disconforme en un momento determinado con el tempo del «proceso» y opta por acelerarlo mediante un secuestro. ¿Cuántas verificaciones tendría que practicar el Gobierno de Zapatero para comprobar que efectivamente se ha producido tal delito? En caso que se constatase, ¿de verdad podría considerarse una ruptura del «alto el fuego», puesto que como tal no se ha abierto fuego? ¿No es acaso la paz una demanda mayoritaria de los españoles, según repiten hasta la sociedad el presidente y sus acólitos? En la hipótesis de un secuestro, ¿cuánta miseria seríamos capaces de tolerar?
