Nuevo frente judicial para Puigdemont. Abren investigación por 'traición' por vínculos con el Kremlin

Dice el juez que necesita al menos seis meses más para investigar la ayuda militar -10.000 soldados- y económica -200 o 300 millones de euros- que los colaboradores más cercanos de Carles Puigdemont supuestamente negociaron con el régimen de Putin para llevar a cabo su ansiada república catalana.

Sostiene el juez que investiga este asunto en Barcelona que Víctor Terradellas, detenido en 2018, llegó a viajar a Moscú en varias ocasiones para negociar estas ayudas, unos encuentros que supuestamente continuaron después de la declaración de independencia con Josep Lluis Alay, otro estrecho colaborador de Puigdemont.

El juez necesita más tiempo. También para investigar los encuentros en el Palacio de la Generalitat entre supuestos miembros de la inteligencia rusa y Elsa Artadi, exconseller de Puigdemont.  De momento, los delitos que se investigan en esta causa son de carácter económico. Pero todo está abierto y podría complicar la amnistía de Puigdemont si el juez finalmente entiende que existió un delito de traición en este entramado ruso.

El magistrado Joaquín Aguirre apunta, sin citarle, a Puigdemont, como superior de dos de sus subordinados que tejieron vínculos con el Kremlin.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el juez Joaquín Aguirre, ha abierto un nuevo "agujero" en la Ley de Amnistía.

Con esta palabra califican fuentes oficiales de Junts el último auto del magistrado que investiga el caso Volhov, firmado el pasado viernes y conocido este lunes.

En él, Aguirre prorroga la causa seis meses e insinúa una inminente imputación de Carles Puigdemont por un supuesto delito de traición.

Tras exponer que, "de manera inequívoca", el abogado de este último, Gonzalo Boye, se reunió con "altos dirigentes del Kremlin" —los nexos de la Generalitat con Rusia son uno de los extremos investigados en el caso Volhov—, el juez apunta indirectamente al expresidente catalán.

"Debe tenerse en cuenta que los contactos con altas instancias del Kremlin se llevaron a cabo tanto antes de la supuesta declaración de independencia como después de ella", expone Aguirre.

"Si los contactos [con Rusia] existieron antes y después de octubre de 2017, puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Víctor Terradellas [antiguo responsable de relaciones internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña] y Josep Lluís Alay [jefe de la oficina de Carles Puigdemont], por encima de ellos, y que permitiría tales contactos entre (...) Junts y el Kremlin", señala Joaquín Aguirre.

De esta forma, el juez apunta, veladamente, a Puigdemont, nexo común entre las dos personas citadas. Además, en su auto conocido este lunes, desvela otros indicios que conectan al entorno del expresident con las más altas esferas de poder en Rusia.

También sin mencionarlo explícitamente, el juez apunta a un posible delito de traición... el mismo delito que Junts exige al PSOE que sea incluido en la Ley de Amnistía. Y los independentistas pretenden que los socialistas se muestren a favor de ello este martes, durante el Pleno en el que se votará la proposición de Ley de Amnistía en el Congreso.

En resumen: los independentistas pretenden que la traición al Estado no sea una excepción, sino que también esté incluido en la norma que amnistíe los delitos vinculados al procés. Tal y como revelaron fuentes de Junts a este diario, esta pretensión deriva, precisamente, del temor de que el juez Aguirre atribuyese este delito a Puigdemont en el marco del caso Volhov.

Socialistas y posconvergentes mantienen una negociación de última hora y estos últimos dan por hecho que puede alargarse "hasta este mismo martes por la mañana", minutos antes de que la Ley de Amnistía se vote en el Pleno del Congreso.

En esa misma enmienda, el partido de derecha independentista plantea que sean amnistiables "todos los delitos de terrorismo" y los de "traición, contra la paz y la independencia del Estado". Y el PSOE sólo puede aceptarla completa o rechazarla de plano, arriesgando que Junts decida no votar a favor de la ley y ésta decaiga.

Precisamente, en otra causa judicial, el caso Tsunami Democràtic, instruido en la Audiencia Nacional, Puigdemont está siendo investigado por un posible delito de terrorismo.

La dirección de Junts reconoce que se está librando "una partida de ajedrez entre el Poder Legislativo y el Judicial" durante la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de Amnistía. El partido de Puigdemont atribuye a lo que llama "la cúpula judicial del Estado" una persecución política continuada que, hoy, se traduce en autos ad hoc para limitar la efectividad de la ley.

En el auto fechado este viernes, el juez Aguirre amplió periodo de instrucción del llamado caso Volhov, en el que investiga la trama rusa del procés. Y además de justificarlo en "la extrema complejidad de la causa" y "las diligencias pendientes", insinuaba más imputaciones. Y no sólo la de Puigdemont. Al menos, dos más.

Por un lado, la del abogado Gonzalo Boye, defensor del expresidente fugado en Waterloo, y al entonces director de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, a los que señala como las personas que viajaron a Moscú para reunirse con "los más altos capos de la mafia rusa" y, posiblemente, "también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin".

Este viaje de Boye y Alay, explica el juez en su auto, tuvo como objetivo el de impulsar una operación de "para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea" mediante el apoyo del régimen de Vladímir Putin a la independencia de Cataluña. Por eso, Aguirre estima que "resulta procesalmente necesario que alguna fuerza de seguridad del Estado o este mismo magistrado compruebe la veracidad de tales datos".

Y por otro, citar a declarar al propio líder de Junts, a quien señala como nexo en esta operativa.

Textualmente, el juez asume que "si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017 puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay, por encima de ellos, que permitiría tales contactos entre dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya —ahora, Junts per Cat— y el Kremlin".

Es decir, que si tras la salida de Víctor Terradellas de la supuesta trama —por su detención en la operación Estela, relativa a la obtención fraudulenta de subvenciones públicas— fue Alay quien tomó su puesto, esa persona que se mantuvo como superior a ambos durante el procés independentista no podría ser otro que el entonces president de la Generalitat de Cataluña.

Y a esta persona, que habría buscado el apoyo de otro país (Rusia) en su supuesta operación secesionista —el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia—, sólo cabría citarle, de hacerlo, por un posible delito de traición.

El artículo 583 del Código Penal contempla los siguientes castigos: "Será castigado con la pena de prisión de doce a veinte años el español que tome las armas contra la Patria bajo banderas enemigas. Se impondrá la pena superior en grado al que obre como jefe o promotor, o tenga algún mando, o esté constituido en autoridad".

Esa figura penal encajaría, según las fuentes consultadas, con el relato que el juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona incluye en su auto.

Tal y como se lee en el auto del juez Aguirre, Puigdemont se reunió el 26 de octubre de 2017 —un día antes de la declaración unilateral de independencia— con dos ciudadanos rusos. También, con uno catalán que ejerció de traductor, con el citado Terradellas, y Elsa Artadi (entonces, coordinadora de las consellerias del Gobierno catalán).

La cita tuvo lugar en el Casal del Canonges, su residencia oficial como presidente de la Generalitat. Y en aquella cita, el enviado del Kremlin Nicolay Sadovnikov ofreció "varios miles de soldados y de millones de dólares a cambio de que una Cataluña independiente fuera una Suiza de las criptomonedas".