Pedófilos al poder

Al poder, pero el de verdad y no el meramente retórico que suele tener la expresión, podrían llegar en Holanda los pedófilos si el electorado así lo determinase. En el país de los coffee shops y la asistencia a la buena muerte, un tipo llamado Ad van den Berg ha decidido fundar con unos amigos, para presentarse a las legislativas, el partido Amor al Prójimo, Diversidad y Libertad. Propone reducir la edad legal para la práctica de relaciones sexuales hasta los doce años y la legalización de la zoofilia, así como el fomento del uso del inglés en la Administración o el control de las finanzas, propuestas estas últimas absurdas, comparadas con la sensatez de las anteriores.   Si la extensión de los llamados derechos civiles –aventura en la que nos ha embarcado la corrección política vigente– exige el arrumbamiento de la moral tradicional por obsoleta, no se sabe muy bien qué argumentos oponer al otrora presumiblemente escandaloso programa electoral de Ad y sus congéneres. Inmersos como estamos en el agua destilada del relativismo, sin referencias claras en torno al límite de lo admisible, no es de extrañar que aparezca quien proponga una mamarrachada –o, en el peor de los casos, un delito–, y haya alguien que se apreste a hacer un alegato en pro de su conveniencia.   Una vez sentado el principio de que las relaciones sexuales se basan únicamente en el mutuo acuerdo, no hay mucha enjundia teórica para poder coartar la libertad de un adulto que desea la coyunda con un prepúber de doce años bien informado –por la escuela progresista correspondiente– de lo que se dispone a disfrutar y lo consiente. Como tampoco la hay para impedir al pastor un alivio con su oveja, siempre que ésta diga sí, pues es un grave delito la violación de los animales, como bien aclara el partido de Ad. Si se lleva hasta las últimas consecuencias la aplicación de los derechos humanos a los simios, como quiere Zapatero, acabaremos viendo bonitas familias mixtas paseando por las frondas del Retiro.   A raíz del entonces aún proyecto de ley de matrimonios homosexuales, el año pasado levantó polémica un dictamen del CGPJ en que se trataba de acotar el concepto de familia. Los extremos a que podría dar lugar la equiparación según el órgano judicial, descartados por inverosímiles, ya son reivindicados por unos ciudadanos holandeses que desean optar al poder. No quiero decir con ello que en España estemos abocados a eso mismo, sino que, con los pertrechos del pensamiento débil, es imposible combatir el disparate. Si mañana se le ocurre a un quídam inscribir Amor al Prójimo, Diversidad y Libertad en el registro español de partidos, ¿con qué razonamientos bien fundados podríamos impedírselo?