El fiscal del Supremo vio terrorismo en Puigdemont por Tsunami y cambió de criterio tras reunirse con el fiscal general

El fiscal del Tribunal Supremo (TS) Álvaro Redondo ha emitido un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a Carles Puigdemont por terrorismo, contestando así a la exposición razonada que envió al TS el juez de la Audiencia Nacional que instruye ‘Tsunami Democràtic’, Manuel García Castellón, para que imputara al ex presidente catalán por estos delitos.

Según ha avanzado ‘El Confidencial’ y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, Redondo sigue la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que recurrió el paso dado por el juez instructor al considerar que no existían indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y que los hechos no eran constitutivos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves.

Sin embargo, las mismas fuentes explican que el informe aún no es definitivo porque debe someterse al examen de la junta de fiscales de lo penal del TS.

Además, resalta que el informe actual es incoherente con el primero. En el primero del fiscal Redondo, 63 páginas, vio terrorismo e indicios contra Puigdemont. En el segundo informe, 68 páginas, pide inadmitir la exposición razonada.

La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo estudiará el martes los indicios que obran en la causa de Tsunami Democràtic contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, remitió el pasado mes de noviembre al Alto Tribunal una exposición razonada contra el líder de Junts quien, en su condición de europarlamentario, se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Supremo.

Según informan fuentes fiscales al periódico el Mundo, el fiscal encargado de redactar el informe es Álvaro Redondo quien, en un primer momento, apreció indicios de terrorismo contra Puigdemont y apoyó la competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para abrirle causa y, posteriormente, tras despachar con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de criterio señalando que los hechos descritos por el juez Manuel García Castellón no pueden considerarse como delitos de terrorismo y que debe, por lo tanto, rechazarse la citada exposición razonada.

De hecho, las distintas fuentes fiscales informantes indican que Redondo ha redactado en los últimos días dos informes sobre Puigdemont: el primero, un extenso documento favorable a abrirle causa al aforado y donde se reconocía la competencia de la Sala Segunda para investigarlo por terrorismo y, el segundo, enviado a todos los fiscales de la Junta, donde dice lo contrario e insta al Supremo a inadmitir la exposición del instructor de Tsunami.

26 DE ENERO: PRIMER INFORME

En el primero de los informes, fechado el pasado 26 de enero, de 63 folios de extensión, y firmado por el fiscal Álvaro Redondo, se sostiene que «la participación de Puigdemont en las conductas consistentes en realizar actos que afectaron a dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, puede considerarse, al menos en este momento procesal, como ilícito penal, y concretamente como delito de terrorismo». En el citado informe, que obra en poder de EL MUNDO, el fiscal solicitaba al Supremo que abriera causa contra Puigdemont pero no sobre el diputado de ERC, Ruben Wagensberg.

El pasado martes, tras haber despachado previamente con García Ortiz, Álvaro Redondo acudió a la Junta de fiscales donde se aludió a su informe sobre Puigdemont. En la reunión con sus compañeros de Penal, Redondo guardó silencio mientras se alababa su primer informe -donde vio indicios contra Puigdemont- y sólo al término de la misma comentó a alguno de los fiscales en privado que lo había pensado mejor y que no apreciaba ahora que hubiera indicios de delitos de terrorismo. El fiscal no dio explicación alguna sobre su radical cambio de criterio mientras fuentes fiscales apuntan a esa reunión con García Ortiz como origen del giro.

Distintas fuentes de la Junta consultadas por este periódico explican que el cambio de parecer de este fiscal de corte conservador generó sorpresa entre algunos de sus compañeros, conocedores de que existía un primer informe, muy elaborado, donde sí apoyaba abrir causa en el Supremo al ex presidente catalán por terrorismo.

30 DE ENERO: SEGUNDO INFORME

A última hora de la mañana del martes 30 de enero, el segundo informe -donde se rechaza investigar al líder de Junts- fue enviado a los fiscales que integran la Junta, acompañado de la exposición razonada de García Castellón. Las distintas fuentes consultadas indican que este segundo documento -de 68 páginas de extensión- se apoya en que en la causa de Tsunami Democràtic no se produjeron delitos graves como, por ejemplo, detenciones ilegales para descartar así los indicios terroristas.

