Martes 26/09/2017. Actualizado 13:37h

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Dinero

El fallo no será recurrible

Lo que faltaba: multa de 3.000 millones a España por el pago a proveedores

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ultima una sentencia contra el Gobierno por haber exigido a quienes cobraron con retraso de la Administración la renuncia a los intereses de demora

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España se enfrenta a un nuevo varapalo presupuestario por parte de la UE. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo va a fallar en los próximos días contra la decisión del Gobierno de Rajoy de no pagar los intereses de demora de los planes de pago a proveedores que puso en marcha en la anterior legislatura.

Rajoy, a la llegada de un Consejo Europeo. Rajoy, a la llegada de un Consejo Europeo.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por abogados conocedores del proceso, la sentencia supondrá un duro varapalo al Gobierno porque tendrá que afrontar elpago de casi 3.000 millones de euros para devolver esos intereses de demora.

El pago de esos intereses va a causar en este momento un terremoto en las cuentas públicas. Bruselas ha exigido ya entre 8.000 millones y 10.000 millones de recorte presupuestario a España a cambio de flexibilizar el objetivo de déficit. Un ajuste que corresponderá ejecutar al nuevo Gobierno que surja de las elecciones del 26 de junio.

Hacienda pagó las facturas sin intereses

Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda abonó a las empresas, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, las facturas que les adeudaban hasta entonces las autonomías y los ayuntamientos, por valor de 41.814 millones de euros. Pero lo hizo a cambio de que los proveedores renunciaran a los intereses de demora que les correspondían.

Muchas pymes reclamaron de manera individual. Las sentencias que se han fallado hasta ahora les han sido favorables. Esta circunstancia resulta relevante, ya que es necesario que haya denuncias en el país de origen para recurrir ante la Comisión Europea.

El Juzgado contencioso administrativo 6 de Murcia no se atrevió a concluir sobre un caso sin antes emitir una consulta a Bruselas. Por ello, emitió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, que es la que se resolverá en los próximos días.

La decisión sentará jurisprudencia

Las fuentes conocedoras del proceso explican a ECD que la Comisión Europea ha advertido de que la contestación sobre la consulta será vinculante y sentará jurisprudencia. Un escenario que propiciará después un aluvión de demandas de pymes en los juzgados de toda España para recuperar el dinero.

Si una labor de lobby del Gobierno no lo remedia, Hacienda estará obligada a asumir el pago de hasta 3.000 millones, según explican fuentes del sector.

Mientras tanto, España trata de evitar a toda costa una multa de Bruselas por incumplir el déficit por noveno año consecutivo. Rajoy envió este fin de semana una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El presidente en funciones le pide quetenga en cuenta la situación política y evite que España estrene las multastras el duro ajuste que ha aplicado en los últimos años.

3.000 millones en intereses de demora

Los intereses de demora ascienden al 8% anual, más el tipo de interés del BCE. De esta manera, por los 27.000 millones que abonó Hacienda a los proveedores en 2012 se deberían pagar ahora algo más de 870 millones en intereses, ya que el plazo medio de pago de las facturas públicas era entonces de 165 días (135 el de demora, al descontar los 30 días del periodo legal). Por los 6.509 millones satisfechos en 2013 se deberían liquidar unos intereses de más de 735 millones. Y por los 8.002 millones pagados a los proveedores en 2014 se habrían devengado intereses por más de 570 millones. Esto arroja una cifra final de más de 2.175 millones.

Pero, según Hacienda, la antigüedad media de las facturas se sitúa, en el conjunto de las fases del mecanismo en 326,53 días. Esto eleva la factura total, tomando un interés de demora medio del 8,5%, a los 2.887 millones.

Este montante resultaría de que todas las empresas que se beneficiaron del programa de pago a proveedores reclamaran sus intereses de demora y se les devolvieran en su integridad, contabilizando el plazo total desde que se giró la factura hasta que se les ingresó el dinero.

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