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La ONG Save the Children, el presidente José Miguel Contreras, los castigos físicos en la familia y una ley educativa “progresista”

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A mediados de la semana pasada, una noticia de Sociedad acaparó la atención de la prensa, la radio y la televisión. “Casi el 60% de los españoles cree necesario pegar a los hijos”, decía el titular, entresacado de un estudio presentado por la ONG Save the Children. Según informaciones recogidas por El Confidencial Digital, el planteamiento de este trabajo (y el perfil biográfico de sus impulsores) no es nada inocente.

A mediados de la semana pasada, una noticia de Sociedad acaparó la atención de la prensa, la radio y la televisión. “Casi el 60% de los españoles cree necesario pegar a los hijos”, decía el titular, entresacado de un estudio presentado por la ONG Save the Children. Según informaciones recogidas por El Confidencial Digital, el planteamiento de este trabajo (y el perfil biográfico de sus impulsores) no es nada inocente. El trabajo mencionado mezclaba, en primer lugar, dos realidades bien distintas: los abusos a la infancia a mano de adultos desalmados, mediante el castigo físico y psicológico, y los modos educativos que las familias españolas emplean libremente en sus hogares. La ONG ha contabilizado hasta 35 maneras de castigo de las que 21, dicen, se emplean en todos los rincones del planeta. La bofetada, el azote, el golpe en la cabeza, los tirones de pelo o las humillaciones “son algunas de las ‘formas de violencia’ inherentes a todas las culturas”, explican. En algunas radios nacionales, como la Cadena SER, la reseña informativa apareció aderezada con comentarios elocuentes, del tipo “estas cifras nos sitúan junto a los países en vías de desarrollo” y planteamientos similares. Alusiones dirigidas a subrayar una idea, expresada inequívocamente por el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades: “Mientras que agredir a un adulto se considera un delito, hacerlo con los niños y niñas se toma como un derecho de los padres”. Efectivamente, la presentación del informe ha ido acompañada de una petición de gran relevancia, formulada por Pepa Hornos, autora del estudio de Save the Children: debe modificarse el artículo 154 del Código Civil para acabar con una filosofía “que todavía legitima el castigo físico”; la norma debe recoger, por tanto, la prohibición expresa de usar el castigo físico o dañar la dignidad del menor. Lo que Save the Children acaba de poner sobre la mesa, gracias al eco de los medios, es una idea que ya se votó en Suecia en 1979 y se convirtió en una ley de las familias de carácter “progresista”, parcialmente replicada más tarde en Finlandia (1984), Noruega (1987), Dinamarca (1997) y, finalmente, Alemania (2000). Se trata de un decreto que prohíbe, en efecto, cualquier castigo físico al menor, una bofetada o un par de cachetes. Según la ley sueca, no se pueden imponer reprimendas, ni actos humillantes a un niño. Algunas asociaciones de padres pusieron el grito en el cielo en su día, denunciando la quiebra por parte del Estado del último bastión de los ciudadanos, su irrupción directa en la vida privada y en la intimidad de la familia. No se criticaba, como es lógico, la persecución de los criminales que abusan de sus hijos sino a una Administración Pública sin límites en su poder, que se proponía como “padre” y educador universal al considerar el núcleo familiar un entorno por definición peligroso y dañino para los menores. Ahora, el “desembarco” mediático de Save the Children en España con unas demandas muy en sintonía con lo descrito ha hecho saltar la alarma en algunos sectores de la sociedad. El perfil biográfico del presidente de esta ONG, José Miguel Contreras, no hace sino sembrar de interrogantes sobre el verdadero fin de esta campaña. Doctor en Periodismo con una tesis titulada “Información electoral en TV” (1988), Contreras comenzó la actividad profesional en 1978, como periodista y guionista de TVE. En 1982 se incorporó a Radio 3 de RNE, donde dirigió varios espacios, y en 1983 entró en contacto con el grupo PRISA: fue nombrado director de programas de Radio El País, cadena de la que posteriormente fue subdirector y, desde 1986, se responsabilizó de la información sobre radio y TV en el rotativo de Jesús de Polanco. A mediados de los 90, José Miguel Contreras llega al Grupo Árbol, un holding de empresas cuyo auténtico pulmón es Globomedia, la productora de televisión presidida por Emilio Aragón, y de la que Contreras es ahora consejero delegado. Esta factoría es artífice de programas como “Médico de familia”, “El Show de Flo”, “7 Vidas”, “Mis adorables vecinos”, “Casi perfectos”, “Los Serrano”, “Splunge”, el formato satírico y de crítica política “Caiga quien caiga”, o el debate televisivo “59 Segundos”. En el currículum de José Miguel Contreras hay que incluir su condición de catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. En ese mismo centro superior impartían clases hasta hace año y medio la actual directora de Radio Televisión Española, Carmen Caffarel, y su director de gabinete en Prado del Rey, Mario García de Castro. La amistad de Contreras con algunas personalidades del Partido Socialista hace que muy pocos duden de que la llegada de Caffarel y García de Castro a Prado del Rey tuvo que ver con el empresario televisivo y directivo de la fundación Save the Children. José Miguel Contreras preside, desde octubre de 2003, esta ONG que se presenta como una organización para “la defensa y promoción de los derechos de la infancia”. En el staff directivo de la corporación también figuraba, hasta hace unos meses, como miembro del patronato un destacado socialista, Miguel Ángel Barroso, actual secretario de Estado de Comunicación en La Moncloa, hombre de confianza de Rodríguez Zapatero, auténtico muñidor de las estrategias informativas del Gobierno, con muy buenas relaciones en el Grupo Prisa. Hay que recordar que el pasado año, un estudio de Save the Children, que también fue difundido ampliamente en todas las televisiones nacionales y tuvo reseñas en los principales periódicos, sirvió de apoyo a una campaña de planificación familiar. La ONG afirmaba que más de 13 millones de niñas dan a luz cada año y alrededor de 70.000 pierden la vida durante el embarazo o el parto. Entre los métodos propuestos por la institución que preside Contreras para solucionar esa tragedia se incluía la utilización de métodos anticonceptivos.