El debate que tendrá lugar este martes entre fiscales del Supremo será intenso ya que distintos miembros de la Junta consultados por este periódico consideran que los hechos descritos por García Castellón sí tienen encaje penal como delitos de terrorismo. El método de trabajo dentro de la Fiscalía del Tribunal Supremo es el siguiente. Los fiscales de Penal llevan cada martes a la Junta los distintos asuntos para su análisis y estudio y el criterio que se establece sobre los mismos es el que, por mayoría, acuerda los miembros de la misma. Si el sentido del dictamen del fiscal ponente no es coincidente con el de la mayoría de sus compañeros hay dos opciones: o rehace su informe y lo adapta al criterio de la Junta o el mismo lo asume otro fiscal. No obstante, en la inmensa mayoría de casos los fiscales adoptan el criterio de la Junta sin mayores problemas.

García Ortiz ha transmitido en privado en los últimos días que el criterio sobre la causa de Tsunami ya ha sido formado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, rigiendo dentro del Ministerio Fiscal el principio de unidad de actuación, indican fuentes fiscales. De hecho, el departamento que dirige Jesús Alonso se ha mostrado en las últimas semanas muy beligerante con el juez García Castellón, al que ha llegado a acusar de enviar los indicios contra el fugado al Supremo de forma «totalmente injustificada». El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, ha señalado el «nulo» avance de la investigación respecto de Puigdemont.

En el Supremo, en tanto, afirman que el dictamen de un órgano inferior, como es la Audiencia, «no vincula en absoluto a los fiscales del Alto Tribunal».

El sumario de Tsunami Democràtic fue incoado en la Audiencia Nacional -y no en los juzgados de Barcelona- precisamente por los delitos de terrorismo. El pasado verano, antes de las elecciones generales que dejaron el futuro de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en manos de Carles Puigdemont, la Fiscalía de la Audiencia, con el visto bueno del fiscal jefe Alonso, emitió un informe donde recalcó que existían «multitud de indicios de solidez incuestionable» sobre la comisión de un delito de terrorismo por parte de Tsunami. Ese informe fue firmado por el fiscal Joaquín González-Herrero en sustitución de Carballo que se encontraba vacaciones.

Tres días después de las elecciones generales, y después de que el juzgado de García Castellón se negara a dejar sin efecto el escrito de González-Herrero tal y como pidió Jesús Alonso, el fiscal jefe de la Audiencia emitió un segundo informe donde adujo que la calificación por terrorismo se debió «a un traslado erróneo efectuado por este Ministerio». En medio, en la Audiencia se escuchó un sonoro «me estoy jugando el puesto» de Alonso.

En su exposición razonada, el magistrado García Castellón explica que es necesario practicar una serie de diligencias que no puede acordar él mismo por estar aforados ante el TS tanto Puigdemont como el diputado del Parlament Ruben Wagensberg y que, por esa razón, remite la causa a la Sala Segunda que preside Manuel Marchena.

El instructor situó al prófugo en el vértice de Tsunami Democràtic, resaltando su «posición de autoridad incuestionable» como ex president y «líder desde Bruselas» del movimiento independentista. El magistrado defiende que los hechos que tuvieron lugar en Cataluña en octubre de 2019 -tras la notificación de la sentencia del procés- fueron «actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea».

En cualquier caso, el dictamen que emita el fiscal del Supremo no es vinculante. A esta circunstancia se suma que la asociación Dignidad y Justicia y los policías que resultaron heridos en Barcelona en aquellos días de octubre de 2019 han solicitado al Alto Tribunal ser parte en el procedimiento.

La última palabra sobre si se debe investigar o no a Puigdemont corresponderá a la Sala de Admisiones de causas especiales del Supremo. El tribunal estará compuesto por los jueces Marchena (presidente), Julián Sánchez Melgar, Carmen Lamela, Eduardo de Porres y Juan Ramón Berdugo (ponente).