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Política

El PP debate la reformulación de su mensaje Pro-Vida: especial atención a las embarazadas, efectos secundarios, violencia machista

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El descubrimiento del flagrante incumplimiento de la legislación por parte de las clínicas abortistas ha reavivado el debate sobre el aborto desde la sociedad civil hasta los platós televisivos y –también- en el seno del PP y en las Cortes Generales.

En el Partido Popular, la cuestión del aborto ofrece una perspectiva no poco paradójica: el partido en sí no propone de momento una reforma más restrictiva de la ley mientras parecen ser mayoría los diputados y senadores que, a título individual, son antiabortistas y, más aún, creen que su partido es el único en disposición de ofrecer una auténtica política en pro de la familia, al tiempo que consideran que esa es una demanda social de pungente realidad.

En este sentido, ha habido iniciativas legislativas populares encaminadas a una mayor protección de las embarazadas, desestimadas en el Congreso; del mismo modo, entre las ideas recogidas en la precampaña electoral cobra fuerza la creación de un ministerio exclusivamente dedicado a la familia.

La propia cuestión del aborto ha vuelto a suscitarse, tanto dentro del Grupo Popular en el Congreso como en las propias sesiones del Congreso, antes del cierre de la legislatura. Así, Lourdes Méndez, diputada por Murcia, planteó el tema desde una perspectiva no poco novedosa, con ánimo tanto de incidir en el resto de grupos representados como de fortalecer la corriente pro-familia en el PP, mayoritaria pero aún silente. El argumentario ofrece una vuelta de tuerca a los tradicionales postulados en defensa del no nacido:

-- En el aborto hay siempre dos víctimas, el niño y la mujer. En efecto, aduciendo estudios científicos reconocidos incluso por la ONU, la mujer que aborta sufre riesgos muy severos de padecer problemas psicológicos graves o dependencias de sustancias. Al mismo tiempo, la intervención del aborto es más arriesgada para la salud de la mujer que la continuidad del embarazo. En todo caso, ‘es más fácil sacar al niño del útero de la mujer que sacarlo de su pensamiento’.

-- No se puede convertir en un derecho un delito –la muerte del niño.

-- Las cifras impresionantes de abortos hablan de un fracaso social en la atención a las embarazadas y en la labor de información por parte del Estado. La libertad de decisión de la mujer es ficticia. El PSOE, por ejemplo, no ha votado a favor de las propuestas populares para una mayor protección e información a las embarazadas, cuando nada menos que el ochenta por ciento de los abortos vienen originados por presiones externas a la propia mujer que aborta.

Méndez, con fama de buena gestora por sus años al frente de la Consejería de Trabajo de la Región de Murcia, no sólo recogió el apoyo de diputados tradicionalmente a favor de estas tesis –de Eugenio Nasarre a Alberto Fernández-Díaz- sino de la práctica totalidad de los integrantes de las bancadas populares, distendidos al final del curso político.

Un movimiento que viene a coincidir con el sentir que desde hace meses se escucha entre los escaños del PP: que los temas de vida y familia se les han ido de las manos, tanto al Gobierno como a ellos, y que es una causa con resonancia social, como se ha visto en fecha reciente, y que sólo el PP puede defender con credibilidad.

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