Recurso al Supremo para que investigue la quiebra de un parque temático que boicoteó el equipo de Colau
El socio mayoritario de Open Camp denuncia que Jaume Asens, Gerardo Pisarello y Eloi Badia urdieron una estrategia para que naufragara el proyecto. La Fiscalía no ve delito en los hechos descritos y pide el archivo
- Aparecía en el programa electoral
- Obstáculos
- Abrieron y cerraron seis veces
- Cambiaron el modelo de comercialización
- El juez exime de culpa a los inversores
- Querella ante el Supremo
Amenazas, extorsiones, fraude y pérdidas de decenas de millones de euros invertidos. El parque temático del deporte que abrió en el Anillo Olímpico de Barcelona, Open Camp, abrió sus puertas en 2016 y tuvo que cerrar un año después.
El promotor del proyecto y socio mayoritario, Paco Medina, ha denunciado a tres integrantes del equipo de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau: Jaume Asens , Eloi Badia y Gerardo Pisarello. Les acusa de haber urdido una estrategia para llevar a la quiebra el Open Camp, una propuesta que obtuvo el aval del Gobierno municipal de Xavier Trias y de todos los grupos parlamentarios.
Aparecía en el programa electoral
Medina sostiene que Barcelona en Comú-Podem tenía como objetivo terminar con el parque temático, como recogía su programa electoral (pág. 29).
El Open Camp aparece en el apartado que hace referencia a detener o revisar los proyectos “contrarios al bien común”. Según recoge el documento, aseguran que el parque temático, igual que otros proyectos que se mencionan, responde “al interés particular en detrimento del interés general o colectivo” y critica que se saquen “beneficios económicos de cosas públicas”.
“Muchos de estos proyectos se han llevado a cabo de manera opaca, sin participación ni un debate público informado”, concluyeron.
Obstáculos
Cuando los Comuns llegaron al poder el trató con el consistorio cambió. Con el Gobierno de Xavier Trias, la empresa pública Barcelona Serveis Municpals (BSM) acordó con los apoderados de Open Camp la cesión de las instalaciones olímpicas en un contrato de alquiler por un periodo de 230 días al año durante 5 años.
No obstante, los nuevos responsables políticos municipales iniciaron una serie de acciones para obstaculizar el proyecto, tanto antes de que se abriera al público como durante su primer y único año de vida.
Abrieron y cerraron seis veces
“En los primeros cinco meses de funcionamiento del parque, BSM obligó a Open Camp a parar, cerrar, desmontar, custodiar, volver a montar, reisntalar y volver a poner en marcha de nuevo todo un parque temático 6 veces distintas”, se denuncia en la querlla. Se trataba de eventos que no respondían a ninguna necesidad institucional”, como se exigía por contrato, de manera que Medina lo califica de otro abuso por parte de la institución pública.
“Lo que hacían era abusar del poder que tenían respecto a la interpretación del contrato como instrumento para causar el mal que ellos habían dicho que causarían”, sostiene el empresario.
Cambiaron el modelo de comercialización
Entre todas ellas, el principal motivo que llevó a quiebra del proyecto fue el cambio del modelo comercial.
A la base se había fijado la entrada al parque por un precio de 28 euros que permitía el acceso ilimitado durante todo el día en todas las instalaciones del parque. No obstante, las autoridades municipales impusieron un gravamen para permitir la circulación gratuita por la parte más significativa del Open Camp, que rebajó la entrada a 5 euros.
Este hecho provocó se recaudara solamente un 9 % de los ingresos previstos durante el mes de agosto, uno que iba a ser clave, pues se trataba de un proyecto dirigido, en parte, a turistas.
El juez exime de culpa a los inversores
Al entrar en números rojos, el juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona investigó la empresa del parque temático y concluyó que fue “fortuita” su quiebra, eximiendo a su vez de cualquier responsabilidad a los Administradores de la empresa.
Como se recoge en la querella, el Administrador Concursal presentó un informe que exponía lo siguiente: “La Administración Concursal concluye que en el presente caso no se cumplen los presupuestos (…) dado que la conducta del Órgano de Administración y los apoderados de Open Camp SL no puede considerarse como la causante de la situación, sino que en la misma han intervenido diversas causas exógenas en las que han intervenido distintas personas jurídicas o físicas”.
Para Medina, los culpables están claros: la cúpula de mando del Ayuntamiento de Barcelona que durante un año estuvieron presionándoles.
Querella ante el Supremo
El fallo del titular del juzgado de lo mercantil dejó la puerta abierta a que Medina, como el mayor damnificado del proyecto, acudiera a la vía penal para investigar los hechos.
Al querellarse contra diputados, quienes tienen la condición de aforados, el empresario pudo acudir directamente al Tribunal Supremo. Sin embargo, la Fiscalía interesó el archivo de la causa y el alto tribunal coincidió. No vieron delitos penales, sino civiles.
Aun así, Medina ha presentado un recurso de súplica para volver a pedir que revisen su caso y que se investiguen los hechos. “Por lo menos que vayamos a juicio y puedan tomar declaración a los investigados y a los testigos”, reclama el empresario.
“La fiscalía está obligada a abrir diligencias, sino está cometiendo arbitrariedades”, defiende.
La semana pasada, el Ministerio Público, en respuesta al recurso, reiteró que los hechos “no tienen relevancia penal para que pueda ser admitida su querella” y pide al magistrado del Supremo que la desestime. El alto tribunal tendrá la última palabra.
En caso de que se desestime de igual manera, el empresario pide que se abra la pieza de responsabilidad civil, aunque no tiene claro si podrá aguantar el proceso de desgaste en los tribunales. “Estamos arruinados”, lamenta.
