El problema no es el CAC

Una de las víctimas inmediatas de la voracidad controladora del régimen instaurado en Cataluña es el tan traído y llevado Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), convertido ya en representación simbólica de todas las perversiones o bondades, dependiendo del bando elegido, del sistema que se trata de apuntalar o de derribar.  ElCAC es para unos el demonio antenicida que ambiciona el máximo control sobre los medios audiovisuales en el territorio catalán, mientras que para otros representa el instrumento que permitirá a Cataluña avanzar en el proceso de construcción de su particular sistema audiovisual.   Pero ni una cosa, ni la otra. Aprovechar el río revuelto catalán para cargarse el Consejo Audiovisual de Madrid, como acaba de hacer Esperanza Aguirre, es un gesto vacío que contradice el programa electoral del PP y que suscita más preguntas que respuestas.   El problema no es el CAC, ni el CAM, ni el CAN ni comoquiera que se llame cada uno de los “consejitos” que empiezan a aflorar en cada una de las autonomías. Ni tampoco el problema es el futuro Consejo Audiovisual de ámbito estatal, sino las funciones, competencias y composición que se definan para este tipo de organismos. Si desaparece el CAC pero las funciones que le atribuye una ley controladora, restrictiva y liberticida, son reabsorbidas por un organismo ministerial o dependencia de la Generalitat, como sucede ahora, no sólo no se habrá ganado una batalla, sino que se habrá perdido la guerra.   Esperanza Aguirre lo sabe y por eso no debería dar más munición a la oposición cuando ésta le reprocha que su objetivo no es tanto el ampliar libertades por la vía de suprimir organismos potencialmente cercenadores de las mismas, cuanto eliminar cualquier posibilidad de control sobre las decisiones de su administración en materia de licencias de radio y televisión.   Por otra parte, cabe atribuir a la presidenta de la Comunidad de Madrid la virtud de no querer contribuir a la torre de babel en que se está convirtiendo nuestro sistema audiovisual, con regulaciones dispersas y fraccionadas por Comunidades Autónomas.   El verdadero problema, de hecho, es doble. No se trata tan sólo de lo que hacen el CAC y sus imitadores, sino de entender por qué estamos llegando a esta dispersión que amenaza la evolución de nuestro sistema audiovisual común. En lo audiovisual, como en el resto de los ámbitos de competencias, si el Estado se retira o no actúa, entran los mini-estados a ocupar territorio. El problema, por tanto, no es sólo si existe el CAC y a qué se dedica, sino por qué no existe todavía un Consejo Audiovisual estatal, o equivalente,y a qué se va a dedicar cuando nada le quede.