Sinergia
Pocas veces se habrá dado una compenetración tan perfecta entre el poder ejecutivo y el judicial para el logro de unos mismos fines como la que caracteriza al presidente Zapatero y al fiscal Conde Pumpido. Éste, en un desayuno con periodistas, afirmó el jueves que «algunas personas» consideran la quimérica anulación de todas las listas de ANV como un «Guantánamo electoral» en el que unos ciento cincuenta mil ciudadanos se quedarían sin representación posible. Palabras aclaratorias, sin duda, para quienes aún no comprenden sus demediadas actuaciones.
El sujeto mismo de la oración, formulado con esa vaguedad que le confiere el determinante indefinido, ya es en sí un indicio delator del poco cándido don Cándido. «Algunas personas»... ¿son sólo los adláteres de los terroristas, los que dan su voto indecente al partido de la ETA? ¿O son también, de forma indirecta, todos aquellos que están empeñados en redimir las culpas de la izquierda abertzale mediante el sencillo expediente de no querer verlas? En el primer caso, el fiscal general podía haber sido más específico. En el segundo, nada inverosímil, me recuerda a la estrategia irónica de autoacusación a la recurre quien, sorprendido con restos de cacao entre los dientes, admite en tercera persona: «Ups, alguien se ha terminado los bombones...».
Por otro lado, la metáfora del «Guantánamo electoral» resulta muy acorde con el asunto que está empleando el Gobierno como argumento central de su campaña: la guerra de Iraq. Conde podía haber hablado de limbo o de vacío de representación, pero entonces no hubiera aportado ningún elemento connotativo a esa caja de Pandora de la derecha que, según el PSOE, exhala belicismo, manipulación, mentira y brutalidad. Las sugestiones están muy bien trabadas: el mismo PP que propone la aplicación estricta de la Ley de Partidos, a la vez justifica la privación de derechos en la cárcel norteamericana. Para redondear, su color corporativo se asemeja al de mono que están obligados a llevar los reclusos. Qué coincidencia más sospechosa, pensará algún malévolo estratega socialista.
Con todo, lo más grave de las declaraciones del fiscal general es la involución que representan en materia antiterrorista. Hace diez años, cuando ETA ejecutó a Miguel Ángel Blanco, los españoles vimos claro que no había diferencia en cuanto a responsabilidad entre quienes mataban y quienes justificaban las muertes. Hoy, «algunas personas» vuelven a enmarañar lo simple. No se trata de que ciento cincuenta mil ciudadanos se queden sin opción a la que votar. Se trata de que quien comete un delito de asesinato se quede sin ciento cincuenta mil cómplices.
