Año desolador para los juzgados: Se consolida la huelga de abogados de oficio
En algunas localidades se han suspendido más de 100 juicios. Cada día se suman más letrados porque comprueban que no están siendo castigados
- El Ministerio de Justicia rechazó la huelga
- Sin negociación
- Retención del 15 % en sus ingresos
- El Supremo y la Audiencia Nacional piden medidas al Ministerio
El 21 de noviembre empezó otra huelga indefinida en el sector de la Justicia. El Sindicato Venia Advocatorum Uno convocó a todos los abogados y procuradores de turno de oficio para reivindicar retribuciones dignas y una regulación jurídica del sector.
La portavoz del sindicato, Bella Sánchez, ha afirmado a Confidencial Digital que en algunas localidades se han suspendido más de cien juicios y que cada día se adhieren más trabajadores del turno de oficio a la huelga al ver que no hay consecuencias para ellos.
“Se están sucediendo muchas suspensiones y hay juzgados que se van a ver muy perjudicados porque están encadenando huelgas”, ha asegurado la portavoz.
Y es que, si se tiene en cuenta la huelga actual, la Administración de la Justicia soporta la tercera huelga indefinida del año. Al principio de 2023, los Letrados de la Administración de Justicia se manifestaron para pedir una subida salarial -que consiguieron-, y en verano los funcionarios pidieron lo mismo, esta vez sin éxito.
Sánchez ha explicado que la paralización de la Administración de Justicia ya se materializa en muchos juzgados, que son los principales afectados por la cadena de huelgas.
Por ejemplo, hay uno en Zaragoza que ha generado tantos atascos que ya no da abasto. “Todavía están gestionando escritos de julio. Imagina si se suspenden los juicios y se tienen que señalar para uno o dos años más”, ha contado.
Asimismo, en una providencia a la que ha tenido acceso Confidencial Digital se ha suspendido un juicio en la Audiencia Provincial de Málaga y se ha aplazado hasta julio del año que viene.
La portavoz ha destacado que en muchas ocasiones los abogados informan previamente a sus clientes de que van a suspender el juicio y hasta les dan la razón: “‘Son indignantes las condiciones que sufrís’, nos dicen”.
El Ministerio de Justicia rechazó la huelga
Antes de que comenzara la huelga indefinida, el Ministerio de Justicia anunció que legalmente no era posible llevarla a cabo.
En un oficio remitido al Consejo General de la Abogacía expresó que “los profesionales de la abogacía y de la procura que prestan servicios en el turno de oficio no tienen una relación laboral, estatutaria ni funcionarial con el Ministerio de Justicia, por lo que, en el caso de que suspendieran el ejercicio de sus funciones de asistencia jurídica gratuita, tal cesación no estaría amparada por derecho de huelga alguno y llevaría aparejadas las consecuencias disciplinarias oportunas por parte de los respectivos Colegios Profesionales”.
Sin embargo, la portavoz del Sindicato Venia ha declarado a Confidencial Digital que no necesitan ningún tipo de justificación para convocar la huelga porque “es un derecho de todos los ciudadanos de España”, como recoge la Constitución, sin obviar que la Dirección General de Trabajo ya la aprobó.
Sánchez ha aclarado que, dado que la asistencia jurídica gratuita es un servicio público, el Ministerio estaba obligado a establecer unos servicios mínimos y, en vez de eso, pidió un informe al Abogado del Estado que declaró que no tenían derecho a ponerse en huelga. Aun así, el sindicato ha recordado que la convocatoria es legal mientras no haya una sentencia que diga lo contrario, y los juzgados lo han respaldado.
“Si quieren determinar que la convocatoria no es legal, deben poner una demanda en la jurisdicción social, ante la Audiencia Nacional concretamente, y no lo han hecho”, ha explicado.
Un auto dictado por un Juzgado de Violencia sobre la mujer de Logroño ha citado, además de estas razones, que el derecho de huelga está reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “El TEDH ha vinculado el derecho de huelga a la libertad sindical y, en consecuencia, al derecho fundamental de libre asociación”, ha escrito el magistrado, al mismo tiempo que procede a suspender el juicio emplazado.
Sin negociación
Sánchez ha confirmado que en el momento todavía no se ha producido ninguna negociación con las administraciones y ha criticado que estas siempre se reúnen con el Consejo de la Abogacía Española y no con los trabajadores de a pie que, según ella, son los que prestan el servicio.
“Cuando se sienten a negociar con nosotros desde cero, hablaríamos de desconvocar la huelga”, ha aseverado.
Asimismo, la portavoz ha expresado que todo lo que se ha hecho hasta ahora está “mal” porque existe un “conflicto de intereses”.
En su opinión, cuando el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas negocian con la abogacía institucional suele ser para gestionar gastos de infraestructura como los salarios, seguros sociales o la limpieza y, al final, los colegios terminan recibiendo más cantidad de dinero de lo que se les paga a los abogados en conjunto. Al mismo tiempo, tampoco están dispuestos a pedir más financiación a los políticos para no perder la cantidad que ya reciben.
Retención del 15 % en sus ingresos
“Los colegios gestionan el servicio y reciben una subvención mientras a nosotros se nos paga una ‘indemnización’ que además tiene una retención del 15 % para el IRPF”, lamenta Sánchez, ya que su trabajo está considerado como ingresos procedentes de actividades económicas y, por tanto, deben declararlo trimestralmente y en la declaración de la renta.
A pesar de que el turno de oficio recibe sus ingresos de los fondos públicos y de que son considerados personal de la Administración de Justicia, son los colegios los que les imponen clientes que a los no pueden renunciar y horarios de trabajo. “Este servicio debería prestarlo la propia administración”, ha concluido la portavoz.
Para ejemplificar, la portavoz ha contado a Confidencial Digital que por una vista de medidas provisionales de menores en caso de divorcio o guarda y custodia de hijo no matrimonial se les paga 50 euros, de los que se les retiene el 15 %. Asimismo, los trabajadores de oficio pueden llevar casos durante dos años y terminar realizando las ejecuciones de sentencias “gratis”, así como los recursos en instrucción o de apelación, entre muchos otros trámites.
El Supremo y la Audiencia Nacional piden medidas al Ministerio
A petición del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha pactado remitir la propuesta a la Subdirección General de Programación Económica del Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia para que se tomen las medidas necesarias para “dar una pronta solución a la cuestión planteada”.
En la misma línea, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, también a raíz de la solicitud del ICAM, ha acordado dirigirse al al Ministerio de Justicia y al Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita para que solventen “las disfunciones que surgen de la falta de acomodación de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita al sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas implantado en 2010”.
