Ley audiovisual: de Cataluña a Valencia pasando por el PP
Uno de los efectos más perversos de la laxitud del gobierno actual y de los que le han precedido a la hora de repensar el marco regulatorio general de la radio y la televisión en España es la descomposición progresiva y acelerada de lo que se ha venido considerando como el “espacio audiovisual español”. No se trata ya de que cada Comunidad Autónoma haga del repertorio de derechos y libertades en materia de comunicación e información, comunes a todos los ciudadanos, un recortable adaptado a sus peculiaridades y mismidades autonómicas, sino que hasta el propio éter comienza a ser troceado y expropiado ante las narices de una Administración central a la que, incumplidos los calendarios prometidos de regulación del sector, no le queda más recurso que el derecho al pataleo
Algo así es lo que ha sucedido con la reciente resolución del Tribunal Constitucional –tan reciente que sólo conocemos de ella la conclusión filtrada a las agencias de prensa, pero no sus fundamentos—por la que se ha levantado la suspensión a la mayor parte del articulado de la Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, que fue recurrida por el Gobierno y también por el Partido Popular. Resulta que después de tanto ruido sobre la extensísima ley –146 artículos, cuatro disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria y otra final-- , las nueces parecen ser más bien escasas según dice el TC.
El mismo día que se daba a conocer la resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, el Gobierno acordaba presentar recurso de inconstitucionalidad contra la ley homóloga de la Comunidad Valenciana, que ha pasado con mucho más sigilo por las páginas de información y opinión de los medios nacionales que la catalana a pesar de que contiene al menos tantos elementos de debate como ésta e incluso va más allá en algunos extremos.
Los que se rasgan las vestiduras por la posibilidad contemplada en la ley catalana de que se pueda llegar a cerrar una radio o una televisión si el denostado CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña) decide que ésta no ha respetado el principio de veracidad de la información, encontrarán motivos más que sobrados en la ley valenciana para elevar el tono de sus críticas ya que ésta va más allá al exigir a los medios no sólo veracidad, sino también objetividad e imparcialidad.
Si los catalanes tienen el CAC, los valencianos se dotan del CACV (Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana). Si unos exigen cuotas de programación en catalán, los otros no se contentan con que se emitan contenidos doblados, sino que exigen que al menos el 20% de todo lo emitido haya sido producido en la propia Comunidad Valenciana. Nadie ha dicho nada, tampoco, de la cuando menos extravagante exigencia de obligar a todas las empresas del sector audiovisual valenciano –productoras, distribuidoras, laboratorios, estudios de rodaje y doblaje, etc— a inscribirse en un Registro General de empresas audiovisuales. Y tampoco parecen haberse levantado voces críticas contra la imposición de todas estas exigencias no sólo a los medios que difunden únicamente dentro del territorio valenciano, sino también a los medios nacionales, en las desconexiones territoriales, lo que implica una apropiación de la gestión del espacio radioeléctrico que hace bien en recurrir el Gobierno central. Mejor sería que hubiera regulado a tiempo, aclarando y redefiniendo las reglas generales del juego. Pero si al Gobierno cabe reprocharle más retrasos de los debidos a la hora de promover iniciativas legislativas, ¿qué decir del PP, que si recurre la ley valenciana va contra sí mismo y si no recurre, también?
