Los abogados acusan al Gobierno y al ministro de olvidarse de ellos en el Real Decreto de Justicia frente al Covid-19

Sin clientes ni juicios, los abogados son otro de los colectivos que lleva casi tres meses parado y sin percibir ingresos a causa de la pandemia. Al mismo tiempo, el trabajo de los letrados del turno de oficio ha sido “esencial” porque allí donde hubiera un detenido tenía que haber una defensa. Muchos profesionales se quejan de ser el último eslabón de Justicia y creen que su opinión ha sido “ninguneada” en las decisiones del Ministerio. 

“Este parón obligatorio nos ha hecho pensar y analizar la situación”, explica la abogada Beatriz Hernández Abreu. “Hemos estado en casa, casi abocados a la ruina”, dice José Carlos García Villegas. “En esta pandemia nos hemos sentido totalmente desprotegidos”, afirma Marta Moreta Leal. 

Al comienzo del estado de alarma, en el mes de marzo, el ministro Juan Carlos Campo creó la “Comisión de Coordinación de la Crisis del Covid-19” y en un inicio no estuvo presente ningún órgano en representación de la abogacía. En la Comisión estaban presentes los fiscales con la Fiscalía General del Estado (FGE), los magistrados con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los propios funcionarios con el Ministerio y las Comunidades Autónomas.

En las reuniones posteriores, sí se incorporó el Consejo General de la Abogacía Española. “El Ministerio en general, no cuenta para nada con nosotros, y a partir de ahí, el Consejo no se hace cargo”, dice la abogada Moreta Leal. 

La abogacía no aparece en el Real Decreto-ley

Los letrados creen que las medidas que se han tomado no tienen en cuenta sus preferencias, sus prioridades o sus posibilidades de conciliación. En el Real Decreto-ley 16/2020 aprobado por el Congreso para reactivar la Justicia, no aparece explícitamente la abogacía. 

En el texto se nombra 23 veces al “juez”, “magistrado” o “jueces”; 14 al “fiscal”, los “fiscales” o “Fiscalías” y otras 11 a los “letrados” de la Administración de Justicia. La abogacía como colectivo no aparece de ninguna manera. 

Entre las medidas, por ejemplo, la de habilitar agosto para juicios ha sido muy polémica y tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados han mostrado su rechazo. “No es por trabajar, nosotros queremos trabajar. El problema es que esto no va a solucionar un atasco prolongado”, dice García Villegas. 

El texto habla de que para garantizar el cumplimiento y la eficacia de la medida, el CGPJ, la FGE, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas coordinaran a jueces, fiscales y funcionarios para gestionar las vacaciones.“Los funcionarios hacen turnos, los magistrados hacen turnos… y nosotros si nos convocan a un juicio tenemos que ir”, dice Hernández Abreu. 

En este sentido hablan de la dificultad para conciliar y dudan de la eficacia de esta norma. “El problema es que llevamos un atasco enorme, a mí ya me están señalando procedimientos para 2021”, dice Moreta Leal. “Yo tengo procedimientos instruyéndose desde el 2003”, contesta Hernández Abreu.  

No es solo el Ministerio 

En particular, en la abogacía madrileña hay un gran malestar por cómo se han gestionado las cosas desde los órganos que les representan. El propio Colegio de Abogados de Madrid realizó un barómetro la semana pasada con una muestra de 900 profesionales. 

El 82% de los encuestados concluyó que el funcionamiento de la Justicia es “regular”, “malo” o “muy malo”. 

El Colegio de Abogados de Madrid es uno de los más grandes de Europa y cuenta con un presupuesto de más de 29 millones de euros anuales. Los colegiados se quejan de la poca cantidad que se han movilizado desde allí. “Nos han dejado prorratear la cuota del segundo trimestre, pero vamos a tener que pagarlo igual”, dice Hernández Abreu. Otros colegios, como el de Málaga, sí se han hecho cargo del pago de todas las cuotas, unos 350.000 euros.

Un grupo de abogados envió la pasada semana una carta al decano, José María Alonso Puig, para pedirle que practicara test a todos los letrados. El Colegio respondió que no podía hacerse cargo porque cada test costaba 200 euros. “Sabíamos que iban a decir que no, pero es el detalle…”, dice una abogada. 

En Poder Judicial, por ejemplo, sí accedió a hacer test serológicos a todos los magistrados y aprobó una partida de 21.000 euros para ello.