Seis días de negociaciones al límite

Así se desbloqueó el acuerdo Gobierno-PNV por los Presupuestos

Una llamada de Rajoy a Ortuzar fue clave. Los gabinetes de Montoro y Azpiazu negociaron en secreto. 300 millones de euros han sido determinantes

Pedro Azpiazu y Cristóbal Montoro sellan el pacto de Presupuestos.
Pedro Azpiazu y Cristóbal Montoro sellan el pacto de Presupuestos.

El Gobierno ha logrado in extremis el apoyo del PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2017. Todo ello, gracias a unas semanas de intensas negociaciones en las que los nacionalistas vascos han apretado hasta el final al Ejecutivo. Las exigencias de los vascos parecían insalvables, pero unas llamadas entre Rajoy y Ortuzar desbloquearon la situación.

Según explican a El Confidencial Digital fuentes conocedoras de la negociación, hasta el jueves de la semana pasada “todo parecía paralizado”. Las nuevas exigencias del PNV, que en los días previos había planteado por sorpresa la necesidad de fijar el cálculo del cupo para los próximos años usando siempre los mismos conceptos, habían complicado mucho el acuerdo.

La llamada de urgencia de Rajoy a Ortúzar

La disposición de ambas partes para lograr un pacto era buena, pero el calendario marcaba el viernes como fecha límite para llegar a un “punto intermedio” que no se lograba. Fue entonces cuando Mariano Rajoy, recién llegado de su viaje a Brasil, decidió tomar la iniciativa y escuchar, de primera mano, qué quería el PNV.

El presidente del Gobierno, explican a ECD personas bien situadas en Moncloa, telefoneó personalmente al líder del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, para transmitir que el Ejecutivo estaba dispuesto a hacer un último esfuerzo por lograr su apoyo en la votación de los Presupuestos.

Ese contacto se produjo el jueves, y en él, ya hubo avances significativos. Rajoy, explican las fuentes consultadas, se mostró abierto a rebajar el cálculo del cupo para 2017 y también atender a la petición de los nacionalistas de fijar unos parámetros estables para los próximos años.

Gestiones de los equipos de Montoro y Azpiazu

La llamada, afirman las fuentes consultadas, evitó que el PNV presentara una enmienda a la totalidad en la mañana siguiente. Ese gesto, añaden, “no era definitivo porque se podía seguir negociando, pero hubiese dificultado aún más las cosas”. No obstante, aún quedaba lo más importante: sellar un acuerdo antes del pleno de ayer miércoles.

Para lograr dicho objetivo, los gabinetes de Cristóbal Montoro y su homólogo en el País Vasco, Pedro Azpiazu, estuvieron en contacto durante el puente de mayo, con “grandes avances en las negociaciones” el pasado lunes.

El martes 2, a pesar de ser fiesta en Madrid, la cúpula del Ministerio de Hacienda trabajó a contrarreloj para sellar un acuerdo con el Gobierno Vasco que se concretó, definitivamente, ayer miércoles. De hecho, Rajoy lo selló hablando a primera hora de la mañana con el lehendakari Íñigo Urkullu y, a mediodía, con el presidente del PNV Andoni Ortuzar.

300 millones de rebaja para los próximos años

En esas conversaciones finales, el Gobierno central se vio obligado a cumplir con las exigencias del PNV y aceptar un pago por la liquidación de cupos anteriores de 1.400 millones de euros. Además, tuvo que rebajar también sus pretensiones sobre el abono, por parte de Euskadi, del cupo perteneciente a 2017.

Así, Moncloa y Hacienda reclamaban 1.200 millones para el presente ejercicio, y finalmente el ejecutivo de Íñigo Urkullu solo tendrá que pagar 956. El cálculo se ha establecido reduciendo 344 millones de los 1.300 de base fijada por el Gobierno, en base a las políticas activas de empleo que ya se ofrecen en el País Vasco.

 

De esta forma, y a falta de aprobar una nueva Ley Quinquenal sobre el cupo para los próximos años, en los que se establezcan conceptos de cálculo del pago fijos, el Gobierno Vasco ha logrado que, de cara a los siguientes ejercicios, la cantidad inicial a pagar no llegue a los mil millones. Un logro del que se felicitan en la administración de Urkullu.

Desde el equipo del lehendakari se recuerda, además, que la citada ley es de lectura única y, por tanto, no será sometida a posibles enmiendas de los grupos parlamentarios. El objetivo, por tanto, es que PSOE o Ciudadanos la apoyen y salga adelante. De no lograrlo, “ya tenemos una base fija de 956 millones, que era nuestro objetivo”.


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